Las sombras de los candidatos favoritos en las regiones

Este domingo, los colombianos saldrán a las urnas a elegir a sus mandatarios en las regiones. En varias zonas hay nombres ya cantados a pesar de que son herederos de cuestionados clanes o su hoja de vida tiene pendientes no resueltos con la justicia y con entes de control disciplinarios y fiscales. Informes han alertado de indicios de corrupción y aunque hay nombres que definitivamente no están inhabilitados sí serias sospechas de que su estancia en un cargo de elección popular podría ser fugaz.

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La Fundación Paz y Reconciliación (Pares) y la Misión de Observación Electoral vienen alertando tachas en al menos 53 hojas de vida de candidatos que aspiran a alcaldías, gobernaciones, asambleas o concejos.

Pares pone la lupa, por ejemplo, en un movimiento como ADA (Alianza Democrática Afrocolombiana), que en solo tres meses de existencia logró avalar 3.500 candidatos y detrás de la cual estarían viejos parapolíticos como Luis Alberto Gil y Juan Carlos Martínez Sinisterra. En la cuestionada lista hay candidatos como Juana Gómez Bacci, la hija de Kiko Gómez que se lanza a la asamblea de La Guajira; o Roberto Jiménez Naranjo, hermano del exjefe paramilitar ‘Macaco’, que se lanza al concejo de Dosquebradas (Risaralda).

SEMANA hizo un barrido por las campaña a las gobernaciones. Ninguno de los perfiles presentados tiene una inhabilidad que le impida participar en la contienda, no obstante, es clave conocer su trayectoria política antes de votar.

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Gobernación de Magdalena

Luis Miguel el ‘Mello’ Cotes / Carlos Caicedo.

Luis Miguel Cotes Habeych  

A sus 24 años se posesionó en el 2012 como el Gobernador más joven de Colombia. Después de haber renunciado al Partido Liberal en medio de cuestionamientos, consiguió en tiempo récord 160.000 firmas para inscribir su candidatura. Durante su administración se le cuestionó que hubiera convertido en su primera dama a Rosa Cotes, su tía. Ella es la esposa del ex alcalde José Francisco ‘Chico‘ Zúñiga, condenado por vínculos con las Auc, que además lo sucedió en la Gobernación de Magdalena. En su campaña del 2011, al Mello lo cuestionaron por haber recibido el respaldo de los ex gobernadores Trino Luna, condenado por parapolítica, y Ómar Díazgranados, suspendido por corrupción para su primera campaña a la Gobernación. Cotes Habeych es hijo de Álvaro y sobrino de Luis Miguel Cotes Vives, conocidos como Los Conejos, quienes tienen varias investigaciones por actividades irregulares y su cercanía con políticos condenados o procesados por parapolítica.

En junio de este año, la Procuraduría formuló pliego de cargos a Rosa Cotes de Zuñiga y a Luis Miguel Cotes Habeych por presuntas irregularidades en la ejecución de la Vía de la Prosperidad, que se proyectó por un valor de $466.900 millones de pesos. “Me declaro respetuoso de la decisión de la Procuraduría y estaré atento para rendir descargos y presentar las pruebas que demostrarán mi inocencia”, se defendió Cotes. Para estas elecciones se inscribió con 416.000 firmas, además de contar con los coavales de los partidos políticos Centro Democrático, Liberal, Conservador, Cambio Radical y Opción Ciudadana.

Carlos Eduardo Caicedo Ómar

A pesar de una destitución e inhabilidad por 12 años que le llegó de la Procuraduría en abril, el candidato continuó con su campaña a la Gobernación. El proceso disciplinario está en suspenso mientras se define una segunda instancia del ente de control que lo cuestiona por la contratación por más de 1.000 millones de pesos para la construcción de cuatro pozos en el 2014, cuando fue alcalde de Santa Marta. Para el Ministerio Público, “no se garantizó la idoneidad del contratista para la construcción de las obras”.

