Colombia dividida: las objeciones de Duque agudizaron la polarización

“Estamos ante una oportunidad única para construir un consenso institucional alrededor de la justicia transicional. Una oportunidad que nos permita encontrar un camino para enfocarnos en lo que nos une y no en lo que nos divide”. Con esa frase el presidente de la república, Iván Duque, les comunicó a los colombianos su decisión de objetar seis artículos de la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Pero sucedió lo contrario. Desde el plebiscito, pocas veces el país había estado tan dividido como tras ese anuncio. Al día siguiente, 150 personajes nacionales defensores del Sí le mandaron una carta al secretario general de la ONU para advertir los peligros de objetar la JEP. Un día más tarde, la representante de la Alianza Verde Juanita Goebertus hizo uso del derecho de réplica en televisión. Acompañada por congresistas del Polo Democrático, de la Farc, de los fajardistas y de los petristas, respondió uno a uno los argumentos del presidente.

Pero la división no se limitaba al Gobierno y la oposición. En los partidos también hubo controversia. Los conservadores decidieron apoyar al presidente, a pesar de que en 2017 habían votado la ley estatutaria. Los liberales, liderados por César Gaviria, optaron por oponerse. La U está dividida y no se sabe cuál bloque tendrá mayoría. Y en cuanto a Cambio Radical, lo más probable es que algunos, como los senadores Rodrigo Lara y Temístocles Ortega, y el representante José Daniel López se opongan, pero que la mayoría por ahora respalde al Gobierno.

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En el Consejo Gremial también hubo coletazo. Tradicionalmente, en este ente han tomado las decisiones por consenso y han sido proclives a apoyar a los Gobiernos. En esta ocasión 3 gremios de los 22 que lo componen se abstuvieron de respaldar al presidente, y la entidad no pudo llegar a un comunicado unánime.

Hasta la Comisión de Paz del Senado, en la que habían convivido halcones y palomas, se reventó el pasado miércoles. En una escena bochornosa e inédita en el Congreso, Paloma Valencia le dijo “narcoterrorista” al senador de la Farc Pablo Catatumbo. Ahí se armó la de Troya, y Roy Barreras, quien presidía, tuvo que levantar la sesión.

Sin embargo, ninguna división es tan evidente como la que se produjo entre la Fiscalía y la Procuraduría. El fiscal Néstor Humberto Martínez, crítico de la JEP desde las negociaciones en La Habana, se ha convertido, más que los ministros de gobierno, en el jefe de la oposición contra este sistema de justicia. Mientras tanto, el procurador Fernando Carrillo ha asumido el papel de contradictor de las objeciones. El jueves le presentó a la Corte Constitucional una solicitud para que evalúe si estas constituyen un desconocimiento de sus propios fallos. Esta movida jurídica tiene una gran carga de profundidad, pues si la corte está de acuerdo, podría hundir la iniciativa presidencial.  

Fernando Carrillo y Néstor Humberto Martínez. Nada evidencia más la división del país que las posiciones extremas que han enfrentado al procurador y al fiscal por las seis objeciones del presidente.

Pero no se ha visto mucha división en la comunidad internacional. En ese sector todos se inclinan por el respeto a los acuerdos tal y como los firmaron las partes. Más allá del contenido de las objeciones, para Naciones Unidas, la comunidad europea y otros, lo importante es que se respete la palabra empeñada del Estado. El canciller Carlos Holmes Trujillo viajó a Nueva York con la difícil misión de tranquilizarlos con el mensaje de que las reformas propuestas son convenientes. La cosa no es fácil. Después de sostener reuniones en esa ciudad, la ONU reiteró su respaldo a la JEP.

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Queda claro que las objeciones del presidente, en lugar de reducir la polarización, la aumentaron. Sin duda alguna es el tema que más desgaste le ha generado al Gobierno desde el 7 de agosto del año pasado. No está tan claro si todo ese terremoto político y jurídico se justificaba. Es claro que el presidente tiene la facultad de objetar por razones de inconveniencia una ley estatutaria. También lo es que las objeciones de Duque y del fiscal Martínez, en lo que se refiere a su contenido, son sensatas y lógicas. Probablemente, mejorarían el acuerdo.

Pero todos esos puntos ya fueron discutidos ampliamente en La Habana y en el Congreso y no quedaron incluidos justamente porque de haberlo hecho no se habría llegado a un acuerdo. La propia Corte Constitucional avaló el consenso al que llegaron las partes en esa negociación, y el Congreso lo refrendó no por considerarlo inmejorable, sino porque reconoció que era el resultado de un complejo tire y afloje de varios años. Reabrir esos debates ahora es extemporáneo, y el costo de hacerlo puede resultar muy superior al de los beneficios que puedan traer.

