JUSTICIA

Las pruebas de la corte para llamar a indagatoria al expresidente Uribe

SEMANA conoció en exclusiva la decisión de 12 páginas que motiva el llamado a indagatoria al jefe del Centro Democrático y al representante Álvaro Hernán Prada. Interceptaciones al abogado Diego Cadena, claves en la decisión.

24 de julio de 2018
| Foto: Esteban Vega

El golpe judicial más importante de la Corte Suprema de Justicia en su historia quedó consignado en una providencia de 12 páginas. La sala de instrucción -conformada por los magistrados José Luis Barceló, Luis Hernández y Fernando Castro- fue concreta en su decisión de llamar a indagatoria al expresidente Álvaro Uribe Vélez, que tendrá que responder por los presuntos delitos de soborno y fraude procesal. 

Las tesis del alto tribunal quedó consignada en un auto conocido por SEMANA, que revela el diseño y ejecución de un supuesto plan orientado a desviar la atención de la justicia y por esta vía hacer incurrir en el error a las autoridades a la hora de tomar determinaciones contra Álvaro y Santiago Uribe. Dicho plan -dice la corte- contó con la participación, al parecer, del representante a la Cámara Álvaro Hernán Prada, razón por la cual también fue citado a indagatoria. 

A través de interceptaciones telefónicas, la corte establece que Uribe utiliza los servicios del abogado Diego Cadena, quien ha contado con la colaboración de otras personas para contactar dentro y fuera de las cárceles a exmiembros de grupos paramilitares. Esto con el fin de que -a cambio de favores jurídicos y al parecer de dinero- elaboren escritos y videos que favorezcan a los hermanos Uribe Vélez.

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Aunque el caso en cuestión se origina por los hechos que rodearon las presuntas presiones al testigo Juan Guillermo Monsalve, el alto tribunal subraya que los abogados de Uribe han presentado solicitudes anexando videos y escritos, supuestamente realizados de manera voluntaria por los protagonistas, a fin de desvirtuar la decisión de archivar la investigación en contra del senador Cepeda. Con ello, también le apuntaban a quitarle soporte jurídico a la compulsa de copias en contra de Uribe.

El punto de inicio de las investigaciones fue el 22 de febrero del 2018, seis días después de archivarse la investigación preliminar en contra del senador Iván Cepeda. En esa fecha, el abogado Reinaldo Villalba denunció un supuesto plan para hacer cambiar de parecer al testigo Juan Guillermo Monsalve respecto de sus declaraciones en contra del expresidente Uribe y su familia.

Ante la Corte Suprema de Justicia, el abogado aseguró que Monsalve, preso en la cárcel La Picota, recibió de un amigo suyo de Neiva un mensaje por vía Whatsapp en donde decía que "un man muy grande" quiere hablarle "referente a ese chicharrón": "Me llegaron de parte del ex... pues para que hable con usted de parte directamente del ex". 

Para la corte, esa persona importante es al parecer el congresista Álvaro Hernán Prada. Así lo deduce porque en dichas comunicaciones, el amigo de Monsalve también habría enviado notas de voz en donde manifestó que el presidente del Centro Democrático de Huila, lo abordó y le pidió que tramitara un video en el que se retractara de sus testimonios y culpara a Cepeda de haberle ofrecido prebendas para rendir declaraciones. En el audio manifesta la urgencia porque dicho video tenía que ser radicado con antes del 23 de febrero, el día en que se vencían los términos para presentar recurso de reposición contra la decisón de archivo del caso de Cepeda. 

En un aparte de la conversación -dice la denuncia de Villalba- el amigo de Neiva dice que el vocero del Centro Democrático desde su teléfono lo puso en altavoz directamente a hablar con "el viejo" que era "la voz del viejo", y que le manifestó que le ayudara con el video. En su conversación, asegura que le va a mandar un abogado a la cárcel a quien Monsalve se negó en un primer momento a recibir. 

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La corte estableció que el abogado que intentó hablar con Monsalve ese 21 de febrero es Diego Cadena, que se autodenomina abogado de Álvaro Uribe Vélez. Aunque ese día no logró la cita, al día siguiente, con la intervención del recluso Enrique Pardo Hashe, se logró ese objetivo. Los detalles previos, durante y posteriores a la reunión fueron grabados en una cámara escondida que tenía Monsalve. 

Ese 22 de febrero ingresó al pabellón de extraditables Cadena, quien fue recibido por Pardo Hashe. Luego entró el abogado defensor de Monsalve, Héctor Romero, y minutos más tarde Jaime Lombana y María Mercedes Williamson de Londoño. Cadena y Romero se sentaron en una mesa y Pardo en otra, en compañía de Lombana y Williamson. El último en llegar al sitio fue Monsalve, quien se sentó en la mesa de Cadena y de Romero.

