Las imprecisiones y mentiras surgidas a partir de la confesión de las Farc

Es innegable que la confesión de las Farc respecto al homicidio de Álvaro Gómez Hurtado agarró por sorpresa al país. La Fiscalía, que durante años manejó diferentes teorías y ninguna incluía a la extinta guerrilla, tuvo que ver cómo sus esfuerzos de investigación caían en la obsolescencia. Y muchos dirigentes políticos, que desde la muerte del dirigente conservador se habían dedicado a señalar a sus detractores como presuntos responsables, tuvieron que tragarse sus palabras.

A medida que pasan los días desde que se conoció la carta que dirigieron los exmiembros del Secretariado a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en la que admitían estar detrás del magnicidio, diferentes sucesos —que previamente habían pasado inadvertidos— ahora toman protagonismo. En 2012, por ejemplo, José Obdulio Gaviria, uno de las personas más allegadas al expresidente Uribe y hoy senador por el Centro Democrático, reveló que las Farc cometieron el crimen y se basó en un libro de la organización armada. En su momento, estas acusaciones no tuvieron mayor acogida en la Fiscalía.

Otro hecho clave es el de la masacre de Mondoñedo. Este sangriento episodio se dio cuando, meses después de la muerte de Gómez Hurtado, agentes de la Policía capturaron, torturaron y asesinaron a los jóvenes que formaban la Red Urbana Antonio Nariño (Ruan). Esta célula de la guerrilla habría perpetrado el operativo que acabó con la vida de Gómez Hurtado y su muerte fue, al parecer, el motivo que llevó a que por años no saliera a la luz la tesis de que la guerrilla fue la responsable del magnicidio. Una especie de encubrimiento por parte de la misma fuerza pública.

Bajo este turbulento panorama, en el que aún falta por escarbar para esclarecer la verdad en su máxima dimensión, diferentes personas han realizado afirmaciones inexactas o falsas en relación con el homicidio que han contribuido únicamente a la desinformación y caldear los ánimos en un país político ya de por sí dividido. El abogado Esteban Hoyos, profesor de la Universidad Eafit, se tomó el tiempo de aclarar la veracidad de tres declaraciones que han tenido eco en las últimas semanas y explicó por qué están lejos de ser verdad.

La primera de ellas fue promovida por diferentes sectores de la derecha y es aquella que con escepticismo recibió la confesión de las Farc. Según ellos, el reconocimiento de los excombatientes era una manera de librar de responsabilidad al expresidente Ernesto Samper y al exministro Horacio Serpa, quienes fueron por décadas señalados como principales sospechosos de la muerte de Gómez Hurtado.

Hoyos aclaró que los dos políticos liberales no son sujetos de la competencia de la JEP, tribunal que sí conocerá de los delitos en los que incurrieron los exguerrilleros. Remontándose a las palabras del exministro de Justicia Yesid Reyes, recordó que el juez natural de Samper, por haber sido primer mandatario, es la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes y el de Serpa sería un juez ordinario.

“La Comisión de Acusaciones y la Fiscalía pueden continuar con la investigación de estos hechos y el reconocimiento de responsabilidad de las Farc no los exonera (a Samper y Serpa) ante sus jueces naturales” aseguró Hoyos. Añadió que, salvo que el expresidente o el exministro deseen comparecer de forma voluntaria ante la JEP, esto no tendría que cambiar.

Otro aspecto que Hoyos desenredó fue la supuesta facultad de la Fiscalía para llamar a declarar como imputados a los excabecillas de las Farc que están cumpliendo el acuerdo de paz. El jurista se remontó a cuando la Corte Constitucional estudió el proyecto de ley estatutaria de la JEP. En aquel momento, los magistrados del alto tribunal determinaron que la Fiscalía estaba en la capacidad de investigar hechos relacionados con el conflicto armado, pero dejó claro que no podía citar como imputados a la práctica de diligencias a sujetos que son competencia de la JEP. Justo eso sucede con los miembros de las Farc.

“La Fiscalía puede adelantar su tarea investigativa, colaborar con la JEP en el esclarecimiento de los hechos, pero no citar o tomar decisiones judiciales frente a los exguerrilleros. A la Fiscalía pueden ir como testigos, pero no como imputados. Una cosa distinta es su competencia frente a los miembros de las Farc que incumplieron el acuerdo” señaló Hoyos.

La última afirmación desmentida fue la que inició a partir de una equivocada declaración del comisionado de paz Miguel Ceballos. En diferentes medios de comunicación, Ceballos, sin inmutarse, aseveró que los exguerrilleros involucrados en el homicidio de Gómez Hurtado debían abandonar su curul en el Congreso. Se refería, más precisamente, a Carlos Lozada, actual senador de las Farc y quien estuvo al mando del operativo que acabó con la vida del líder conservador. Sin embargo, ignoró que sus palabras iban en contravía de uno de los principios básicos que rigió el acuerdo entre el gobierno y el grupo armado.

“De ninguna manera, la aceptación de la responsabilidad en este punto es una causa de destitución o de la pérdida de la investidura de los congresistas de las Farc” enfatizó Hoyos. Agregó que en ninguna parte del documento que se pactó tras años de diálogo se estipuló que esta fuera una consecuencia posible en caso de que los exguerrilleros reconocieran crímenes. “Hubiera sido ideal que antes de entrar a la política, los jefes de las Farc aceptaran sus responsabilidades. Pero esto no fue así y para muchos la negociación de paz no habría sido posible sin este punto del acuerdo. Frente a los crímenes más graves, la JEP impondrá sanciones propias. De eso tenemos certeza”, indicó.