Paralelo a ello, el pasado mes de febrero una Fiscalía de Derechos Humanos le impuso una medida restrictiva de la libertad que le impide salir del país así como restricciones de comunicarse con testigos dentro del proceso que se le adelanta por su presunta relación con el atentado al estudiante de la Universidad del Magdalena, Hugo Elías Maduro Rodríguez, ocurrido el 26 de mayo del año 2000. Caicedo se defiende asegurando que existe una conspiración política y judicial en su contra para incriminarlo.

El ente acusador también cuenta con evidencias de la entrega de contratos por parte de Caicedo Ómar como exrector de la Universidad del Magdalena a grupos paramilitares. Estuvo detenido casi cinco años dentro de un proceso por corrupción del que resultó absuelto en segunda instancia. En su candidatura lo respalda el partido Fuerza Ciudadana.

Gobernación de Chocó

Patrocinio Sánchez Montes de Oca

El político chocoano tuvo que dejar la Gobernación de Chocó en el 2011 por cuenta de una condena a 18 meses de prisión de la Corte Suprema de Justicia, que lo encontró responsable de peculado culposo en su gestión como alcalde de Quibdó.

El caso estaba relacionado con la ejecución del contrato para la prestación de servicios de salud por un monto de 150 millones de pesos. En la ejecución se probaron pagos dobles en detrimento de los intereses patrimoniales del municipio. En este mismo periodo empleó una empresa de su propiedad, para ser el mayor prestamista de los empleados y contratistas del municipio.

Patrocinio Sánchez fue secuestrado por el ELN en el 2013; por su grave estado de salud su hermano Odín se canjeó por él mientras estaba retenido en el 2016. Odín fue finalmente liberado en febrero del 2017. El candidato se lanzó con firmas recogidas a través del Movimiento Símbolo de Esperanza.

Ariel Palacios Calderón

Fue alcalde de Bojayá (2000-2003) y gerente de la EPS Barrios Unidos del Chocó desde el año 2015. Espera llegar a la gobernación de uno de los departamentos con mayores dificultades sociales y económicas con el respaldo de los liberales, conservadores, la alianza Verde y Mira. Palacios cuenta con el apoyo del Representante a la Cámara Nilton Córdoba, quien actualmente está llamado a indagatoria por corrupción y acusado por su presunta participación en cartel de la toga. En sentencia del Tribunal de Justicia y Paz de Medellín, es mencionado por el exparamilitar William Mosquera Mosquera. El desmovilizado aseguró que las administraciones departamentales les adjudicaban contratos a droguerías para que los paras sacaran provecho. Dijo que los integrantes de la Junta Directiva les entregaron 20 millones de pesos para la compra de 3 motos para la organización. No hay ninguna investigación penal por esta versión.

Gobernación de Bolívar

Vicente Antonio Blel Scaff

Es hijo del exsenador Vicente Blel Saad, condenado por parapolítica, y hermano de la senadora Nadia Blel Scaff. Los lazos de sangre lo llevaron al concejo de Cartagena y a recibir el aval del Partido Conservador para llegar a la Gobernación. En medio de su campaña se conoció la existencia de una presunta red de corrupción que compromete a Vicente Blel Saad. El caso está en manos de la Fiscalía y la Procuraduría, pero la sola divulgación de audios de Blel Saad y el gerente de Aguas de Bolívar Miguel Torres Scaff hablando de detalles sobre cómo se mueve un cartel de contratación en el departamento, llevó a que el Centro Democrático le retirara el apoyo al candidato.

El actual gobernador Dumek Turbay, quien también aparece mencionado en las conversaciones, le pidió la renuncia al gerente de Aguas de Bolívar. “Nuevamente me veo respondiendo por actos ajenos a mi persona pero cercanos a mi familia. Lo que se escucha atenta contra el trabajo serio, honrado y responsable que hemos realizado al lado de mi hermana”, dijo Blel en su defensa. La campaña continuó con los avales de los partidos Conservador, Liberal, ASI y La U.