Los artículos objetados por el presidente son válidos en el universo jurídico, pero no despiertan pasiones en la opinión pública ni en quienes votaron por el No. Temas como la cesación de la acción penal, el tratamiento a los delitos de ejecución continuada y las facultades del alto comisionado de paz son importantes, pero el grueso de la gente no los entiende. Quienes se oponen al acuerdo tienen otras convicciones:

1) Que los culpables de delitos deberían ir a una cárcel de verdad. 2) Que los responsables de crímenes de lesa humanidad no deberían tener la oportunidad de participar en política. 3) Que si la participación en política era una necesidad, esta solo debería llegar después de que los máximos responsables hubieran pagado sus condenas. 4) Que la JEP no juzgue a los militares, sino una jurisdicción diferente.

Juanita Goebertus y la Alianza Verde. Los opositores se mostraron unidos al momento de estrenar el derecho de réplica de estatuto de oposición. Voceros de estos partidos defendieron el acuerdo de paz. 

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Ninguna de las objeciones presentadas por el presidente Duque tiene incidencia en los puntos arriba mencionados ni tiene que ver con los argumentos de los defensores del No en el plebiscito. La pregunta entonces es qué llevó al primer mandatario a embarcarse en la aventura de abrir esta tronera. Una explicación es que sus razones fueron políticas y no jurídicas. Otros piensan que hay consideraciones de popularidad. Aunque la mayoría de la gente no entiende el contenido de las objeciones, asume que les están “apretando las tuercas a las Farc”. Eso es muy taquillero y no solo en el Centro Democrático. A los empresarios definitivamente les gusta mucho, y el grueso de la opinión pública lo asocia con mano dura. De hecho, el repunte de la imagen del presidente en las encuestas lo demuestra.   

Pero en la decisión de Duque pesó mucho menos la popularidad que la necesidad de satisfacer al ala radical de su partido. Los uribistas le recordaban permanentemente que el No triunfó en el plebiscito y que el Centro Democrático ganó las elecciones. Duque había estado haciendo una maniobra de equilibrista entre la mitad del país y la comunidad internacional, que exigían el respeto a los acuerdos, y los furibistas y la otra mitad del país, que querían ponerlos en cintura. El presidente calculó que las seis objeciones eran una forma moderada de tranquilizar a ese sector radical sin hacer trizas el acuerdo. Todo indica que ese cálculo le falló.

El presidente no ha quedado en una situación fácil. Presentadas las objeciones, se convierten para él en un punto de honor presidencial. Como las dos cámaras tienen que aceptarlas, los congresistas aprovecharán la coyuntura para buscar que el Gobierno abra el frasco de la mermelada. Aunque no es seguro que hoy tenga los votos, es casi seguro que los va a conseguir. En Colombia con buen manejo de cadera todo es posible para un presidente.

Mientras Duque lo logra, la gobernabilidad se le va a complicar. Los congresistas vienen con hambre de puestos y este es el típico tema en que muestran los dientes. Y si el presidente cede al apetito burocrático, se le cae su bandera de la nueva política. La agenda legislativa inevitablemente se va a retrasar en ese tire y afloje. La decisión de presentar las objeciones cayó en el preciso momento en el que el Congreso discute el Plan Nacional de Desarrollo. Esa circunstancia no ha caído bien en algunos parlamentarios. También está el riesgo de que partidos que el Gobierno quería conquistar para su coalición terminen por alejarse. Es el caso del liberalismo, que en bancada decidió oponerse a las objeciones.  

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También se abrirá otro frente de batalla entre el Gobierno y la rama judicial. El presidente Duque inició su intervención diciendo que esto no era un choque de trenes, pero en el fondo sí lo es. Al tratarse de la objeción de unos temas que la corte había ya avalado y consideraba cerrados, es previsible que le cobren ese desaire al bloquear o retrasar temas claves de la agenda presidencial. En esta categoría están asuntos como la aspersión aérea con glifosato, las demandas a la reforma tributaria y el Plan Nacional de Desarrollo, entre otros.

En el terreno del Congreso es incierto el panorama de lo que puede pasar con el trámite de las objeciones presidenciales, también hay dudas y divisiones.  

También sorprende que existe la posibilidad de que este enredo tan grande pueda terminar en que las cosas queden tal y como estaban antes. Por el lado de las objeciones, si el Congreso modifica los textos, la ley volverá a quedar en manos de la Corte Constitucional, que podría reafirmar sus posiciones anteriores.

Y la incertidumbre jurídica creada sin duda alguna sí va a tener consecuencias para el proceso de paz en general y para los excombatientes. Los desmovilizados se sienten en un limbo y no tienen claridad sobre su futuro. Consideran que les están poniendo conejo en los programas de reinserción y ahora en cuanto a su seguridad jurídica. Con cambios en las reglas del juego como el de la semana pasada, los comandantes cada vez tienen menos argumentos para sostenerle a la tropa que el Gobierno les va a cumplir. Esto se está traduciendo en un aumento en el número de disidentes que consideran que no tienen respuesta del Estado, pero sí muchas ofertas de grupos criminales que quieren reclutarlos.