Las guerras internas de la Policía a la sombra del cambio de cúpula

Este martes, el presidente anunció cambios en la cúpula de la Policía Nacional en el que se destaca que el general Óscar Atehortúa, quien hasta el momento se desempeñaba como director de la institución, ya no estará al frente de la misma. Será reemplazado por el general Jorge Vargas, quien se estaba desempeñando como director de Seguridad Ciudadana.

Este cambio en la institución se da en medio de una investigación que involucra al ahora exdirector de la Policía, general Óscar Atehortúa; al general William Salamanca, quien era Inspector General de la insititución, y al intendente jefe César Augusto Quintero.

Dentro de los cambios anunciados en la Policía, también se conoció que el general Jorge Luis Rodríguez Aragón, quien se desempeñaba como director de Antinarcóticos, fue nombrado como Inspector General, el cargo que ocupaba William Salamanca.

Según un reportaje que publicó SEMANA, este enfrentamiento, además de señalar acusaciones sobre amenazas de muerte, señalamientos de complot y traición, seguimientos, operaciones secretas de contrainteligencia y grabaciones de conversaciones, puso en el foco al general Óscar Atehortúa, quien es acusado de procedimientos irregulares durante su gestión como director de la institución.

Según la pieza clave de este enfrentamiento entre los generales, un informe clasificado de inteligencia conocido como Cuaderno 12 por el orden en que quedó marcado en el expediente y al que tuvo acceso SEMANA, el intendente jefe César Augusto Quintero quien firma el mismo, alerta al general Salamanca sobre el supuesto proceder irregular del general Atehortúa y le advierte que se trama “una campaña de desprestigio en su contra por la lucha contra la corrupción institucional que ha liderado”, además de comentarle con preocupación, que ha sido señalado “como una amenaza frente la cual habría que actuar”, lo cual no solo compromete su vida, sino la de su familia.

Adicional a ello, Quintero critica las decisiones tomadas por la Dirección y que, según él, han representado el “desmantelamiento de la contrainteligencia policial, un poco por venganza, otro por considerar inconveniente la capacidad operativa que había adquirido el área”.

Para el intendente, dos nombramientos son la punta de lanza de esa operación de “desmantelamiento”. Uno de ellos, el del coronel Carlos Alberto Martínez, jefe del Área de Contrainteligencia, el mismo que habría dicho en algunas oportunidades que había que “blindar” a Atehortúa. El otro, el jefe del Grupo de Asuntos Internos de Contrainteligencia, coronel Carlos Antonio Ardila Rocha.

Según señala Quintero, estos oficiales habrían pedido información sobre dos hechos de connotación nacional, que no tendrían que ver con las labores de esa división. Uno de ellos relacionado con los resultados de las pruebas de poligrafía del personal del esquema de seguridad del Presidente de la República, en los que según el se pretende desacreditar al Gobierno y responsabilizar a la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional.

Sumado a esto, el intendente señala que sus superiores implementaron varias estrategias para evitar que avanzaran las indagaciones en curso, entre ellos trasladar a los investigadores, reducir los equipos, y acosar a otros grupos con horarios extendidos y llamados de atención, además de prohibirle el acceso a la información fiscal que maneja la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa), al equipo de contrainteligencia.

Lo más delicado del asunto es que el informe asegura que todos estos hechos ocurrieron “con plena consciencia y total alevosía” por parte del director general de la Policía.

Además de esto, en el documento que fue remitido por Quintero a Salamanca el 22 de noviembre, y luego del general Salamanca al ministro de Defensa, en medio de la más absoluta reserva, el 24 de diciembre del año pasado, también el intendente señala casos de corrupción desde varios frentes, entre otros señalamientos.

Ante estas acusaciones, el general Atehortúa denunció penalmente a los funcionarios de la Policía, donde su abogado asegura que los señalamientos están “preacordados dentro de la trama o complot organizado” en contra de quien hasta la fecha era el Director General de la Policía Nacional, una discusión que llegó con gran ruido a los estrados judiciales y a los organismos disciplinarios, y que tiene a la expectativa a los colombianos sobre cómo finalizará este enfrentamiento entre los generales, que además de generar un ambiente turbio dentro de la institución, deja cierta intriga con respecto a la credibilidad de la Policía.