Nación
Las mujeres indígenas que se salvaron de violación colectiva en La Rioja, radicaron tutela para exigir ayudas del Gobierno
Las víctimas advierten que el Gobierno se comprometió a ayudarlas, pero hace más de un año que ni siquiera responden los derechos de petición.
Las 170 mujeres indígenas y niños que huyeron del centro La Rioja, en Bogotá, por una violenta amenaza de una violación en masa, se quedaron esperando las promesas del Gobierno. Los dejaron solos, sin ayudas y abandonados en un hogar temporal, en el segundo piso de un edificio que comparten con habitantes de calle. Se cansaron y con tutela esperan exigirle al Gobierno que cumplan lo que prometen.
El abogado Alejandro Carranza entendió la grave situación por la que viven las casi 60 familias que se encuentran hacinadas en el segundo piso del hogar Buen Samaritano, en pleno centro de Bogotá, revisó los documentos que tenían los indígenas y la fundación Predicadores de la Misericordia que confirmaban un claro incumplimiento de parte del Gobierno.
“Aquí estamos para ayudarles a garantizar esa promesa que el estado social de derecho y la constitución les brinda… Por ello, la acción de amparo constitucional será el mecanismo expedito para garantizar ese mínimo vital, más allá de establecer si el responsable es la alcaldía o el Ministerio del Interior, aquí necesitamos que todas las personas de esta comunidad tengan vida digna”, dijo el abogado.
La tragedia para esta comunidad de indígenas en especial las 170 mujeres y niños que terminaron desplazados por tercera vez en la ciudad de Bogotá, arrancó en septiembre de 2023 cuando otro grupo indígena los mantuvo secuestrados en el centro de La Rioja y con la amenaza de cometer una violación colectiva. Ese mismo día, el Ministerio del Interior, según los indígenas, ofreció garantizarles su seguridad y supervivencia.
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“Casi nos violan, nos secuestran, hicieron un cierre de un salón por dos días… Nosotros llegamos del parque Nacional, estuvimos ocho meses, luego llegamos a La Rioja estuvimos allí en ese espacio dos años y tuvimos unos conflictos con nuestros hermanos Embera Katio”, dijo Luz Mery Queragama, líder de las mujeres y niños que terminaron desplazados por las amenazas de otros indígenas.
La fundación que también recibió las promesas de los supuestos delegados del Ministerio del Interior, asumió desde hace un año la responsabilidad de apoyar a estos indígenas, siempre esperando que el Gobierno gire su mirada y entienda la delicada situación en la que se encuentran, desde entonces las finanzas están en rojo y hasta tienen la advertencia de un embargo.
“Desde mi labor como sacerdote, desde mi labor como evangelizador, hoy me siento abandonado y ciertamente casi en la calle, porque no hemos podido garantizar todo lo que merecen los indígenas, porque no hemos tenido ningún apoyo de ninguna institución”, dijo el padre Michael Daniel Cuevas mientras hace plegarias por la ayuda que requieren los indígenas.
Justamente y después de tantos intentos por lograr que el Gobierno Nacional y el Distrito en Bogotá, le prestarán atención a los indígenas que requieren de protección constitucional, es que el abogado Carranza advierte resulta necesario acudir a la acción de tutela, para exigir lo que por obligación tiene que cumplir el Estado.
“Hay que resaltar que aquí lo que se evitó fue una violación sexual a todas estas mujeres por parte de otra comunidad y pues, el hecho de que lo haga una persona entregada a la vida espiritual, no quiere decir que el estado social derecho esté cumpliendo. Por tanto, se necesita con urgencia que esta iniciativa de la fundación no quede huérfana y que quede en hombros de unos pocos una responsabilidad que es de Estado”, dijo el abogado Carranza.
