Las irregularidades en el piso 23 de la Procuraduría

En la imputación de cargos que hizo la Fiscalía en contra de Jesús Alejandro Garzón, el sustanciador del despacho del exprocurador Fernando Carrillo, se revelaron los detalles de la investigación y se conoció que las exigencias de dinero a cambio de modificar fallos en la Procuraduría, no era el único negocio criminal que ofrecían quienes ahora aparecen vinculados.

La fiscal del caso expuso a la juez de control de garantías los detalles de una denuncia presentada el 2 de marzo de 2020 por una funcionaria de la misma Procuraduría, en la que enumera las irregularidades que ocurrieron en el piso 23 del ministerio público y donde el entonces sustanciador mantenía reuniones “extrañas” con otros funcionarios.

Cada acontecimiento que fue relatado por la denunciante fue soportado con documentos y hasta videos que luego la Fiscalía presentó en la audiencia de medida de aseguramiento contra Jesús Alejandro Garzón. Un evento en particular y que quedó en video, recrea como el sustanciador usó una oficina para reunirse con otros funcionarios, se encierran y minutos después la denunciante los descubre contando dinero en efectivo.

Otros eventos fueron leídos por la fiscal del caso, uno describe la supuesta manipulación de un documento que contenía información sobre el congresista Didier Lobo que pasaba por varios escritorios del piso 23. También del cambio de un documento que fue firmado por el entonces Procurador Fernando Carrillo que sin explicación pasó de una carpeta a otra.

“Se desaparecieron los alegatos de conclusión que daba la angustia por la búsqueda de estos (oficios) aparecieron en una pila de documentos, donde no debían estar. Segundo, que en el pasillo del piso 23 se evidenció una anomalía cometida por algunos funcionarios que se estarían entregando información aparentemente reservada que no atañida a ellos”, leyó la fiscal del caso.

La denunciante advirtió a la Fiscalía que notificó de las actividades, aparentemente irregularidades, al mayor Óscar Bonilla, de la división de seguridad de la Procuraduría, quien confirmó que en ese piso 23 se estarían adelantando actividades ilícitas y menciona con nombre propio al sustanciador, ahora imputado por el delito de concusión.

El oficial le dice a la denunciante que pueden dejar alguna “trampa” con acetatos en las carpetas para obtener las huellas de quienes están manipulando los expedientes de manera ilegal. Así se hizo y se ubicaron los acetatos en el proceso que se adelantaba contra Jesús Santrich, el exjefe de las Farc, cuyo expediente se tenía la sospecha también fue manipulado.

La denuncia de la funcionaria de la Procuraduría contra su excolega, el sustanciador, también advierte que en las oficinas de reparto detectaron algunas actividades que no correspondían al procedimiento establecido, así como en otros despachos se “picaron” o destruyeron documentos sin previa autorización.

“Advierte que John Eduard Valdez, realizó reparto dentro del proceso seguido contra el alcalde del municipio de Tabio, Cundinamarca, de forma irregular toda vez que no era la persona que ostentaba esas funciones”, dijo la fiscal mientras leyó cada punto en la denuncia de la funcionaria de la Procuraduría que ahora es testigo del proceso.

Todos los hechos, calificados de irregularidades por la denunciante, ocurrieron en el piso 23 del edificio de la Procuraduría en el centro de Bogotá y donde el ahora capturado sustanciador, tendría, al parecer, su oficina.

El suspendido funcionario no aceptó los cargos imputados por la Fiscalía, al contrario, fue muy enfático en asegurar que es inocente y que rechaza los señalamientos de la fiscal del caso.