El trasfondo de la USB que entregó Otto Bula

Días después de la captura de Otto Nicolás Bula, el 14 de enero pasado, a los calabozos del búnker de la Fiscalía llegó un abogado llamado Manuel Duarte quien llevaba una manilla roja con una USB marcada con el nombre de Odebrecht.

Esta memoria es la misma que Bula entregó en su primer interrogatorio a la justicia el 19 de enero de este año para demostrar que los ejecutivos de Odebrecht en Brasil estaban engañando a la justicia colombiana. No sabía -según explicó él mismo- que el dispositivo contenía pistas clave para perseguir el entramado de corrupción que se gestó a su alrededor, incluyendo la presunta participación de funcionarios de la Fiscalía que hoy están en la mira de la justicia.

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Para Bula la USB solo contenía tres archivos que correspondían a igual número de contratos que el exsenador firmó con Odebrecht y que fueron firmados en el 2016, según insiste, para hacerle un favor a Eleuberto Martorelli, presidente de la firma constructora en Colombia. Con esos contratos, busca desmentir que recibió 4,6 millones de dólares como cuota de éxito por ayudar a que Odebrecht saliera triunfante en la adjudicación del otrosí Ocaña–Gamarra en el año 2013.

La memoria USB fue sometida al análisis de ingenieros de la Fiscalía, que se llevaron una sorpresa mayor. La memoria fue manipulada en un computador MAC y cientos de archivos fueron eliminados el 17 de enero; todos marcan la trazabilidad /Trash/ (basura). El botín es que todo pudo ser recuperado.

Así que gracias a los forenses digitales, la USB solamente cuenta con los archivos de los contratos sino copia de chats, documentos de los negocios con Odebrecht, y, lo más deliciado, información relacionada con procesos y diligencias adelantadas por la Fiscalía de Lavado de Activos y Extinción de Dominio.

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Esta información es la base de varias investigaciones que se adelantan en la Fiscalía, entre ellas, la que hace unos días llevó a la cárcel al exfiscal Rodrigo Aldana. Entre los documentos, apareció una proyección de archivo de la investigación que llevaba Aldana contra dos bienes de Bula en Sahagún y que estaban en poder de la Unidad de Extinción de Dominio en el marco de una incautación a los capos del Valle Ignacio y Juan Fernando Álvarez Meyendorff.

La noticia sobre el contenido de la memoria, que fue legalizado ante un juez de control de garantías y está en cadena de custodia, cayó como del cielo para la Fiscalía y como un bumerán para Bula.

Al ser interrogado por el contenido del dispositivo aseguró que le fue proporcionado, una vez cayó detenido, por el abogado Manuel Duarte, un personaje que sería pieza clave del entramado de Odebrecht en Colombia y a quien la Fiscalía le sigue de cerca la pista.

“Esos documentos tiene que ver con él, deben ser de él, yo no tuve la memoria sino el día que el abogado me la entregó y yo la entregue a la Fiscalía. Yo ya estaba detenido y no tengo acceso a ningún computador”, indicó Bula ante la Fiscalía.

El nombre de Duarte es mencionado reiteradamente en las investigaciones que realiza el ente acusador por ser hasta ahora el supuesto portador de la USB. Aunque ha sido citado a interrogatorio, este se ha negado a comparecer.

Según Bula, Duarte es amigo del fiscal Rodrigo Aldana y vive en Chía cerca de su casa. El exsenador relató a la Fiscalía que Duarte y el abogado Daniel Suárez lo asesoraron para la firma de los tres contratos con Odebrecht en el año 2013, los cuales, según él, fueron posfechados por petición de las directivas de Odebrechet en Colombia.

Daniel Suárez sería un exfiscal de la Unidad de Lavado de Activos que fue declarado insubsistente y luego se dedicó al litigio; hace varios años fue abogado del general (r.) Miguel Maza Márquez y aseosr en el caso DMG.

Después de haberlo ayudado con ello, Bula asegura que ambos terminaron suscribiendo contratos de asesoría con Odebrecht sobre temas de lavado de activos. "Ellos (Sánchez y Duarte) la primera vez que fueron a Odebrecht fue cuando yo los llevé para que me asesoraran y ya después Odebrecht los contrató a ellos", dice la declaración de Bula conocida por Semana.com.

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Con esta información, cuya mayoría de contenido aún se mantiene en completo hermetismo, la Fiscalía va tras una cadena de corrupción dentro del mismo organismo acusador y en la justicia. Incluyendo la existencia de lo que serían oficinas paralelas de algunos fiscales que actuaban en alianza con los investigados.

La estrategia jurídica de Bula, entre tanto, apunta a señalar que la USB fue entregada en el marco de una negociación con la justicia, por lo que su contenido no puede ser usado como evidencia en ninguna investigación, ni siquiera en la del fiscal Aldana.

“Es gravísimo lo que acaba de ocurrir, la Fiscalía trae unos elementos probatorios que Bula entregó en parte de una negociación con la justicia. Si esa negociación fracasa no puede ser usado en su contra”, indicó la defensa durante su última audiencia.

Sin embargo, para la Fiscalía, la entrega de la USB en su primera diligencia, la hizo con el fin de probar cómo se firmaron los contratos con Odebrecht y desmentir a Martorelli, y no bajo ninguna negociación con la justicia. De hecho, insiste el ente acusador, como el mismo Bula lo afirma, lejos estaba de imaginar que del dispositivo se hubieran eliminado archivos que después pudieron ser recuperados por el ente investigador y que contienen pistas en varios frentes, incluyendo el siguiente gran golpe de la Fiscalía: la corrupción al interior de la justicia.

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