Hernando Padauí

Fue representante a la Cámara y ahora, respaldado por Cambio Radical, busca llegar a la Gobernación de Bolívar. El pasado mes de febrero, la Corte Suprema de Justicia abrió investigación por un caso relacionado con la alteración de formularios electorales para las votaciones en Magangué en el año 2010. El candidato a la Cámara Germán Ordosgoitia denunció a Padauí por la presunta alteración de formularios electorales E24 con respecto a los E14, lo cual terminó por sacarlo de la contienda electoral en ese periodo. Padauí renunció a su curul en el Congreso en el año 2018 para postular su nombre a la Gobernación.

Gobernación de Cesar

Luis Alberto Monsalvo Gnecco

En su carrera política aparecen un periodo como representante a la Cámara y exgobernador del Cesar. Su administración como mandatario regional le dejó líos no resueltos. Desde el 2017 enfrenta un juicio en la Corte Suprema de Justicia corrupción al sufragante al presuntamente haber permitido invasiones ilegales en Valledupar a cambio de sus votos para la campaña del 2011 a la gobernación.

La Procuraduría le abrió pliego de cargos por presuntas irregularidades en el Programa de Alimentación Escolar durante su gobierno; la Contraloría General le imputó cargos por $630 millones por posibles inconsistencias en la ejecución de este programa para el segundo semestre del 2015. Es hijo de Cielo Gnecco, prima de Kiko Gómez, y miembro del Clan Gnecco. Lo respaldan el Partido de La U, los liberales y Cambio Radical.

Gobernación de Sucre

Yahir Fernando Acuña Cardales

A pesar de ser uno de los políticos más cuestionados en Sucre por el respaldo que de oscuros grupos políticos han ejercido sobre su carrera, Yahir Acuña sigue invicto para la justicia. Ha recibido la bendición del Álvaro El Gordo García –condenado a 40 años por la masacre de Macayepo– y de Salvador Arana –sentenciado a 60 años por el asesinato del alcalde de El Roble Eudaldo Díaz. También se le ha señalado de recibir la bendición de jefes paramilitares como Eduardo Cobo Téllez, Diego Vecino, y de Rodrigo Pelufo Mercado, Cadena.

También tiene el respaldo de la condenada empresaria del chance Enilce López, La Gata. En el 2015, cuando la esposa de Acuña, Milene Jaraba, aspiraba a la Gobernación de Sucre, este fue detenido cuando transportaba en su camioneta 500 millones de pesos en una tula. Esto ocurrió a solo dos días de las contiendas electorales. Procuraduría y Fiscalía le tienen una decena de investigaciones, entre otras, por delitos relacionados con corrupción al sufragante. SEMANA reveló grabaciones que vinculan su nombre a la compra de votos para los pasados comicios al Congreso y manejos burocráticos a través de la Corporación Autónoma de Sucre. Acuña ha defendido de las acusaciones y señala: “Soy un hombre común y corriente que quiere llegar a ser gobernador”. Su candidatura la respalda el Movimiento Cien por Ciento Sucre.

Héctor Olimpo Espinosa Oliver

Se desempeñó como viceministro del Interior durante el gobierno de Juan Manuel Santos, ahora aspira a la Gobernación de Sucre con el aval del Partido Liberal. Antes, había sido alcalde del municipio de Since, en el mismo departamento. Por su gestión como alcalde de este municipio, en 2015 la Procuraduría General le formuló pliego de cargos por posibles irregularidades en la celebración de varios contratos; estos últimos habrían sido celebrados con base en estudios previos incompletos que no habrían contemplado aspectos necesarios para atender las necesidades de alcantarillado de ese municipio.

