Las opciones para salvar el subsidio en agua y alcantarillado

Este viernes se conoció una decisión de la Corte Constitucional que parecía insólita. Por falta de dos firmas del ministro de Salud, Fernando Ruiz, y de la ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación, Mabel Gisela Torres, el alto tribunal tumbó un decreto de Duque que otorgaba subsidios a los estratos 1,2 y 3 en el servicio público de agua y alcantarillado.

En esencia lo que contemplaba la norma, firmada por el presidente el 15 de abril en medio de la emergencia sanitaria, era otorgar dichos auxilios durante el resto del año. Se fijó un subsidio del 80 por ciento para el estrato 1; del 50 por ciento para el estrato 2 y del 40 por ciento para el estrato 3.

Según la decisión de la Corte, todos los ministros del Gobierno Nacional deben suscribir los decretos legislativos que se expidan en medio de un estado de emergencia, ya que su rúbrica resulta indispensable para garantizar un principio democrático y para contrarrestar las facultades deliberativas que pueda tener el presidente.

Al respecto se han generado varias dudas sobre lo que implicaría la decisión, si existe alguna posibilidad de salvar el decreto o qué opciones podrían ponerse sobre la mesa para que los ciudadanos, en últimas los más afectados, no se vean perjudicados por este error.

Una posible solución fue explicada por el ministro de Vivienda, Jonathan Malagón. En entrevista con La W, dijo que a través del Congreso de la República se buscará que se apruebe un proyecto de ley que imparta estas ayudas no solo durante la emergencia sino de forma permanente.

Según Malagón, “esta redefinición de parámetros no debería ser un tema transitorio a la luz de la emergencia, yo creo que debería ser permanente. Por eso lo que vamos a hacer es convocar a las comisiones sextas para que pensemos cuál es el mecanismo legislativo para que de manera definitiva tengamos unos nuevos parámetros de subsidio para estratos 1, 2 y 3”.

En el Congreso se buscaría reformar la Ley 142 de 1994, que contempla subsidios para estos estratos. Actualmente dicha norma, en el caso del estrato 3, uno de los más afectados por la pandemia, solo brinda un subsidio del 15 por ciento. La idea del ministro Malagón es que sea del 40 por ciento, como lo señalaba el decreto que se quedó sin piso con la decisión de la Corte.

El abogado constitucionalista Juan Manuel Charry dice que esta podría ser una solución procedente, y además agrega que otra opción también sería que el Congreso le brinde facultades extraordinarias al Ejecutivo para que el Gobierno pueda expedir el decreto.

Otra salida es que en una eventual tercera declaración del estado de emergencia económica, el presidente Duque tenga de nuevo la facultad para expedir el decreto. Sin embargo, ese escenario aún no está claro y se interpretaría como una forma de subsanar un error que aún nadie se explica en la propia Casa de Nariño.

Charry señala que la misma Corte pudo acudir al artículo 45 del decreto 2067 de 1991, que es el reglamento de la Corte Constitucional, que establece que cuando hay vicios de forma se puede remitir el decreto a la autoridad para corregir el vicio.

“Muy bien hubiera podido la Corte decirle al Gobierno que le faltaban dos firmas y corregir el vicio para volverlo a enviar. No lo hizo y desde ese punto de vista tenía un vicio de inconstitucionalidad y así lo declaró”.

Sobre la decisión varios congresistas se han pronunciado. Por el lado del Centro Democrático, el senador Ernesto Macías y el representante Enrique Cabrales recriminaron a la Corte por haber tomado esta decisión.

El representante a la Cámara Wilmer Leal, de la Alianza Verde, acusó al Gobierno por el error y dijo que “es absolutamente desesperante. De los pocos, poquísimos decretos que de verdad ayudaban directamente a los colombianos y lo hacen mal (...) errar es de humanos, pero ya no más”.

El ministro Malagón reconoció que la secretaria jurídica de la Presidencia, Clara María González, quien se encarga de revisar los decretos, se percató de la falta de las firmas de los ministros y notificó a la Corte para que declararan improcedente el decreto.

Con este panorama solo queda que el Congreso brinde alternativas con el fin de que los subsidios puedan ser una realidad, en medio de las serias dificultades económicas que atraviesan millones de colombianos.