Las millonarias pensiones de excongresistas que ha tumbado el Consejo de Estado

En las últimas horas, el Consejo de Estado declaró nula una millonaria pensión que se le estaba otorgando a familiares del excongresista chocoano Fernando Martínez, quien fue representante a la Cámara de 1947 a 1949 y senador entre 1966 y 1974, pero siempre de manera discontinua.

La acción de tutela fue presentada por el Fondo de Previsión Social del Congreso, el mismo que le había otorgado a los familiares una pensión por cerca de 21 millones de pesos. El Fondo solicitó además el reintegro de los dineros que habían recibido esta personas desde el momento en el que empezó a hacerse efectivo el pago de las mesadas.

El exparlamentario obtuvo la pensión de invalidez desde 1988, pero sus herederos, que ya habían obtenido el derecho a la sustitución pensional luego de que el dirigente falleció, fueron incluidos en nómina del régimen de pensiones para congresistas, tras haber obtenido respuesta favorable a su solicitud de que le conmutaran la pensión que, desde entonces, le corresponde pagar a Fonprecon.

No obstante, esta no es la única millonaria pensión de exparlamentarios que ha sido objeto de polémica. Son varias las megapensiones que ha tumbado el alto tribunal. Uno de los casos más sonados fue el de Isabel Figueroa, exsenadora del Partido de La U y quien estuvo en el Capitolio para remplazar durante ocho meses a José Name Terán. La polémica radicó en que la exparlamentaria ni siquiera cotizó al Fondo del Congreso y recibió en total una pensión por cerca de 1.800 millones de pesos, lo que para el Consejo de Estado fue una clara irregularidad.

En la acción de revisión, la cual fue estudiada por una sala especial del Consejo de Estado, se determinó que en efecto la Sección Segunda de ese mismo tribunal no había tenido en cuenta los alcances de la sentencia C-258 de 2013 de la Corte Constitucional que fijó los topes y límites de estas pensiones.

Otro caso fue el del asesinado exministro y excongresista Amaury García Burgos, quien dejó viuda a Susana Burgos de García, la mamá de la conservadora Nora García Burgos. Hasta hace algunos meses, Burgos de García gozaba de una pensión del orden de los 21 millones de pesos mensuales, que le fue sustituida tras la muerte de su esposo.

Sin embargo, un fallo del Consejo de Estado ordenó que esa mesada le sea reducida casi a la mitad, pues encontró que hubo una inconsistencia al momento de otorgársele un reajuste. Sin embargo, en ese momento, los magistrados señalaron que las actuaciones de la viuda del congresista fueron de buena fe y como tal no tendrá que devolver dinero.

La familia de Jorge Perico Cárdenas, uno de los liberales más conocidos durante la década de los ochenta también resultó afectada por cuenta de una decisión que tumbó la pensión de sobrevivientes que recibía.

Perico obtuvo su pensión a través de Fonprecón en febrero de 1999, pero debido a que solo acreditó 15 años y 11 meses, acudió a una ley de 1886 que permitía convalidar libros escritos por tiempo laborado.

Esa norma, que ya no existe, permitía que cada libro escrito que hubiera sido usado como texto de estudio podía ser tenido en cuenta como dos años de trabajo para efectos de la jubilación. Él presentó tres y gracias a esto tenía una megapensión de más de 20 millones de pesos mensuales, monto que tumbó el alto tribunal.

El Consejo de Estado también determinó que la excongresista Janit Antonia Bula Oviedo no podrá seguir accediendo a la pensión especial que le fue concedida por un parlamentario en 2001 al concluir que no se cumplían con los requisitos exigidos.

Después de 19 años, el máximo tribunal de lo contencioso administrativo le puso punto final a esta discusión, reseñando que quienes antes del primero de abril de 1994 no gozaban con la condición de congresistas no pueden ser beneficiarios del régimen especial de pensiones para parlamentarios.

Cabe recordar que el Consejo de Estado consideró, a través de un fallo, que los congresistas pensionados antes de 1992 sólo podrán acceder al 50 por ciento del valor de la pensión a la que tenía derecho un congresista en ese momento.