Las seis perlas que Germán Vargas Lleras le encontró a la tributaria

Germán Vargas Lleras ha sido una de las voces más críticas con la reforma tributaria. “Aún no se radica el texto de la reforma tributaria y ya se especula, con certeza, que el proyecto incluirá aspectos adicionales a los comentados la semana pasada sobre el incremento de los dividendos y que generarán tremenda polémica”, escribió en su columna en el diario El Tiempo este domingo.

Esta es la segunda columna que el líder de Cambio Radical le dedica a la más importante reforma del Gobierno Duque. En su pasado escrito ya la había llamado un conejazo. “El propio Gobierno creó grandes expectativas sobre las conclusiones de la famosa Comisión de Beneficios Tributarios y ahora no sabe qué hacer para explicar que no acogerá ninguna de sus importantes conclusiones”, escribió. En ese texto, Vargas escribió que el principal problema de ese paquete es que el sistema tributario es el obstáculo para la formalidad porque los negocios formales “enfrentan la tasa de tributación más alta entre los países de la Ocde”, además de que el país cuenta con tributos que generan distorsiones como el cuatro por mil y el ICA. Ninguno de estos dos impuestos va a ser eliminado con la reforma.

En este escrito, Vargas enumeró lo que él considera son seis perlas:

“1. El impuesto del 3 % anual que se cobraría sobre los patrimonios de más de $ 5.000 millones es inviable. Con este gravamen, en pocos años, la persona verá confiscado el 50 % de su capital en términos reales. Luego no es de extrañar que este ahorrador/inversionista busque otros lugares para trasladar su patrimonio, y otro domicilio tributario. Buena jugada. ¿Será que a esto se refiere el mincomercio cuando afirmó este viernes: “Están dadas las condiciones propicias para atraer inversión al país”?

2. Se menciona la eliminación de los beneficios al ahorro en fondos de pensiones y cuentas AFC y el incremento de las tasas del impuesto sobre la renta de las personas naturales, que irá en algunos casos con tarifas del 40 % y con incrementos superiores al 300 % para las personas con rentas líquidas entre 18 y 40 millones, quienes ahora tendrán que declarar.

3. Así mismo, se afirma que incluirán un nuevo gravamen al impuesto solidario, 10 % del salario, que tumbó la Corte Constitucional, solo que ahora se propondrá para personas naturales del sector público y también del sector privado.

4. Se dice que se gravarían las pensiones de más de $ 7 millones mensuales y se eliminaría la exención para los aportes a los fondos de pensiones. De aprobarse estas 2 medidas, se generaría una doble tributación sobre las pensiones: la primera, cuando el trabajador ahorra, y la segunda, cuando recibe la mesada. ¿Quién volverá a hacer aportes a los fondos voluntarios y cuál será el futuro de uno de los pocos instrumentos canalizadores del ahorro privado? Qué error, por decir lo menos.

5. Se eliminarían todas las exenciones del impuesto sobre la renta que hoy favorecen a las empresas. P. ej., construcción de vivienda VIS, hotelería, agro, venta de energía eólica, forestales, con excepción de las que tienen que ver con la economía naranja, sin que sea claro por qué estas últimas se justifican, al paso que las demás no. Un golpe al corazón de la confianza inversionista.

6. Al tiempo que se incrementan los recaudos con todas estas propuestas, el Gobierno solicitaría facultades extraordinarias para reformar todo el Estado. Curiosamente, estas facultades no se podrían utilizar para reformar los entes de control. También se mantienen las excepciones al salario de magistrados y rectores. Muy política la propuesta, pero asimismo muy injusta”.

Vea a María Isabel Rueda hablando de la columna de Germán Vargas

¿Qué más trae la reforma?

Esta semana, el gobierno destapó las primeras cartas de lo que será la estructura general de su tercera reforma tributaria. Y, de paso, revolcó el avispero económico, político y social del país. Estos son los puntos principales,

¿Qué pasará con el IVA?

El IVA es uno de los temas más polémicos de la próxima tributaria, pues golpea el bolsillo de todos.

Reformar el IVA ha sido una de las obsesiones del ministro Carrasquilla. Se trata de un gravamen cuyas exenciones y exclusiones suman unos 75 billones de pesos. El presidente Duque dice que la reforma no gravará alimentos básicos, educación o arriendos; pero habrá cambios importantes.

