Las propuestas para reformar la justicia del magistrado que quiere ser ministro de Petro

Sigue la expectativa por quiénes serán los ministros que acompañarán a Gustavo Petro en estos cuatro años de mandato que iniciará el 7 de agosto. Una de las carteras más importantes sin duda es la de Justicia que, en medio de los avances que se han logrado, también tiene varios problemas por resolver.

Uno de los personajes que más han sonado, y que más han pedido desde el petrismo, es el magistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE), Luis Guillermo Pérez, cercano al Pacto Histórico y al presidente electo.

Pérez quiere el puesto, y por eso lanzó una serie de recomendaciones de cómo reformaría el Ministerio de Justicia si estuviera en el cargo, comenzando por el nombre, ya que dice pasaría de ser el “Ministerio de Justicia y Derecho” al “Ministerio de Justicia y Derechos Humanos”.

Uno de los puntos que más llama la atención de su propuesta, y que Petro reiteró en campaña en varias ocasiones, es con relación a los centros penitenciarios y el nuevo enfoque que buscaría darle el gobierno entrante.

Pérez afirmó que las cárceles del país solo serían para las personas con los delitos más graves. Uno de los principales problemas a solucionar es el hacinamiento, una grave problemática en el país.

“Para prevenir el delito superando el populismo punitivo y estableciendo la cárcel solo para los delitos más graves superando el hacinamiento carcelario y los efectos negativos para la dignidad humana”, comentó el magistrado Pérez.

Asimismo, recalcó que “las cárceles no serían escuelas de crimen ni zonas de no derechos para los reclusos”. En ese sentido, también propuso que se desarrollen diferentes políticas para que los presos puedan estudiar con el Sena y en universidades públicas, además de hacer alianzas con empresas para buscar su reinserción en la sociedad, una idea que Petro recalcó a lo largo de la campaña.

“Todas las políticas públicas que se promuevan desde este Ministerio tendrán enfoque de género, enfoque étnico, bajo los principios de no discriminación, primacía de la dignidad humana, convivencia, construcción de paz y democracia”, comentó Pérez.

El togado dijo que el Ministerio de Justicia deberá impulsar una política criminal que busque el sometimiento de las bandas criminales urbanas y rurales y que haya una resocialización de los que delinquen.

Propuso pasar la Consejería Presidencial de Derechos Humanos, la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y la Unidad de Víctimas al Ministerio de Justicia.

Pérez criticó la gestión del presidente Iván Duque con cifras de Indepaz y recalcó el informe de la Comisión de la Verdad, lo que da una idea de la visión y fuentes que tendría el nuevo gobierno para dar ese viraje en materia judicial.

“La Comisión de la Verdad nos interpela ¿cómo fue posible esta barbarie sin que el Estado, la sociedad, los partidos, las iglesias, la prensa no hayan reaccionado con la fuerza necesaria para detenerla?”, señaló Pérez.

Cuestionó a la fuerza pública, diciendo que en su actuar ha faltado garantizar los derechos humanos, e incluso, los criticó fuertemente señalando que se han presentado políticas “para violar” los derechos.

“A través de darle tratamiento de enemigo interno a quienes han defendido los DD.HH., la paz o la madre tierra”, comentó. Dice que, en cambio, deberían tener un mejor tratamiento para solucionar la guerra, los conflictos sociales, las movilizaciones y los “estallidos sociales”.

También propuso una reforma a la Policía, parecida a la que ha anunciado Petro en su discurso. “El Sistema Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario y la llamada Política Pública Integral en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, no pueden materializarse si no se depura la fuerza pública, si no se le forma en valores democráticos”, aseguró.

Pérez ha sonado con fuerza para ser el ministro de Justicia de Gustavo Petro, por lo que sus apreciaciones podrían ser la hoja de ruta para quien esté en la cartera próximamente. Desde el petrismo, varios líderes, muchos cercanos al nuevo mandatario, han impulsado su nombre y es evidente que el magistrado quiere el cargo.