Las seis exigencias controvertidas del Comité Nacional del Paro

Las conversaciones entre el Gobierno y el Comité Nacional del Paro no parecen avanzar. Aunque las partes siguen sentadas, buscando puntos de entendimiento, el país aún no entiende por qué, pese a la cruda realidad que enfrenta el Valle, Huila, Cauca y otras regiones, los protagonistas de los cortes viales no le ponen punto final a los bloqueos.

Las protestas han dejado al menos 17 muertos, más de 2.000 heridos y pérdidas económicas que se acercan a los 20 billones de pesos, pero las cifras parecen no importar a la contraparte.

El desbloqueo es el principal talón de Aquiles que pretende desmontar con urgencia la Casa de Nariño para avanzar en las conversaciones. El desabastecimiento, las pérdidas de alimentos y el riesgo a la vida humana y las misiones humanitarias, pone cada vez más en aprietos al Gobierno y a la ciudadanía.

Desde Neiva, Iván Duque insistió este jueves en que “no se negocia con bloqueos”, mientras el Comité Nacional del Paro reconoció que sería irresponsable asegurar que tienen el control de la totalidad de las protestas, una advertencia que se venía escuchando en voz baja por distintos sectores y que ratificaron los propios voceros.

Por encima del poder que ostenten, que, sin duda, entrabaría más la negociación, el Comité presentó al Gobierno unas peticiones de las cuales, a juicios de analistas, algunas parecen salidas de contexto y reflejan el desconocimiento político y jurídico de las mismas.

Piden, por ejemplo: “Que el Estado se abstenga de adoptar cualquier medida que dé tratamiento de orden público al ejercicio del derecho a la protesta social, entre ellos, la declaratoria del Estado de conmoción interior”. Además, retirar al Ejército y al Esmad de las protestas.

Es deber del presidente garantizar el orden público en el país. Y aunque algunos sectores de la derecha le han exigido autoridad y aplicar la figura de la conmoción interior, él, fiel a sus principios demócratas, ha optado por el diálogo y agotar las vías pacíficas. La conmoción sería la última alternativa que adoptaría Duque. Sin embargo, es una facultad constitucional, es decir, es irrenunciable por parte de un mandatario.

El Comité Nacional del Paro solicitó que el Estado reconozca que existe responsabilidad de la fuerza pública “en la violación de los derechos a la vida, integridad personal, la libertad, reunión y manifestación pública”. Aunque el ministro de Defensa, Diego Molano, ha sido enfático en exigirle a las fuerzas armadas tener en cuenta los derechos humanos y aplicar la proporcionalidad frente al uso de la fuerza, no se puede asumir ligeramente una responsabilidad general de una institución que involucre a la totalidad de los miembros de las Fuerzas. El paro, sin duda, ha dejado víctimas de la ciudadanía y desde luego, de la fuerza pública. Y ya serán los organismos de control e investigación los que determinen responsabilidades.

En Colombia existe un debido proceso, unas investigaciones penales y disciplinarias y nadie es culpable hasta que no se demuestre lo contrario. El gobierno, por petición del Comité Nacional del Paro, cedió y permitió que una delegación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos llegue al país e investigue lo ocurrido.

Otra de las solicitudes del Comité busca que se ordene a las autoridades públicas abstenerse de continuar estigmatizando a la movilización ciudadana y rectificar públicamente las calificaciones de ‘vandalismo criminal’, ‘terrorismo vandálico’, entre otras.

La cuarta exigencia es la implementación de un protocolo para la coordinación de las acciones de respeto y garantía a la protesta pacífica “como un ejercicio legítimo de los derechos de reunión, manifestación pública y pacífica, libertad de asociación, libre circulación, expresión, libertad de conciencia…”. Sin embargo, la Presidencia expidió el Decreto 003 de 2021 que habla sobre el protocolo del estatuto de reacción, uso y verificación de la fuerza legítima del Estado y protección del derecho a la protesta pacífica ciudadana.

También pide que el Estado acate, sin reparos, las órdenes de la sentencia de tutela de la Corte Suprema de Justicia el pasado 22 de septiembre de 2020 que ordena medidas para garantizar el derecho a la protesta pacífica.

No obstante, SEMANA conoció que, a raíz de dicha decisión de la Sala Civil del alto Tribunal, se expidió el Decreto 003 de 2021, que habla, entre otras cosas, del uso de la fuerza en medio de las manifestaciones, el respeto y la garantía de los derechos de los protestantes, el enfoque diferencial (hombres, mujeres, lesbianas, gay, bisexual…), proporcionalidad, prevención, necesidad, entre otros.

Por último, exigen garantías que permitan detener la “violencia estatal y paraestatal contra quienes venimos protestando pacíficamente”. Pese a los casos de excesos de la fuerza pública que ya investiga el fiscal General, Francisco Barbosa, el gobierno de Iván Duque ha sido recurrente en el derecho legítimo a la protesta, pero debe diferenciarse de los actos de violencia contra los ciudadanos que no participan de los paros.

En ese orden de ideas, el Comité Nacional del Paro debería entender que más allá de realizar reclamaciones que, a su criterio, son justas, algunas ya están cumplidas, o son generales, y pretenden comprometer a la totalidad de la institucionalidad, hay otras exigencias en empleo, salud, educación, vías y emprendimiento para jóvenes, mujeres y demás que están esperando y merecen una atención especial y urgente.