Las redes sociales mostraron su lado más oscuro

Varios ciudadanos denunciaron que agentes de Policía que realizaban requisas el pasado jueves en la calle 80 de Bogotá los obligaron a mostrar sus posts recientes en Facebook y Twitter. Al tiempo que examinaban las mochilas, los uniformados buscaban evidencias de participación en la fase digital de la protesta. Además de ilegal, el hecho evidencia que hay un nuevo y muy polémico protagonista en la vida política del país: las redes sociales. Se las acusa de haber instigado el pánico que se vivió en Cali, de servir a las estrategias digitales coordinadas de difusión de mentiras, de propiciar el odio y de agudizar las contradicciones. De hecho, las conversaciones en la internet colombiana literalmente explotaron con ocasión del paro. La empresa Barbara y Frick, que monitorea el comportamiento de las redes sociales en Colombia, encontró que el paro impulsó, solo el 21 de noviembre, al menos 523.000 comentarios en Twitter, y 228.000 el miércoles 27. Para comprender la magnitud de esta cifra, se puede comparar con una de las marcas que más conversaciones produce en las redes sociales: Atlético Nacional con 80.000 al mes. El paro multiplicó de manera exponencial el uso de las redes.

La pregunta del momento es si realmente WhatsApp, Facebook y Twitter tienen responsabilidad tanto en lo bueno como en lo malo que aconteció en el país en las dos últimas semanas. El primer hecho relevante ocurrió en la noche del 21 de noviembre, cuando el pánico se apoderó de los caleños. Hordas de delincuentes intentaban invadir conjuntos residenciales para saquearlos. La amenaza fue real, no un invento de las redes. Grupos de hombres llegaron a diferentes vecindarios de la ciudad, muy bien sincronizados, y amagaron con atacar los edificios, y algunos casos de saqueo tuvieron lugar efectivamente. WhatsApp se encargó del resto. El alcalde Maurice Armitage le dijo a SEMANA que al menos el 90 por ciento de los casos reportados aquella noche resultaron falsas alarmas, producto del pánico generalizado. El burgomaestre manifestó, al día siguiente, que alguien muy poderoso debió organizar tal operación para aterrorizar a los caleños, y entre información verdadera y falsa, la ciudad vivió horas de pesadilla. La noche siguiente el turno fue para Bogotá, y el alcalde Peñalosa coincidió en que hubo un plan claramente diseñado y que no se trató solo de una reacción espontánea de la población. El senador Roy Barreras pidió investigar al autor detrás de todo esto y señaló que la operación tenía como propósito desprestigiar la protesta social.

Andrés Guzmán, experto en seguridad digital y director de la maestría en protección de datos de la Universidad Sergio Arboleda, señala que lo ocurrido esos días deja claro que el Estado colombiano no tiene capacidad de reacción ante un ciberataque de esta naturaleza. “Los mecanismos contra el ciberterrorismo existen, pero no funcionaron esa noche”, sostiene. En su opinión, el país no dispone de una estrategia clara para enfrentar amenazas lanzadas desde las redes sociales. En realidad, existe un centro cibernético de la Policía y un comando de respuesta cibernética, pero hay diferentes opiniones acerca de si reaccionaron a tiempo o no. Otro experto consultado, el coronel de la Policía (retirado) Fredy Bautista, anterior director de delitos informáticos de la Dijín, ve un patrón internacional de hacktivismo (hackers con orientación política) que se habría hecho evidente en Colombia por estos días, en simultáneo con operaciones en otros países. Casi al mismo tiempo que fueron hackeadas las páginas web oficiales de un organismo de la rama judicial y del aeropuerto El Dorado para transmitir por unos minutos mensajes contra el presidente Iván Duque, fue hackeada la página del cuerpo de bomberos de Chile para amenazar desde allí al presidente Sebastián Piñera; asimismo, la página de una universidad pública argentina para publicar amenazas contra el presidente Mauricio Macri. No hay pruebas de correlación entre estos hechos, pero Bautista sugiere la posibilidad de una acción coordinada. El alcalde de Cali culpa a los dos extremos, las extremas recalcitrantes de la derecha y de la izquierda, por lo sucedido. “Ambos estaban interesados en que pasara lo que pasó”, sostuvo Armitage.

