Las intrigas que rodean la pelea por el poder en el partido de las Farc

Cuando los guerrilleros de las Farc firmaron el acuerdo de paz con el Gobierno de Juan Manuel Santos en 2016, un sector de la opinión aplaudió que dejaran las armas e hicieran política. Hoy, dos años y medio después de su llegada al Congreso, las peleas por el poder son una seria amenaza para el futuro de ese partido.

Esta semana, los exjefes guerrilleros le cambiaron el nombre a la organización y atrás quedaron las siglas de las Farc, que a millones de colombianos les traen recuerdos de tragedia, dolor y violencia. Ahora el partido se llama Comunes, pero es un retoque en la fachada que para nada va a resolver la profunda división interna.

La senadora Victoria Sandino es una de las cabezas de un grupo que rechaza las decisiones de la cúpula del movimiento. Ella critica que no hay garantías ni diálogo y no asistió a la asamblea en la que se escogió el nombre de Comunes. “Ese no es el gran cambio ni mucho menos, era un consenso casi que en toda la militancia”, aseguró.

Del otro lado, los senadores Carlos Antonio Lozada y Sandra Ramírez aseguran que no entienden la actitud de Sandino y señalan que siempre ha habido “diálogo democrático” en el llamado consejo político, integrado por 13 líderes. “Es normal que en los partidos surjan diferencias. Lo que uno no entiende es que integrantes de la dirección ejecutiva no asistan al máximo evento argumentando que no hay garantías, cuando ellos son parte del organismo que convoca la asamblea. Es realmente contradictorio”, responde Lozada.

Desde la firma del acuerdo fue evidente el surgimiento del ala radical y disidente de las Farc al mando de Iván Márquez, el Paisa y Santrich, que decidieron volver a la guerra. Benedicto González, quien llegó al Congreso en reemplazo de Santrich, fue expulsado del partido y dice que todo obedeció a su decisión de plantear disensos políticos. Según González, en los Comunes no hay espacio para la democracia y las decisiones se siguen tomando como si aún existiera una línea de mando de aquella época en la que empuñaban las armas.

El surgimiento de las disidencias también ha profundizado la crisis. En el partido pocos prefieren hablar de ese grupo y solo se atreven a afirmar que no comparten sus razones para volver a la insurgencia. Por su parte, los disidentes consideran a los congresistas de Comunes como unos traidores. Hace un año, la situación pasó a mayores cuando la Policía frustró un supuesto atentado contra Rodrigo Londoño en el Quindío. Él culpó del atentado a dos hombres de confianza de alias el Paisa. Santrich y Romaña dijeron que ellos no eran los responsables de ese hecho y en el ambiente quedó presente que la división es tan profunda que el asunto podría derivar en actos de violencia entre los viejos exmilitantes de las Farc.

Por ahora, Londoño mantiene el control de Comunes y en la asamblea hubo un respaldo unánime a su liderazgo. En la reunión, además, se analizó el escenario electoral de 2022. Comunes acordó que no irá con candidato único, teniendo en cuenta la experiencia de las pasadas elecciones, en las que Londoño tuvo que dar un paso al costado por el rechazo ciudadano y por problemas de salud. Algunos se han reunido con Gustavo Petro, Iván Cepeda y Antonio Sanguino, también están coordinando una cita que se dará pronto con Roy Barreras. Además, con el expresidente Juan Manuel Santos tienen contacto directo.

La única salida cercana que ve Comunes para que puedan continuar con su causa es que el próximo presidente le apueste a la implementación del acuerdo de paz. Otro gran desafío es que la personería jurídica del partido vence en 2026, es decir, en el próximo periodo. Luego tendrán que salir a buscar los votos para superar el umbral y mantenerse en la contienda política del país, como cualquier otro partido.

La reinserción no ha sido fácil. A la fecha se calcula que unos 250 excombatientes han sido asesinados, otros han preferido volver a las armas de manera clandestina o salir de los espacios de reincorporación y algunos se han retirado del partido.

Desde que se firmó el acuerdo de paz, la mayor crítica que enfrentan los exguerrilleros de las Farc es que no han pagado por los crímenes que cometieron y que están cobijados con cierto manto de impunidad. Solo hasta esta semana la JEP acusó a ocho excomandantes por secuestro. Según la más reciente encuesta Invamer, solo 10 por ciento tiene una imagen favorable de las Farc y solo 32 por ciento cree que cumplirán lo acordado.