"Nos dan pollo dañado y carne con gusanos": informe de cárceles

Desde junio de 2015, una Comisión de Seguimiento de la Sociedad Civil viene revisando el estado de los diferentes centros penitenciarios de Colombia y las condiciones en las que viven allí los reclusos, una misión que se desprende de una sentencia de la Corte Constitucional (T-388 de 2013). 

Su trabajo ha incluido investigaciones y verificaciones de campo para la elaboración de recomendaciones e informes sobre las falencias que existen en el sistema carcelario. Ya hace más de 20 años los magistrados advirtieron que el sistema carcelario del país configuraba un inadmisible "estado de cosas inconstitucionales". ¿En nada ha cambiado la situación?

Tal parece que no. El más reciente esfuerzo de la comisión consistió en entrevistar reclusos de nueve diferentes cárceles en siete ciudades del país. Las conversaciones, llevadas a cabo mediante grupos focales, giraron alrededor de siete ejes: resocialización, hacinamiento e infraestructura, salud, alimentación, acceso a la justicia, carencia de servicios públicos y tratos crueles.

Durante dos meses y medio, desde finales de octubre de 2019 hasta el 15 de enero de 2020, los miembros de la comisión viajaron por el país, establecieron contacto con los presos y corroboraron la existencia de una crisis de importantes magnitudes que debe ser atendida cuanto antes.

De las cárceles visitadas, no hubo una sola en la que la comisión no recibiera quejas sobre el estado de los alimentos que allí se suministran. Los testimonios coincidían en que la comida no cumplía con los mínimos parámetros de higiene y en varias oportunidades representaba una amenaza para la salud.

"En las cárceles hay un estado de cosas inconstitucionales", dijeron magistrados hace 20 años. Y sigue igual.

“Cuando preguntamos que por qué huele a dañada la comida, nos dicen que no sabemos de buen comer: que es una salsa exclusiva. Pero la realidad es otra. Nos dan pollo en descomposición, la carne con gusanos y las papas mugrientas”, señaló uno de los entrevistados.

Además, cosas tan básicas y necesarias como el agua eran limitadas por horarios, estipulados de forma arbitraria por los guardias del Inpec, y les correspondía a los privados de la libertad encontrar la forma de almacenarla. Algunos lo conseguían con baldes y botellas plásticas, pero muchos otros no.

Su uso era restringido y se conocieron casos en que a los reclusos no se les dejaba lavarse manos, bajar la cisterna y tampoco bañarse, incrementando así la propagación de enfermedades. Por si fuera poco, había días en que la presión del agua no era lo suficientemente potente y los pisos más altos de los centros de reclusión no tenían acceso.

Quizá la problemática más evidente y que viene haciendo eco desde años atrás es el hacinamiento. Las celdas, diseñadas en un principio para un reducido número de personas, están atiborradas y es necesario acomodar gente en corredores y demás espacios comunes, incluso en los baños.

“Se registró que en celdas diseñadas para dos o cuatro personas hay ocho. El grado de hacinamiento es tal que algunas personas deben dormir en los pasillos de la reclusión y hasta 200 personas deben compartir dos sanitarios”, se lee en el documento.

Atendiendo la presente coyuntura, la Comisión Civil de Seguimiento organizó un foro virtual llamado “Prisiones en Colombia, una emergencia presente”, en el cual reveló los hallazgos del informe y su evolución desde la aparición del coronavirus. La comisión dejó claro que las falencias que denuncian han persistido por décadas y que la poca determinación del gobierno de turno ha contribuido a que los riesgos de enfermedad sean altos para las personas privadas de la libertad.

El hacinamiento nunca ha tenido solucione reales.

En particular, la crisis se agravó en los últimos meses por cuenta del coronavirus, si las tazas de fatalidad se mantienen bajas es debido a que la población carcelaria en general es joven. Pero ante los altos niveles de propagación de la covid-19 en las celdas, la comisión hizo un llamado para que se dote a los centros de reclusión de medidas de bioseguridad que disminuyan el contagio.

La Comisión Civil de Seguimiento está compuesta por Dejusticia, el Centro de Investigación en Política Criminal de la Universidad Externado, el Colectivo Abolicionista Contra el Castigo, CODHES, Corporación Humanas Colombia, el Equipo Jurídico de Pueblos y la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos. Para todos ellos, la conclusión general es solo una: tal como lo dijo la Corte Constitucional en 1998, las cárceles del país son un estado de cosas inconstitucionales.