Hoy, 98 productos de la canasta familiar pagan IVA del 19 por ciento, otros diez bienes tienen tarifa del 5 por ciento y 73 más están exentos o excluidos. Aunque no se gravarán alimentos adicionales, sí se eliminarán los exentos y aumentará la tributación de algunos. Azúcar, chocolate, harina de maíz, pastas, sal, cereales, salmón, pulpo, nueces, carnes frías y embutidos (no incluye salchichón ni butifarra), que pagan hoy el 5 por ciento, pasarían al 19.

Un tema álgido será la eliminación de la categoría de exentos; pasarían al régimen de excluidos. Eso significa que los productores no podrán generar devoluciones de IVA (como ocurría con los exentos). Jorge Enrique Bedoya, presidente de la SAC, dice que eso encarecería el precio final de los productos y afectaría el bolsillo del consumidor.

Otros productos y servicios por fuera de los alimentos también tendrían cambios. Por este impuesto, el Gobierno espera recaudar 10,5 billones de pesos, es decir, un punto del PIB.

Pensiones: a pagar renta

Todo indica que el Gobierno está dispuesto a gravar las pensiones altas para conseguir recursos.

Los pensionados también tendrán que meterse la mano al bolsillo y pagar más, de aprobarse el proyecto de reforma del Gobierno. Esta fue una de las propuestas de la Comisión de Expertos Tributarios, que recomendó un impuesto a las pensiones.

Pero la iniciativa del Gobierno no solo gravaría las pensiones altas, es decir, las de 10 millones de pesos hacia arriba. Todo indica que el pago iniciaría de manera gradual para quienes ganen a partir de 8,7 millones de pesos mensuales.

Esta cifra apareció en una simulación expuesta a algunos congresistas que indica que, con ese ingreso mensual, el monto a pagar sería de 1,5 millones de pesos al año. Según esa misma simulación, una persona que gana una megapensión de 39,2 millones de pesos mensuales tendría que pagar 113,4 millones al año.

Eso quiere decir que el impuesto variará aproximadamente entre el 5 por ciento y el 30 por ciento, dependiendo del monto de la pensión.

Bajo este panorama, unos 20.000 pensionados del país tendrían que pagar este impuesto. Sin embargo, hay quienes le ven vicios de legalidad a esta propuesta, pues, en teoría, argumentan que los pensionados ya tributaron durante su vida laboral, por lo que se podría incurrir en una doble tributación.

De hecho, las asociaciones de pensionados ya le enviaron una carta al presidente Duque pidiéndole que no grave las pensiones.

El polémico patrimonio

Gravar la acumulación de capital funciona hace años en Colombia. Son varios los reparos a este tributo.

El Gobierno había dicho que podría volver permanente el impuesto al patrimonio. Y así fue. Este tributo se viene pagando desde 2002. En la última tributaria se había restablecido para las vigencias de 2019, 2020 y 2021. En consecuencia, hoy están gravados los patrimonios superiores a 5.000 millones de pesos y la tarifa que se aplica es del 1 por ciento.

Lo que se conoce hasta ahora es que el Gobierno planea gravar de manera permanente los capitales superiores a 5.000 millones de pesos, con una tarifa marginal del 3 por ciento, pero deducible del impuesto de renta. Y aspira a recoger un billón por año.

Para el tributarista Horacio Ayala, esta medida va a resultar gravosa para quienes tengan pensión o que no estén trabajando, porque no van a poder hacer el cruce con el impuesto de renta.

El impuesto tiene además críticas técnicas: grava la acumulación de capital. Eso significa que la persona paga impuestos por generar una renta en un año específico y luego por incluirla en su activo. Y hay quienes aseguran que ese gravamen estimulará la salida u ocultamiento de capitales.

Pero expertos como Thomas Piketty creen que es una manera de equilibrar la cancha entre quienes han tenido la fortuna de construir un capital y las personas de escasos recursos, porque con este impuesto se puede hacer redistribución de ingresos por medio de programas sociales y obras de infraestructura.

¿Y de los subsidios, qué?

La reforma será fundamental para fortalecer la política social del Gobierno y para reducir la pobreza.

Una de las metas que se ha trazado la administración Duque es garantizar la permanencia de los programas sociales, en momentos en que la pobreza amenaza a más de 50 por ciento de la población. En pandemia, el Gobierno creó el programa Ingreso Solidario, que se sumó a otros tradicionales como Familias en Acción, Jóvenes en Acción y Colombia Mayor.

