Las masacres no paran en el país

Siete masacres se han registrado en el Suroeste antioqueño en 2020. La última tuvo lugar en Betania, un pueblo cafetero y tranquilo donde la violencia siempre ha sido mínima. Sucedió en la madrugada del 22 de noviembre: hombres armados llegaron a la finca La Gabriela, escondida detrás de una pequeña montaña repleta de cafetos, abrieron la puerta y apuntaron directo a las camas donde los recolectores dormían. Algunos corrieron, pero les dispararon a sangre fría. Sobrevivieron tres labriegos que no se levantaron de las literas donde esperaban que amaneciera para empezar las labores de recolección.

Hace más de un año aparecieron letreros de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGN) –también conocidos como Clan del Golfo– por algunas de las carreteras del suroeste antioqueño: cerca de Jericó, Támesis, Jardín y Andes, donde la vida siempre ha sido tranquila. Justo es allí donde se levanta el mito paisa; donde nació la cultura del arriero con poncho y carriel. Sin embargo, los días de paz están lejanos, y muchos asocian la violencia con varios factores: el corredor estratégico de la subregión con el Chocó y, también, con la llegada de multinacionales mineras.

De hecho, la Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana n.° 044-20 hace unos cuantos meses, un documento de más de 60 páginas con el que llamaban la atención a las autoridades sobre la situación de inseguridad en los municipios de Andes, Betania, Ciudad Bolívar, Hispania, Jardín y Salgar. En el informe aseguraban que la escalada de violencia era inminente dada la “disputa de los grupos sucesores del paramilitarismo autodenominados las AGC y La Oficina para obtener el control de las rentas ilegales que se establecen en la subregión, y así mismo, por el interés de expandirse sobre áreas dejadas por las extintas Farc a través de las cuales se establecen rutas internacionales”.

Y es que la espiral de violencia es innegable. El año pasado hubo en el Suroeste 182 homicidios entre el primero de enero y el 24 de noviembre; ahora ese número se eleva a 273. Las cifras preocupan porque esta región y el Oriente antioqueño son los únicos territorios donde los homicidios han subido. Varios alcaldes de la subregión aseveran que el microtráfico se ha salido de control, y miles de jóvenes terminaron consumiendo o sirviendo a las estructuras que ahora se enfrentan a sangre y fuego. Hay que recordar la masacre ocurrida hace algunos meses en Venecia, en la que tres jovencitos fueron asesinados en su propio hogar, caso que sigue en la impunidad.

Actualmente, se ofrecen 200 millones de pesos por información que ayude a atrapar a los asesinos de los diez recolectores de café acribillados en el Suroeste; 160 policías ya patrullan entre los pueblos de la subregión. Sin embargo, parece que las autoridades no logran escuchar las alertas tempranas que emite la Defensoría del Pueblo. La situación es bastante preocupante, pues analistas señalan que la guerra entre La Oficina y las AGC (Clan del Golfo) puede arreciar, ya que en los municipios más cercanos a Medellín han tenido un dominio total los primeros. Ahora el botín está en disputa.

Guerra en el Cauca

De las 12 masacres ocurridas en el Cauca este año, cuatro se registraron en Argelia, epicentro de la aguda violencia que vive ese departamento. Allí se habla de asesinatos, amenazas, ajustes de cuentas, desplazamientos y patrullaje de grupos armados ilegales con cierta normalidad. En ese pueblo el nivel de escándalo no está sujeto a la sangre; la barbarie, en parte, ha transformado el dolor de otros en paisaje.Argelia es el último centro poblado antes del cañón del Micay, principal y única salida por tierra hacia el Pacífico caucano. La zona es un paso estratégico para transportar la coca más pura del sur del departamento a aguas continentales, donde esperan carteles mexicanos.

Quien tenga el control de este municipio y su zona rural cuenta a su favor con una extensa ruta obligada para el tránsito de estupefacientes. Por eso, la guerra se concentra aquí. La disputa está en manos del frente José María Becerra del ELN, anteriores amos y señores de la coca del sur; el frente disidente Carlos Patiño; y la recién llegada Segunda Marquetalia. En Argelia han asesinado a presidentes de juntas de acción comunal, presidentes de Asocomunal, líderes sociales, excombatientes de las Farc y simples ciudadanos para dominar por medio del terror: las disidencias atacan campesinos bajo la excusa de que están auxiliando al grupo rival, y asimismo actúa el ELN.

En los primeros meses, el motor de la violencia en el Cauca estaba en el norte, en el llamado triángulo de la marihuana, que agrupa a los municipios de Corinto, Miranda, Toribío y Caloto. La columna disidente Dagoberto Ramos, quizá la más sanguinaria de las nuevas estructuras delictivas del departamento, diezmó mediante sangre y fuego el control territorial y el reemplazo de cultivos ilícitos que quiso realizar la guardia indígena. Fue la Dagoberto Ramos la autora de la masacre indígena del pasado 29 de octubre en zona rural de Tacueyó, donde cayó fusilada la gobernadora indígena Cristina Bautista y cinco comuneros más. Ese hecho violento abrió la puerta a una oscura era de barbarie para el Cauca.

Los bandos que alimentan la guerra en ese departamento empiezan a tomar forma: las disidencias que nunca se acogieron al proceso de paz están organizadas en el Comando de Occidente, al mando de Gentil Duarte; y las recién llegadas obedecen a la Segunda Marquetalia, cuya cabeza principal es Iván Márquez. Mientras tanto, el ELN trata de resistir con pequeñas células urbanas y milicias cada vez más replegadas a terrenos donde hay prósperos cultivos de coca.

El mismo ELN reconoció en un comunicado que lo que está ocurriendo en el Cauca se salió de toda proporción: “Esta guerra no la está viviendo la organización, sino la población civil, ya que estas bandas criminales están asesinando personas inocentes por imponer resistencia a sus intimidaciones y han ido asesinando jóvenes por negarse a ser reclutados forzosamente”, dice el texto.

Sumado a eso, el vecino departamento de Nariño también vive un proceso de convulsión social parecido al Cauca. Allá hay una atomización de grupos que dificulta realizar un organigrama de la actividad delictiva. Las masacres de Samaniego, Barbacoas, Tumaco, Ricaurte y Llorente muestran un patrón similar: control por medio del miedo.

La violencia en el país sigue escalando: asesinato de líderes sociales; persecución de indígenas que protegen su territorio, de ciudadanos que defienden el medioambiente. Una tragedia escondida en medio de todo esto es que la mayoría de personas masacradas son jóvenes menores de 25 años. Justo en un informe presentado por el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), Antioquia es el departamento con más masacres cometidas este año, en total 15, seguidos por Cauca (con 10) y Nariño (con 9). Han sido asesinadas 278 personas en más de 70 masacres. ¿Cuándo parará el horror?