Razones para ordenar al Gobierno publicar contratos de vacunas contra la covid-19

La firma de millonarios contratos entre Colombia y las farmacéuticas internacionales que administran la vacuna contra la covid-19 se convirtieron en un secreto de Estado y el Gobierno del presidente Iván Duque aseguró que las condiciones de esos contratos incluían la reserva de los mismos. Ahora el Tribunal Administrativo de Cundinamarca da la razón a varias organizaciones que insistieron al Gobierno en la necesidad de publicar las condiciones de esos contratos.

A través de un recurso de insistencia, el Instituto Anticorrupción logró que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca le diera una orden clara al Gobierno y hasta con fecha de vencimiento. En un plazo de tres días, y a través de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, tendrán que revelar los detalles de los contratos que firmó Colombia con las farmacéuticas para la compra de vacunas contra la covid-19.

Para el Tribunal y los magistrados que tomaron la decisión, los contratos no pueden vulnerar otros derechos que están protegidos por la Constitución, como el acceso a la información, además de la participación y el control del poder público. Según el presidente del Tribunal, el magistrado Luis Alberto Ortegón, las cláusulas de confidencialidad que cubrían la etapa de negociación ya culminaron y, por tanto, no existen razones para mantener bajo secreto las condiciones de los contratos.

En criterio del magistrado Ortegón no hay razón para mantener esa confidencialidad. “En los contratos no hay información sensible ni relacionada con propiedad intelectual ni que ponga en peligro la salud pública o se puedan dar a conocer secretos industriales”.

El director del Instituto Anticorrupción, Camilo Enciso, uno de los autores del recurso de insistencia ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, aseguró que mantener la reserva de los contratos termina por vulnerar “el principio de transparencia”, que es pilar de la contratación estatal, además de acceso a la información pública a que cualquier colombiano tiene derecho.

“No permitan que el Gobierno nacional o los gobiernos territoriales les nieguen su derecho fundamental de acceso a la información. Nosotros tenemos derecho a conocer los documentos, la información de naturaleza pública y sobre todo en este caso, de la cual depende en gran medida la salud de tantos millones de colombianos”, dijo Enciso.

Insistieron desde el Instituto Anticorrupción que durante la pandemia han estado atentos a hacerle veeduría a los recursos públicos que se manejan con ocasión de la emergencia sanitaria y mantener la reserva de los contratos, especialmente los que tienen que ver contra la covid-19. Esto dejaba en grave riesgo otros derechos fundamentales que tienen los colombianos como hacer control a los recursos que destina el Gobierno para la salud.

“Un agradecimiento a Dejusticia por brindarnos su acompañamiento, asesoría jurídica y apoyo; también un agradecimiento y reconocimiento a tantos millones de compatriotas que hoy en día están luchando por sus derechos en la calle y el paro sigue”, finalizó el director de Instituto Anticorrupción

Expertos explicaron que por tratarse de un recurso de insistencia no tiene la posibilidad de apelar o impugnar por parte del Gobierno; en otras palabras, tendrán que cumplir en un plazo de tres días con lo dispuesto en la decisión. Esto es, revelar los detalles y las condiciones de los contratos que se firmaron con las farmacéuticas internacionales para la compra de las vacunas contra la covid-19.