La nueva tributaria planea mantener los anteriores y crear Generación E, con un plan de subsidios del 100 por ciento de la matrícula en la universidad pública para estudiantes de los estratos 1, 2 y 3. Además, buscará fomentar el empleo juvenil, subsidiar las cotizaciones de seguridad social por cinco años para los jóvenes de primer empleo, aprendices del Sena, mujeres mayores de 40 años desempleadas y adultos mayores que no han accedido a una pensión de vejez.

A todo esto se sumará la devolución de IVA, que ahora llegaría a 4,7 millones de hogares. En las cuentas del Gobierno estas iniciativas costarán unos 9,5 billones de pesos al año. En el Legislativo hay ambiente para aprobar estos programas y convertirlos en una renta básica para los más vulnerables.

Si se cruza con los subsidios a servicios públicos y se sigue avanzando en focalización, gracias a la modernización del Sisbén, el país quedará con un gran colchón social, tal vez uno de los más amplios de la región. Esta sería una forma eficaz de darle equilibrio al ajuste fiscal.

Empresas: a ajustar cargas

De salir adelante, la propuesta en renta para las empresas podría ser una verdadera revolución.

Desde las dos anteriores reformas tributarias, el gobierno Duque ha tenido una obsesión por hacer más transparente y menos complejo el esquema de tributación para las empresas. Y la propuesta preliminar que se conoció esta semana es bastante ambiciosa en ese sentido: busca ajustar los impuestos corporativos para estimular el empleo y la reactivación, y adoptar un esquema más sencillo.

En primer lugar, plantea eliminar todas las rentas exentas, deducciones, descuentos tributarios y tarifas preferenciales a partir de la vigencia de 2023. El Gobierno dice que se respetarán los derechos adquiridos. Eso significa que mantendrá los beneficios otorgados por la ley a empresas de economía naranja o cultivo de plantaciones forestales, por ejemplo. Pero a partir de 2023 desaparecerán para cualquier nueva empresa. Solo continuarán los beneficios para zonas francas y megainversiones.

Además, hay un cambio estructural: habrá una mayor progresividad en el impuesto, porque se aplicará una tarifa diferencial, según el tamaño y nivel de utilidad de cada empresa. La tarifa irá desde el 24 por ciento para las micro y pequeñas con utilidad superior a 500 millones y una tarifa máxima del 31 por ciento para las empresas más grandes. A partir de 2023 esa tarifa máxima se reduce al 30 por ciento.

De lograr estas dos medidas, el Gobierno habrá dado un salto enorme en el esquema de tributación, porque va a eliminar todos los ruidos de las exenciones y generará un esquema de progresividad en el impuesto para las personas jurídicas. Con estos cambios, el Gobierno planea recoger 3 billones de pesos.

Impuestos verdes

Sorprendieron las propuestas de tributos contra la contaminación. Aun así, también son gravosos.

Desde la reforma tributaria de 2016 ha aumentado la conciencia sobre el uso de instrumentos tributarios para combatir la contaminación y promover la sostenibilidad. En esa norma se creó el impuesto al carbono, que grava el uso de combustibles fósiles como la gasolina, en función de su carga de carbono, un agente contaminante.

El Gobierno sigue esta tendencia ahora y propone, primero, una modificación al impuesto al carbono, introduce un impuesto local a los vehículos y propone impuestos por la producción de plásticos de un solo uso, así como por el consumo de plaguicidas no orgánicos. Esto le generaría cerca de un billón de pesos.

La norma plantea también instrumentos para fomentar la inversión y el gasto público en temas de sostenibilidad ambiental. Es el caso de la creación de Fonclima y el establecimiento de mecanismos que promuevan la transición energética. Este capítulo puede resultar muy sensible.

Especialmente la introducción del impuesto local a los carros, que haría más gravoso el ya conocido impuesto de vehículos que se paga en las ciudades donde está matriculado cada automotor.

Según la propuesta que se conoció esta semana, el componente de contaminación de este gravamen busca capturar el factor de impacto que tiene cada automóvil en la polución. Allí estarán incluidos motos, vehículos de carga y transporte público.

El impuesto a los plásticos de un solo uso será de 2 pesos por gramo, que corresponde casi a la mitad del precio del gramo de plástico. En materia ambiental, la tributaria parece buscar un impacto favorable. El debate va a ser interesante.