Las razones de la Corte Suprema para llamar a indagatoria al congresista Edwin Ballesteros

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia ya fijó el próximo 23 de agosto como fecha para la indagatoria del congresista Edwin Ballesteros. El alto tribunal tomó la decisión de abrir investigación penal contra el representante, señalando que “se dispone vincularlo mediante indagatoria, por hechos relacionados con presuntos contratos irregulares en la Empresa de Servicios Públicos de Santander”.

Los delitos que se investigan para determinar si Ballesteros incurrió o no en alguno o varios, son: concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación y cohecho.

Ballesteros debe responder por tres contratos que están siendo investigados y que hacen parte de algunos de los capítulos de un expediente que tiene también a otro congresista, Richard Aguilar, dando explicaciones ante la Corte Suprema.

El primero, es el 157 de 2014, documento que fue suscrito entre la Empresa de Servicios Públicos de Santander e Ingream S.A.S (representada legalmente por Octavio Reyes Sarmiento) el 29 de diciembre de 2014. Este contrato fue firmado por la suma $1.188.804.830 y su objetivo era el mantenimiento del sistema de alcantarillado en un sector denominado El Casino, en el municipio de Sucre, Santander.

Esta decisión tiene que ver con un proceso que se surte contra el senador Richard Aguilar. La Corte busca determinar si habría existido un previo acuerdo entre los dos para la adjudicación de los contratos para la construcción de los acueductos de los municipios de Chipatá y Barichara a Octavio Reyes Sarmiento, a cambio de $600 millones.

Otro contrato, del 23 de febrero de 2015, está por 472 millones de pesos. En este caso, es para una planta para potabilizar agua en Enciso, Santander. Ese documento se firmó con la Unión Temporal Enciso Potable.

Y hay un tercer contrato, puntualmente del 4 de diciembre de 2015 con la Unión Temporal Enciso Potable, por más de 4 mil millones de pesos para el sistema de acueducto en el municipio de Landázuri.

Esta investigación se desprendió de una compulsa de copia del proceso que se adelanta contra el senador Richard Aguilar, en cuyo caso tras tener varias pruebas y más de 30 testigos, la Corte Suprema también decidió abrirle investigación formal y llamarlo a indagatoria. En el caso de Aguilar, la Corte Suprema indaga la presunta responsabilidad de senador en temas contractuales que se habrían presentado cuando fue Gobernador de Santander (2012-2015).

Ballesteros fue noticia hace pocas semanas cuando denunció a través de su cuenta en twitter que ha sido blanco de varias amenazas en su contra por defender el programa de Ingreso Solidario.

El legislador ha sido uno de los escuderos del Gobierno en el Congreso para defender los programas sociales y, según su denuncia, esto ha generado las intimidaciones en su contra.