“Las grandes compañías no están por fuera de la ley”: abogados de víctimas de Chiquita Brands

Marissa Vahlsing, directora de ‘Transnational Legal Strategy’ de EarthRights International, explicó el alcance y el significado del fallo contra Chiquita Brands en Estados Unidos.

Este lunes, un jurado ese país halló responsable a la bananera de financiar a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y le ordenó indemnizar a los familiares de ocho víctimas de ese grupo paramilitar, informó este lunes una oenegé cercana al proceso.

“Eran socios de crimen”, aseguró Vahlsing sobre lo que determinó la justicia de ese país sobre la relación de la compañía con los paramilitares. También explicó que hubo testimonios contundentes sobre el papel que tuvo Chiquita en la llegada de drogas a los Estados Unidos. La compañía argumentó que lo habían hecho como resultado de una extorsión del grupo armado, pero la justicia no encontró justificada esa tesis.

“Es la primera vez que un jurado de Estados Unidos impone una condena de esta magnitud por violaciones de derechos humanos en otro país”, explicó la organización que representó a las víctimas.

Marco Simons, consejero general de EarthRights, reveló algunos detalles del caso. Por ejemplo, hubo 60 testigos, de los cuales 20 eran ex empleados de Chiquita. Simons saludó el veredicto como “un poderoso mensaje a las empresas de todo el mundo: beneficiarse de abusos contra los derechos humanos no quedará impune”.

Simons también alabó la valentía de las familias que se impusieron a una gran empresa estadounidense en el proceso judicial y rechazó la posición de Chiquita que, durante el juicio, aseguró que no tuvo otra opción en su actuar en Colombia.

“Tras 17 años de litigio, victoria monumental de las víctimas de la violencia paramilitar en Colombia. (...) El primer grupo de víctimas y sus familias han obtenido por fin justicia”, agregó en un comunicado EarthRights, que ayudó a preparar el caso.

En su decisión, el jurado convocado por un tribunal federal de Florida concedió una indemnización de 38,3 millones de dólares a los familiares de las ocho víctimas, en su mayoría sus esposos e hijos perseguidos y asesinados por las AUC.

“Nuestros clientes arriesgaron sus vidas al presentarse para pedir cuentas a Chiquita, depositando su fe en el sistema de justicia de Estados Unidos”, declaró Agnieszka Fryszman, una de las abogadas que llevan el caso.

El gigante bananero estadounidense había confesado en 2017 ante tribunales de ese país haber financiado entre 1997 y 2004 a las AUC, organización considerada entonces como terrorista por Estados Unidos, lo que convertía su apoyo en un delito federal. La empresa ha dicho, sin embargo, que fue víctima de una extorsión cuando pagó el dinero al grupo.

Los ocho demandantes del caso alegaron que Chiquita transfirió a las AUC casi 2 millones de dólares para asegurar la supuesta protección de sus trabajadores en el noroeste de Colombia, a pesar de saber que esa milicia estaba implicada en graves abusos de derechos humanos y actos violentos.

El jurado aceptó el argumento de que el dinero entregado a los paramilitares se utilizó para cometer homicidios, secuestros, extorsiones, torturas y desapariciones forzadas.

Las AUC sembraron el terror en el país suramericano en la década de 1990 en el marco de una encarnizada guerra contra las guerrillas de izquierda, ayudadas en ocasiones por miembros de las fuerzas armadas. Unos 20.000 combatientes de esos escuadrones se desmovilizaron entre 2003 y 2006 bajo el gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe (2002-2010).

*Con información de AFP