Por otra parte, la polarización del debate en las redes sociales alcanzó su punto más alto con enconados comentarios a favor y en contra del paro. Congresistas, intelectuales, periodistas y otros opinadores regulares desplegaron la artillería discursiva más pesada. María Fernanda Cabal llamó a armarse contra los disturbios. Pero, sobre todo, se desató una ola de información falsa, que alcanzó niveles virales. Desde temas francamente cómicos como el carácter satánico de las cacerolas hasta acusaciones políticas como que Petro dirigía tras bambalinas las acciones de vandalismo.

Fue muy visible el uso tóxico de las redes. El caso más emblemático fue el de la influenciadora Daneidy Barrera, la Epa Colombia, que se grabó a sí misma destruyendo con un martillo una estación de TransMilenio. Más aberrante aun que la acción de esta mujer fue la respuesta de la jueza que desestimó la solicitud de captura que hizo la Fiscalía por considerar que no representa un peligro para la sociedad. La togada añadió un peldaño más en la sacralización de la figura de los influenciadores, que tanto mal ha hecho a la cultura de nuestros días. El perverso todo vale para conseguir likes incluyó en ese momento, con la bendición de una jueza, el vandalismo y la acción violenta.

Las redes sociales que el país ha visto por estos días son las que los colombianos moldearon y construyeron. Cada vez que un medio de farándula convirtió a Epa Colombia en estrella de rock y cada vez que uno de sus más de 800.000 seguidores dio me gusta a sus estupideces, el país moldeó el tipo de internet que ahora nos pesa. Cuando se toma en serio la aspiración presidencial de influenciadores y cuando las grandes marcas patrocinan la estulticia de otros, se fortalece un tipo de internet que horada las posibilidades de que la revolución tecnológica le sirva en serio al país. La activista digital Carolina Botero dice que “las redes son un reflejo de nuestra cotidianidad pública”.

No obstante, habrá más internet para el debate político en el que están enfrascados los colombianos. El presidente Duque anunció que la “conversación nacional” se realizará también en el mundo digital. ¿Qué tan bueno o malo podría ser aquello? El experto en temas de gobierno abierto Javier Arteaga considera que la propuesta de Duque tendrá éxito solo si es de carácter híbrido, es decir, la conversación digital ocurre como complemento a la conversación física, y está ligada al contacto directo con la población. “Si es solo entrar a un sitio web y proponer ideas, no pasará nada”, afirma. En Colombia hay algunos antecedentes, y el departamento de Nariño tiene el más destacado de todos con la plataforma de gobierno abierto impulsada por Camilo Romero, que sirvió para hacer presupuestos participativos en varios municipios y que fue laureada internacionalmente. El propio Duque acaba de hacerlo para la formulación del Plan Nacional de Desarrollo, pero el resultado no fue el esperado: poca participación y casi ningún debate digital. En ambos casos se utilizó la plataforma tecnológica de software libre Consul, la más famosa en el mundo para participación ciudadana, utilizada en España, el país líder en acciones de este tipo.

Las redes sirvieron también a propósitos legítimos. Los organizadores de la protesta difundieron las convocatorias a través de las plataformas digitales, y muchas situaciones problemáticas en relación con vandalismo, bloqueos del transporte público, abusos policiales y testimonio del carácter pacífico de la mayoría de manifestantes fueron divulgadas. Pero por las redes también se conocieron bellos gestos de paz y civilidad, que ayudaron a difundir los propósitos de la protesta.

Poco se puede hacer, por ahora, para morigerar el impacto de las noticias falsas y los mensajes de odio en la internet colombiana. El alcalde Armitage cree que es un problema prácticamente sin solución, y lo único que puede intentarse es que la gente no comparta información sin leerla antes y sin verificar su veracidad. El abogado Andrés Guzmán cree que es hora de someter a los influenciadores políticos a las mismas normas que controlan a los medios, y a Carolina Botero le preocupa la privacidad de los datos de los colombianos que participarán en las conversaciones.