Gobernación De Tolima

Rosmery Martínez

La aspirante a la Gobernación es hermana del ex congresista Emilio Martínez Rosales, condenado por celebración indebida de contratos y preso por supuestos vínculos con grupos paramilitares. Además, la Procuraduría lo sancionó con la muerte política por los malos manejos de recursos cuando ejerció como presidente de la Cámara de Representantes. Ahora, Emilio Martínez, como representante de Cambio Radical en el Tolima, impulsó el aval para su hermana, que también tendrá el apoyo de los liberales.

José Ricardo Orozco Valero

José Ricardo Orozco Valero fue Policía en Mocoa y el 3 de mayo de 1990 le llegó la destitución. La salida de la institución estuvo relacionada con un episodio ocurrido el 8 de febrero de 1990, cuando estaba consumiendo licor con un conocido en un establecimiento público. Orozco estaba de civil pero portaba consigo su arma de dotación, la cual disparó en contra de Guillermo León Valencia Arango al parecer por diferencias entre ellos. Orozco fue condenado en primera instancia a 9 años de cárcel por tentativa de homicidio. Contra esta decisión, presentó una acción de tutela que fue fallada a su favor por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de San Juan de Pasto.

Los magistrados ordenaron en el año 2005 que el juzgado revise su sentencia. Pero como para este año –15 años después del hecho– la acción estaba prescrita, el juzgado de Mocoa ordenó la libertad de Orozco. Contra esta acción de tutela avanza en la Corte Suprema de Justicia otra acción de tutela promovida por representantes de Valencia, quien busca dejar sin efectos la decisión del 2005 y que podría revivir su lío judicial. Es uno de los candidatos más opcionados para llegar a la gobernación, cuenta con el apoyo de La U, ASI, el Partido de la Unidad y los conservadores.

Gobernación de Arauca

José Facundo Castillo Cisneros

El exgobernador de Arauca (2011-2015) aspira a volver a ocupar el máximo cargo del departamento. En su historial tiene varios procesos disciplinarios y penales. Dentro  de estas investigaciones se cuentan supuestas irregularidades en la compra de un avión ambulancia; presuntos sobrecostos en la doble-calzada del municipio de Arauca; cuestionamientos a la firma de contratos de alimentación escolar y para la construcción de la vía que de Arauca conduce a Cravo-Norte. 

La Procuraduría General anunció el pasado 4 de octubre pliego de cargos por presuntas irregularidades a un convenio por $420 millones para desarrollar la política pública de vivienda en el departamento cuando fue gobernador. Según el ente de control, las obras para la construcción de 240 viviendas sufrieron atrasos. Entre los cuestionamientos al contrato están los problemas en los diseños, estudios técnicos, y la entrega del lote en las condiciones previstas en el convenio. La Contraloría también lo imputó dentro de un proceso de responsabilidad fiscal por 35.000 millones de pesos por presuntos daños patrimoniales en la ejecución del contrato para las mejoras a la vía Matapalito – Caracol. Su candidatura es respaldada por Cambio Radical, Partido de la U, Colombia Renaciente, MAIS y el movimiento Unidos por Arauca.

Hernando Posso Parales

Fue exalcalde del municipio de Arauca y diputado de la Asamblea Departamental. Por su gestión en este último cargo resultó destituido en el año 2005 por la Procuraduría. La sanción incluyó una inhabilidad para ejercer cargos públicos por cinco años. De acuerdo con el ente de control, el funcionario cometió irregularidades en su período como diputado de la Asamblea Departamental en el período 1998 - 2000, por cobrar de manera irregular honorarios por la asistencia a sesiones de comisión y plenarias. No obstante, esta sanción no alcanzó a ser fallada en segunda instancia ya que el caso prescribió. También ha sido cuestionado por presunto lavado de activos sin que hasta ahora se hayan proferido decisiones en su contra.

Luis Emilio Tovar Bello

Era presidente de la Comisión de Acusación de la Cámara, cuando el Consejo de Estado anuló su elección de congresista por doble militancia. Está respaldado por el Centro Democrático para llegar a la Gobernación.