Cadena -dice la corte- le pidió a Monsalve firmar un documento que sería presentado ante la corte, y a cambio le ofreció presentar una acción de revisión en su caso sin cobrarle honorarios, gestionar las mejores condiciones de reclusión y le sugirió seguridad para él y para su familia. Minutos más tarde, Pardo Hashe se unió a la reunión tras despedirse de los abogados Lombana y Williamson de Londoño; dice la corte que intervino activamente para que Monsalve accediera a firmar el documento, pero éste se negó argumentando no estar dispuesto a incurrir en un delito de falso testimonio, que lo llevaría a incrementar la pena que estaba purgando. 

La corte asegura que Diego Cadena visitó en dos oportunidades a Monsalve con el fin de obtener de su puño y letra un escrito que le ofreciera disculpas a Uribe y afirmara que fue víctima de una falsa ilusión ofrecida por ese senador Cepeda. Dice el documento de la sala de instrucción que de estas gestiones el abogado Cadena informó de inmediato al senador Uribe. 

En el auto se lee que Monsalve elaboró en su celda, con asesoría de Pardo Hashe, un escrito en el que hacía las afirmaciones que estaban pidiendo. Este papel debía ser entregado por Cadena a través de la compañera de Monsalve Deyanira Gómez. Aunque se concertó una cita en una cafetería en el centro de Bogotá, a comienzos de abril, dicho documento no fue entregado.  

Finalmente, Cadena solicitó la revocartoria de archivo a la corte con base a tres escritos al parecer confeccionados por tres internos de la cárcel de Cómbita. En dicho recurso dejó la expresa constancia de que representaba al expresidente Uribe, sin embargo, para este expediente no se ha acreditado poder para actuar en nombre del senador.

Estas evidencias, que hacen parte del proceso, fueron reveladas por Coronell en sus columnas. Sin embargo, las interceptaciones telefónicas derivaron en nuevas pistas que hoy tienen a Uribe dando explicaciones. 

Entre las nuevas pistas con las que cuenta la corte, está el hecho de que de manera personal y directa, Uribe Vélez ha procurado contactar con personas en el exterior para que Juan Carlos Sierra Ramírez, alias El Tuso Sierra, haga un video declarando a su favor. Con un idéntico propósito ha gestionado contactos similares, buscando personas para desacreditar a Juan Carlos Meneses, testigo en la investigación que en la actualidad tiene en juicio a Santiago Uribe.

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Sin embargo, una de las pistas más reveladoras del expediente se centra en que siguiendo instrucciones de Uribe, el abogado Diego Cadena hizo contacto en la cárcel El Buen Pastor con la exfiscal Hilda Jeanette Niño para que se comprometiera a declarar en el juicio de Santiago Uribe. Niño Farfán fue hasta hace unos meses la segunda funcionaria más importante de la Direción de Justicia Transicional; sin embargo, fue capturada dentro de un escándalo de corrupción por supuestos beneficios al exjefe paramilitar Miguel Ángel Mejía Múnera, alias El Mellizo, y sus hombres más cercanos. 

El alto tribunal escuchó las conversaciones de Cadena en donde manifestaban que ella supuestamente aportaría información para destapar una conspiración del exfiscal Eduardo Montealegre para enredar a Santiago Uribe con los 12 Apóstoles. Durante esa administración, se tomó la decisión de llamarlo a juicio por los presuntos delitos de homicidio y concierto para delinquir.

Según la corte, ella accedió a cambio de ayuda para que se diera cumplimiento a una tutela que fue fallada en su favor y que ordenaba que fuera trasladada del Buen Pastor a la Escuela de Caballería. Actualmente, está recluída en la Escuela de Carabineros. 

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Para el alto tribunal, estos hechos se tipifican como soborno en actuación penal y fraude procesal. E imparte una serie de órdenes como practicar testimonios a los abogados Héctor Romero, Diego Javier Cadena, Jaime Lombana, María Mercedes Williamson; también al recluso Enrique Pardo Hashe y al senador Iván Cepeda Castro. También será escuchado en ampliación de interrogatorio Juan Guillermo Monsalve.

La corte también contesta a la solicitud de los abogados de Uribe de ser escuchado en versión libre y asegura que como quiera el expresidente elevó su escrito el 28 de junio solicitando información acerca de la existencia de la actuación judicial y pidió que ser escuchado, "por sustracción de materia" esta decisión, el llamado a indagatoria, responde a tal solicitud.