¿Por qué van imputar a los jefes del ELN por el carro bomba?

José Aldemar Rojas, el conductor de la camioneta bomba que detonó en la Escuela General Santander,  tramitó su pase en febrero del 2018. Cuatro meses después, compró la camioneta Nissan Patrol de color plateado que este jueves estalló en el Alma Máter de todos los comandantes y directores de la Policía Nacional, cobrando la vida de 20 personas.

Este indicio será la base de la decisión que tomará en los siguientes minutos el Gobierno Nacional frente a las negociaciones con el ELN. Así lo dejaron claro el alto comisionado, Miguel Ceballos, y el ministro de Defensa, Guillermo Botero, quienes subrayaron que la planeación de este "execrable" hecho se estaba planeando hacía por lo menos diez meses. 

La Fiscalía anunció que por este acto terrorista imputará cargos a título de determinadores y autores intelectuales a miembros del Comando Central del ELN, quienes deberán responder por línea de mando. Martínez aseguró que cuenta con material probatorio que permite identificar que el atentado no fue una decisión aislada sino que correspondió a órdenes impartidas por sus superiores en la agrupación armada ilegal del ELN.

Le recomendamos: EN VIDEO: El recorrido del carro bomba para llegar a la General Santander

Puntualmente, este procedimiento se librará en contra de Nicolás Rodríguez Bautista, alias Gabino; Eliécer Erlington Chamorro Acosta, alias Antonio García; Israel Ramírez Pineda, alias Pablo Beltrán; Gustavo Aníbal Giraldo, alias Pablito; Rafael Sierra Granados, alias Ramiro Vargas, y Pedro Elías Cañas Serrano, alias Óscar Santos. Las investigaciones continuarán para dar con otros determinadores y autores intelectuales del atentado terrorista en la Escuela General Santander de la Policía.

Desde su llegada a la presidencia, Iván Duque se negó a enviar a un delegado del Gobierno para que retomara las conversaciones con este grupo guerrillero. El argumento central de este distanciamiento es el incumplimiento de los condicionamientos de liberación de todos los secuestrados, y el compromiso de no volver a secuestrar y no volver a cometer actos criminales. 

Puede leer: Ricardo Andrés Carvajal Salgar, el primer capturado por el carro bomba

"El 7 de agosto, el presidente dio un mes para evaluar el proceso de paz con el ELN que durante 17 meses realizó el Gobierno anterior. El primer resultado fue negativo porque identificamos con el Ministerio de Defensa que se habían cometido más de 400 actos contra la Ley, de terrorismo, contra los ciudadanos; habían asesinado a más de 100 personas", aseguró Ceballos.

En los últimos meses, se reactivaron las órdenes de captura en contra de algunos miembros del ELN, entre ellos, integrantes del COCE con sus respectivas circulares rojas para ser ubicados en cualquier parte del mundo. Hace pocas semanas, el Gobierno colombiano pidió a Venezuela información sobre la presencia en su territorio de tres jefes guerrilleros Eliécer Herlinto Chamorro Acosta, alias Antonio García; Rafael Sierra Granados, alias Ramiro Vargas, y Aníbal Giraldo Quinchía, alias Pablito.

Este úlitmo es clave porque se investiga la responsabilidad directa que haya podido en el ataque a la Escuela General Santander, ya que los últimos movimientos de José Aldemar Rojas, conocido como El Mocho o Kiko, los hizo en la Comisión Camilo Cienfuegos, del Frente Domingo Laín del ELN, en el 2015. Y posteriormente como jefe de Inteligencia. El hombre también había tenido una cercanía con Nicolás Rodríguez alias Gabino, contra quien pesa una orden de captura internacional, que el gobierno asegura, debe ser acatada. "El Gobierno colombiano mandó una nota diplomática al Gobierno de Cuba para hacerla efectiva", precisó Ceballos.

Le recomendamos: ¿Quién es José Aldemar Rojas, el supuesto autor material del ataque a la Policía?

"Frente al terrorismo, el Gobierno de Duque no va a ceder y no va a negociar", sentenció el alto comisionado, quien anunció un pronunciamiento del Primer Mandatario al término de un Consejo de Seguridad.  

El fiscal Martínez aseguró que esperarán las decisiones del gobierno colombiano frente a un eventual reactivación completa de las órdenes de captura. Aclaró que la suspensión de algunas de ellas, en el marco de la negociación, no inhibe al poder judicial para presentar hechos que tiene en su poder para solicitar nuevas órdenes de captura, como la imputación de cargos en contra del COCE por desplazamiento forzado y reclutamiento de menores en el Chocó.

En materia de secuestro, el Gobierno le endilga al grupo guerrillero el secuestro de 9 personas desde la llegada de Duque a la presidencia. El último caso fue el secuestro de los tres tripulantes del helicóptero de valores que fue derribado el 11 de enero en Hacarí (Norte de Santander). En este episodio, el ELN se apropió de 1.700 millones de pesos que llevaba en su interior.