Gobernación de Casanare

Marco Tulio Ruiz Riaño

Fue gobernador para el periodo 2013 y 2015 luego de unas elecciones atípicas y ahora aspira a repetir. Tiene varios procesos disciplinarios y fiscales. La Contraloría le abrió en diciembre una investigación por presunto detrimento patrimonial en la ejecución de un contrato para la construcción de una entidad educativa por 3.989 millones de pesos. El contrato fue suscrito el día 14 de febrero de 2011, con un plazo de ejecución inicial de 12 meses, pero dos años después el contrato fue liquidado sin que la obra estuviera concluida. Para las atípicas Ruiz Riaño se lanzó por el polémico partido Afrovides de Yahir Acuña (candidato a la gobernación de Sucre). Ahora lo apoyan el Partido Liberal, Cambio Radical y Juntos por Casanare (firmas).

Gobernación La Guajira

Nemesio Roys Garzón y Delay Magdaniel Hernández

Nemesio Roys Garzón
Fue director del Departamento para la Prosperidad Social. Cuenta con apoyo del clan Deluque para llegar a la gobernación. El representante Alfredo Deluque es hijo del exgobernador Hernando Deluque, condenado por la Corte Suprema de Justicia a 9 años de cárcel por contratación irregular y peculado. Roys es hijo de la exalcaldesa de Riohacha Carmen Garzón. Se lanzó con el aval del Partido de La U, Cambio Radical, Colombia Renaciente y el Partido Conservador.

Delay Magdaniel Hernández
Fue compañero de universidad del exgobernador Wilmer González (condenado por fraude al elector, en espera a la segunda instancia ante la Corte Suprema). Fue su secretario de Obras Públicas y Secretario de Planeación. Renunció en 2018 e inició una recolección de firmas para presentar su nombre. Recibe el apoyo político de la hija del condenado exgobernador Juan Francisco ‘Kiko’ Gómez, Juana Yolanda Gómez Bacci, quien aspira a la Asamblea. Esto desata el temor de que con ella vuelva el kikismo a la Gobernación. También tiene el respaldo de uno de los mayores electores de La Guajira, el dos veces gobernador Jorge Ballesteros Bernier.

Gobernación de Córdoba

Carlos David Gómez Espitia

Durante casi dos años fue secretario general y asesor jurídico de la gobernación de Alejandro Lyons, protagonista del cartel de la toga y varios megaescándalos de corrupción en su departamento. Es primo de Sara Piedrahíta Lyons, investigada por la Corte Suprema de Justicia por supuestamente recibir 1.100 millones de pesos producto del cartel de la hemofilia para las elecciones al Congreso. El candidato le atribuye las acusaciones a una retaliación de la familia Besaile Fayad. De hecho, Musa Besaile en una entrevista a La W aseguró que en las elecciones regionales del 2015, Gómez recibió el apoyo de Alejandro Lyons pero fue derrotado por Edwin Besaile. Ahora aspira a llegar con el apoyo del Centro Democrático y los conservadores.

Orlando David Benítez Mora

Es apoyado por la familia Besaile Fayad, el otro poderoso clan político en Córdoba. Su hermano Juan Carlos Benítez, quien es el subdirector de planeación de la Corporación Autónoma de Los Valles del Sinú y San Jorge (CVS). A la inscripción como candidato lo acompañaron los senadores Fabio Amín Saleme y David Barguil, así como los excongresistas Eduardo José Tous y Arleth Casado de López. Estos últimos, están siendo investigados por la Corte Suprema de Justicia por el escándalo de corrupción de Odebrecht. Está respaldado por el Partido Liberal.

