Las “precisiones” que realizó el defensor del Pueblo sobre el informe de la CIDH

El defensor del Pueblo, Carlos Camargo, se pronunció este viernes sobre el informe que realizó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tras su visita a Colombia en el marco del Paro Nacional.

Camargo manifestó que, luego de una revisión “exhaustiva” al documento, observó que “gran parte” de sus consideraciones coincide con la realidad que -aseguró- su entidad ha venido “evidenciando durante el acompañamiento permanente a las manifestaciones que recientemente ha experimentado el país”. Añadió, de hecho: “Creemos que la CIDH leyó juiciosamente nuestras apreciaciones y se pronunció sobre lo que consideraba conveniente”.

No obstante, el funcionario hizo una serie de reparos al documento, debido a considera que las apreciaciones del organismo no dan cuenta de “parte importante de los hechos presentados en el marco de la protesta, que son necesarios para la construcción de soluciones y puntos de encuentro”.

En primer lugar, Camargo afirmó que desde la Defensoría se echa de menos que en el capítulo en el que se habla de hechos de violencia contra las misiones médicas “no se haya hecho referencia a que la mayoría de dichas afectaciones han provenido de bloqueos permanentes y actos de violencia por parte de infiltrados en las manifestaciones, concentrándose únicamente en las acciones de la fuerza pública”.

Además, señaló que la CIDH desconoció “la diferencia básica entre los conceptos de personas sin ubicar y personas desaparecidas, que constituyen a su vez dos realidades completamente diferentes, que determinan la afectación o no de derechos fundamentales”.

“Esta omisión desconoce también la importancia que tiene el mecanismo de búsqueda urgente de personas como el inicio de una investigación activa y rápida para encontrar a esas personas, y para evitar la materialización efectiva de un delito de desaparición. La diferencia en las cifras, lejos de constituir una inconsistencia, es básicamente el reflejo de conceptualizaciones metodológicas claramente sustentadas y mucho más precisas”, expresó.

Por otra parte, el defensor del pueblo manifestó que la visita del organismo no fue aprovechada para definir “unos criterios claros, objetivos y verificables respecto de cuáles cierres viales o bloqueos pueden ser objeto de restricciones y prohibiciones por parte de los estados y cuáles; en cambio, están cobijados por el derecho a la manifestación, respetando y sujetándose a lo contenido por nuestra Constitución”.

“Pese a que la Comisión recibió amplia información sobre las graves vulneraciones de derechos que fueron consecuencia de estos bloqueos, su análisis es ambiguo en las observaciones y recomendaciones en ese punto. Por solo citar un ejemplo, se elude el hecho de que dos niños perdieron sus vidas mientras las ambulancias en las que eran trasladados fueron detenidas y vandalizadas”, expresó.

Igualmente, dijo que tras revisar las 41 recomendaciones realizadas por la CIDH en su informe, la mayor parte de ellas ya se ha venido ejecutando. “En particular por la Defensoría del Pueblo a través de múltiples acciones, así como en las recomendaciones al Ministerio de Defensa del pasado mes de diciembre y en la Resolución 077 de junio de 2021″.

En relación con el mecanismo de seguimiento y monitoreo planteado, el funcionario afirmó que la Comisión “puede contar con que la institucionalidad colombiana y en particular la Defensoría del Pueblo tienen la capacidad suficiente y están dispuestas a brindar toda la información que se requiera sobre los ajustes institucionales que Colombia está haciendo para responder a la protección y garantía de los derechos de todos los ciudadanos durante las manifestaciones”.

En la parte final de su intervención, el defensor expresó que recibe el informe con “espíritu constructivo”. No obstante, aseguró que es “fundamental” que “los hechos que se evidencien en los informes sobre derechos humanos den cuenta de la realidad vivida por el país durante las manifestaciones, sin sesgos, ni omisiones ni sobrevaloraciones”. Sostuvo que “este es el primer y más importante paso para la protección de los derechos de nuestra gente, y para la reconciliación”.