Las "mañas" para llegar a la gerencia de un hospital público

Según las Leyes 1122 del 2007 y 1438 del 2011, llegar a la gerencia de un hospital público en Colombia se logra a través de un concurso de méritos liderado por universidades acreditadas por la Comisión Nacional del Servicio Civil.

Si el proceso de selección de gerentes de las casi 1.800 empresas sociales del Estado fuera limpio, los administradores hospitalarios del país serían profesionales de las más altas calidades y disminuría el número de centros de salud en la quiebra. No obstante, la Procuraduría General de la Nación investiga 138 casos con presuntas irregularidades, un escenario poco optimista para el futuro de cientos de hospitales implicados.
 
En su seguimiento a los concursos de méritos, el Ministerio Público vigila 138 quejas. En Bogotá, donde se presentan quejas por falsedad de documentos de algunos candidatos, la Procuraduría acompaña los casos de los hospitales de Simón Bolívar, Usme y Nazareth.
 
A nivel nacional se adelantan averiguaciones para establecer posibles irregularidades en los municipios de Quinchía y Santa Rosa de Cabal, en Risaralda, y los de Montería, Lorica y Sahagún, en Córdoba. Además, sigue los procesos que avanzan en Arauca, Caquetá, Cundinamarca, Huila, Nariño, Santander, Tolima y Valle del Cauca.

El procurador delegado de entidades territoriales, Carlos Augusto Mesa, le explicó a Semana.com cómo es la corrupción la que termina nombrando a algunos gerentes de los hospitales públicos del país. Aclaró que las irregularidades denunciadas ante el ente disciplinario están en proceso de investigación, y en caso de confirmarlas, se comenzarán las acciones disciplinarias.

Cabe recordar que la Procuraduría hizo esta semana un llamado a la transparencia, dirigido a los gobernadores, alcaldes y miembros de las juntas directivas, con el fin de que los procesos de selección de gerentes se ajuste a la normatividad.

Cuando la corrupción nombra al gerente

Mesa asegura que las juntas directivas de los hospitales deben convocar a una universidad acreditada para realizar el concurso de méritos.
 
En su criterio, con el paso de los años, la lista de universidades autorizadas por la Comisión Nacional del Servicio Civil se ha ampliado, pero al parecer, se suman instituciones de educación superior que "cumplen los requisitos, pero no logran tener la habilidad necesaria".

"Algunas de esas universidades hacen acuerdos ilegales con gobernadores y alcaldes. Entregan el contrato para realizar el concurso de méritos. Se comprometen a que los candidatos de los gobernadores o alcaldes queden en los primeros lugares", precisa Mesa al relatar "el primer margen de irregularidad".

"Es una conducta denunciada contra varias universidades que no individualizaré por la reserva de la investigación”, añade.

Otro de los cuestionados manejos va por cuenta de la extorsión. Mesa revela que "algunos concursantes son inadecuadamente presionados o extorsionados por universidades que les piden dinero a cambio de posicionarlos bien en los resultados del examen".

En este caso, el procurador asegura que cuando un gerente pagó, por ejemplo, 20 millones de pesos para obtener el primer lugar, a la universidad o al alcalde, "cuando ejerce, busca recuperar su dinero", y así comienzan las irregularidades.

Cuando el proceso de selección es aparentemente transparente, "los alcaldes o gobernadores ven que no quedan en los primeros lugares sus candidatos, porque se hizo bien la tarea y otras personas obtuvieron el mejor puntaje, demandan a las universidades o ponen en tela de juicio los resultados".

Mesa aclara que en el caso de una reelección, el gerente no participa en el concurso, pero debe ser evaluado. "Si el gobernador o el alcalde considera que el gerente no debe ser reelegido, a pesar de estar bien calificado, y este no ha sido reelegido dos veces, debe entrar al concurso", explica.

Una nueva irregularidad se presenta por "la dilación del proceso y la complicidad". "Lamentablemente, en todo el país, las acciones de tutela por vía judicial han tratado de dar mayor interpretación a la Ley. Manipulan los concursos a través de las tutelas y algunos jueces complican el proceso", explica.

En ese sentido, la Procuraduría aclara que mientras la orden judicial no disponga la suspensión del concurso, se debe seguir adelante con la selección.

"Usan todas la mañas para demorar los concursos, incluso con la complicidad de los responsables que lo realizan, parece ser", agrega el funcionario. Los concursos de méritos se realizan entre los meses de enero y marzo. Algunos procesos siguen vigentes debido a la suspensión no autorizada, por ejemplo.

Por esa razón, el llamado del ente disciplinario a través de su jefe, Alejandro Ordóñez, es "actuar con la mayor responsabilidad para no caer en las mafias de la salud". El alto funcionario asegura que "la academia debe ser ejemplo y garantía de pulcritud". 

De un mal gerente, a la quiebra 
 
El procurador delegado asegura que la gerencia de un hospital público establece el destino que toma el centro de salud, que puede ser el fracaso o el éxito.

"En tres o cuatro meses un gerente malintencionado puede llevar un hospital público a la quiebra. Por eso, el Estado se esfuerza para cerrar las brechas en el sector de la salud y establece parámetros de selección de gerentes, en contra de la corrupción", señala.

Según Mesa, uno de los factores de corrupción es la compra ilegal de medicamentos.

"Las diferencias de costos de los medicamentos, entre los hospitales, no tiene explicación. En el sector de salud se habla y algunas investigaciones indagan sobre cómo un gerente le pone porcentajes altos a la compra de medicamentos, inducido por algunos vendedores", dice el procurador. "También en cuanto a las ayudas diagnósticas, la tecnología médica, los insumos y la logística hospitalaria, se cobran porcentajes mayores", agrega.

Mesa también indica que la corrupción se presenta, además, en el recurso humano empleado en el centro médico. "A través de contratos con cooperativas, se contrata un número de enfermeras, por ejemplo, y por cada enfermera, el gerente recibe 100.000 o 200.000 pesos".

En su opinión, estas modalidades, que ocurren en algunos hospitales públicos del país, "determinan el deterioro de un centro de salud". Por lo anterior, el representante del Ministerio Público reitera la importancia de nombrar gerentes "técnico y académicamente capaces y competentes".

Cabe recordar que el Ministerio Público abrió investigaciones disciplinarias a varios gobernadores y alcaldes salientes debido a que durante su periodo "no surtieron los concursos de méritos y nombraron funcionarios de libre nombramiento y remoción como gerentes encargados".