Gobernación de Putumayo

Jorge Coral Rivas

Jorge Coral Rivas, exalcalde de Puerto Asís, Putumayo, aspira por segunda vez a la gobernación de ese departamento. La primera aspiración como mandatario regional fue en el 2015, cuando fue capturado una semana antes de las elecciones por la Fiscalía, señalado de tener supuestos nexos con grupos criminales de la región, y aunque hace dos años quedó en libertad, continúa vinculado a este proceso. Además de este caso, el pasado 14 de marzo la Fiscalía le formuló cargos por presuntas irregularidades en la construcción de la plaza de mercado de Puerto Asís. De acuerdo con el ente acusador, suscribió un contrato por 5.199 millones de pesos para el desarrollo de la obra; sin embargo, a pesar de la inversión total del dinero, la construcción no fue terminada y permanece en el abandono desde 2015. Para estas elecciones, el exalcalde cuenta con el aval del Movimiento Alianza Democrática Afrocolombiana (ADA).

Gobernación de Santander

Nerthink Mauricio Aguilar Hurtado

Es hijo del coronel Hugo Aguilar, quien fue elegido gobernador de Santander y terminó condenado y preso por pactar con los paramilitares para llegar al poder. Ahora está inmerso en un proceso por lavado de activos. El medio hermano del candidato es el gobernador de Santander Richard Aguilar, elegido para el periodo 2012 – 2015. Mauricio Aguilar ha sido dos veces senador. Inscribió su candidatura por firmas y lo respalda el Partido Conservador.

Elkin David Bueno Altahona

Después de ocupar varios cargos en la alcaldía de Barrancabermeja, Bueno Altahona fue tres veces alcalde de esta población. Ha enfrentado varios procesos, entre ellos, una sanción de 1994 de la Procuraduría cuando lo destituyó por extralimitarse en sus funciones. En 2016 fue capturado por supuestamente haber recibido apoyo económico de los paramilitares del Magdalena Medio en su campaña a la alcaldía del 2002. Un fallo de segunda instancia revocó esta medida. El Ministerio Público también lo investigó por esas presuntas alianzas con paras. Se lanza respaldado por Cambio Radical, ASI, ADA y Aico.

Ángela Patricia Hernández Álvarez

Es una controversial exdiputada evangélica por el Partido de La U. Su nombre salió del anonimato cuando en julio de 2016 promovió que sectores religiosos protestaran en las calles por la supuesta ideología de género que contenían unas cartillas escolares del Ministerio de Educación. En el 2017, criticó la inversión que la Gobernación hacía en entrenadores para enseñar en escuelas deportivas y sugirió que debían usar videos de YouTube. Según ella, fue sacada de contexto. Ha dicho ser la “hija no deseada del Partido de la U" porque no estuvo de acuerdo con el proceso de paz y cree que con sus campañas se puede “curar” la homoxexualidad.

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Gobernación del Valle

Clara Luz Roldán González

La candidata cuenta con el aval de Cambio Radical, MAIS, el Partido Liberal, el Partido de La U y Colombia Renaciente. Está siendo investigada desde mayo por la Procuraduría General por presuntas irregularidades relacionadas con el reconocimiento entregado al Atlético Fútbol Club S.A. y la suspensión del aval al Club Real Sincelejo S.A. cuando ejerció como directora de Coldeportes. Las faltas presuntamente cometidas por los fueron calificadas provisionalmente como gravísimas a título de dolo.

Francisco José Lourido Muñoz

Con el aval del Centro Democrático, Lourido Muñoz aspira volver a ocupar el cargo de Gobernador del Valle del Cauca. En 2015, la Procuraduría le formuló pliego de cargos por presuntas irregularidades de carácter presupuestal. De acuerdo con la investigación el exmandatario no apropió la partida necesaria y suficiente en el proyecto de presupuesto de ingresos y gastos presentado a la Asamblea Departamental para la vigencia 2011, equivalente a la suma de 23.150 millones de pesos para cubrir el déficit fiscal representado en cuentas por pagar y reservas presupuestales desfinanciadas con recursos propios y rentas cedidas, constituidas al cierre del ejercicio fiscal 2010. Para el Ministerio Público dicha conducta va en contravía al Estatuto Orgánico de Presupuesto del departamento del Valle del Cauca.

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