Las razones para declarar La Granja, el Aro y Jesús María Valle como crímenes de lesa humanidad

El 27 de febrero de 1998 fue asesinado en Medellín el abogado, concejal de Ituango y defensor de Derechos Humanos Jesús María Valle Jaramillo. Murió por denunciar atropellos, reclamar justicia y pedir protección para la población civil de los corregimientos de La Granja y El Aro, adonde la gente fue víctima de la violencia que trajo la incursión paramilitar.

Una de sus denuncias sobrevivió y –después de dos décadas– está en manos de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, que la semana pasada le bloqueó el camino a cualquier posibilidad de que los crímenes que hacen parte del expediente y la muerte misma del defensor de Derechos Humanos prescriban. 

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En un auto firmado por la Sala Penal, fueron declarados estos hechos como de lesa humanidad teniendo en cuenta que el defensor de Derechos Humanos, a raíz de sus denuncias, fue estigmatizado, tachado como afín a los grupos rebeldes y por esa razón declarado objetivo militar de las autodefensas. Sobre él había una amenaza que finalmente segó su vida. 

Los ejes de sus denuncias fueron la incursión paramilitar en Ituango y la colaboración o participación de algunos miembros de la Policía Nacional, las Fuerzas Militares y otras autoridades públicas para la ejecución de las acciones violentas. De manera reiterada solicitó al entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe, protección para la población civil sin que -dice la denuncia- se tomaran medidas para conjurar el peligro que tenía a sus espaldas. 

A comienzos de este año los magistrados decidieron asumir en pleno la investigación por los delitos de concierto para delinquir con relación a la creación, fomento, promoción, utilización de grupos armados al margen de la ley; homicidios masivos (masacres) y el asesinato de Jesús María Valle. El caso llegó desde la Fiscalía en el año 2014 y desde entonces había quedado en el despacho del magistrado Gustavo Malo, sin que hasta el momento se tuviera conocimiento de algún tipo de avance. 

La denuncia que llegó desde la Fiscalía incluyó los elementos aportados por el senador Iván Cepeda, quien entregó entrevistas que él hizo a los exparamilitares Pablo Hernán Sierra (alias Alberto Guerero) y Juan Guillermo Monsalve. Tales denuncias no fueron un hallazgo del congresista, ambos exparamilitares habían entregado formalmente esas mismas versiones años atrás, sin que se les diera ningún trámite. El senador logró sí visibilizar la inoperancia de la administración de justicia. 

Dicha documentación da cuenta de la supuesta conformación, promoción o financiación a medidados de los años 90 de una estructura armada organizada al margen de la Ley, en el nordeste antioqueño, que habría usado como base de operaciones la Hacienda Guacharacas, de propiedad de la familia Uribe Vélez. Esta agrupación, al parecer, cometió ataques a la población civil del municipio de San Roque, entre ellas, las masacres del 13 de julio y del 17 de septiembre del 1996.

En específico se refiere a la masacre de La Granja, el 11 de junio de 1996, cuando perdieron la vida violentamente 4 personas. Y a la masacre de El Aro, ocurrida entre los días 22 y 23 de octubre de 1997, en donde 16 personas fueron asesinadas, fueron secuestradas otras 17 y se provocó un incendio que arrasó con el caserío. Hurto de ganado, desplazamientos, fueron otros de los efectos de las incursiones. 

En consecuencia, el auto asegura que como hipótesis investigativa se busca determinar si un grupo armado ilegal se conformó y asentó en la Hacienda Guacharacas, de propiedad de la familia Uribe Vélez, aparentemente con el pretexto de contrarrestar la acción del ELN. Grupo paramilitar además, que en su afán por cumplir el designio criminal de los comandantes de la organización, estigmatizó a la población civil residente en las zonas de influencia guerrillera, como ocurrió en los municipios de Ituango y San Roque.

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"El crimen no fue aislado sino uno más en la sistematicidad y generalidad con que actuó el grupo armado ilegal que lo cometió, a instancias de sus líderes y promotores", dice el auto. 

La decisión de declarar estos casos como de lesa humanidad tiene fundamento en las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que encontró responsable a la Nación por las masacres de Ituango y por la muerte de Valle Jaramillo. Este último crimen, cometido para acallar las denuncias que había formulado sobre los crímenes perpetrados en Ituango por paramilitares en connivencia con miembros de la Fuerza Pública.

En estas decisiones, el tribunal del Sistema Interamericano le ordenó a Colombia remover todo obstáculo que impidiera la debida investigación de los hechos y llegar al conocimiento de la verdad.  

De acuerdo a los elementos de juicio contenidos en el expediente, la Corte Suprema asegura que la muerte de Jesús María Valle fue parte de un ataque sistemático en contra de defensores de derechos humanos que levantaron la voz para denunciar las afrentas contra la población civil, las alianzas entre la fuerza pública y los paramilitares, y que visibilizaron el incumplimiento de las autoridades de prevenir estos hechos y proteger a la comunidad. Al respecto, el documento recuerda las muertes de los esposos Mario Calderón y Elsa Alvarado, cuyo homicidio ocurrió el 19 de mayo de 1997, y de Eduardo Umaña Mendoza, asesinado el 18 de abril de 1998 en Bogotá. 

"Es evidente que los hechos investigados constituyen crímenes de lesa humanidad por ser parte de ataques sistemáticos masivos dirigidos contra la población civil, planeados y organizados en cumplimiento de políticas emanadas del grupo que las implementó".

El alto tribunal tiene en su poder declaraciones de excomandantes paramilitares que aseguran que el homicidio fue comentido por integrantes de las Auc en asocio con miembros de la fuerza pública y algunas autoridades civiles, con el fin de acallar los señalamientos sobre la violación sistemática de los derechos humanos, la violencia y las masacres que afectaban la municipalidad de Ituango y sus alrededores.

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Una de las versiones la entregó Diego Fernando Murillo, alias Don Berna, quien aseguró que el crimen fue ordenado por Carlos Castaño, comandante máximo de las AUC, ante la solicitud de Pedro Juan Moreno, Secretario de Gobierno de Antioquia ya fallecido. La justificación -según señaló Don Berna-, habría sido que Valle Jaramillo era alguien muy molesto por los señalamientos que estaba haciendo contra agentes del Estado como partícipes de las masacres de La Granja y el Aro.