Las tensiones que teje el regreso del glifosato

En el Catatumbo se abrió una ilusión con la política de drogas propuesta en el acuerdo de paz con las Farc que se firmó en noviembre del 2016. El cuarto punto del documento plantea una solución para el problema de las drogas ilícitas y considera indispensable dar un tratamiento totalmente diferente a este tema. Para esta región, esa propuesta encerraba la esperanza de miles de familias de aprovechar sus tierras con otras siembras y la posibilidad de infraestructura suficiente para tener un comercio sostenible.

Esa ilusión tambalea cuatro años después en el territorio en el que por cuatro décadas se han sembrado cultivos considerados ilícitos, donde hay en la actualidad más de 40 mil hectáreas de coca —según el informe de monitoreo de cultivos ilícitos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) presentado en 202 y que da cuenta del registro del año 2019— y donde siguen esperando la inversión estatal para avanzar con una erradicación voluntaria que parece que se quedó en palabras.

El panorama se agita desde que el gobierno nacional manifestó su deseo de retomar la aspersión aérea con glifosato, dándole más protagonismo a este método de acabar con la coca y hacerles el feo a los proyectos de erradicación voluntaria con propuestas de sustitución de cultivos y la promoción de iniciativas que permitan que las comunidades aprovechen las potencialidades que el territorio brinda.

Antes de que arranque la fumigación aérea se contempla la aplicación del herbicida en tierra, algo que también podría perjudicar los cultivos de pancoger. En cuatro municipios de Norte de Santander —ubicados en Catatumbo— se visualiza este inicio, lo que para Oner Galván, presidente de la Asociación de Juntas del corregimiento de La Gabarra, en Tibú (Norte de Santander), despierta “bastante preocupación”.

“Acá no ha habido buena inversión para el campesino en general. No lo vemos conveniente, porque si de verdad hubiera inversión y garantías de manera lícita con los proyectos productivos podríamos comenzar de nuevo”, dice.

Los anuncios de fumigación con glifosato empiezan a generar la preocupación de las comunidades rurales donde los cultivos de coca jalonan la economía. Aunque la decisión gubernamental también se ciñe a una decisión que permita cortar una de las economías de las que nutre a los grupos armados ilegales, y que en esta región tienen un accionar permanente el ELN, la disidencia del EPL ‘Los Pelusos’, disidencias de las Farc y el Clan del Golfo, todos buscando apropiarse del territorio y del eslabón primario en el mercado de la droga.

Aunque el informe de la UNODC señala que para el 31 de diciembre de 2019 Colombia alcanzó un área sembrada de coca de 154.000 hectáreas (ha), lo que significó una reducción del 9 % en relación con el 2018, la producción de cocaína se mantuvo estable, pero en el Catatumbo los números sí continúan en aumento. El informe detalla que los cultivos “vienen subiendo continuamente desde el 2010, cuando se reportaron 1.889 ha; en el 2019 se reportan 41.749 ha”.

Coca en 13 municipios nortesantandereanos

Mientras el ministro de Defensa, Diego Molano, asegura que en abril se iniciará la fumigación con glifosato —en entrevista con Semana, recién fue nombrado en el cargo, aseguró que esta empezaría en marzo— se adelanta la erradicación manual, lo que ha generado tensiones entre campesinos y fuerza pública.

Justamente, hace tres semanas, en el corregimiento Las Mercedes de Sardinata (Norte de Santander), varias familias campesinas formaron un asentamiento para rechazar la erradicación de los cultivos de coca. Se generaron tensiones entre las que se presentó la retención de un militar y fue necesaria la presencia del misterio público para buscar un acuerdo. Esta es la situación que se teme sea repetitiva con la implementación, de nuevo, de la fumigación.

Juan Carlos Quintero, líder de la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat), hace el recuento de que los cultivos de coca y marihuana están en 13 de los 40 municipios de Norte de Santander. Entre ellos se cuentan los 11 de Catatumbo, “pero ya la coca llegó a la zona rural de Cúcuta y El Zulia (área metropolitana de la capital nortesantandereana)”. Además, según el informe de Naciones Unidas contra las Drogas, entre los 10 principales municipios con coca, cuatro son de Catatumbo. EL principal es Tibú donde se calculan alrededor de 20 mil hectáreas, y en esa decena se cuentan también Sardinata, Teorama y El Tarra.

Ante ese panorama, las comunidades de esta región requieren atención y la necesidad de un diálogo que evite que las medidas que se buscan implementar generen un retroceso en las políticas de lucha contra la droga, además de tensiones entre la población y la fuerza pública.

Quintero, al igual que Galván, insiste en acatar lo propuesto en los acuerdos de La Habana (Cuba) como una alternativa que enrute un panorama pacífico para las comunidades que residen en una de las zonas del país con más plantaciones de cultivos ilícitos. Y a pesar de que estos municipios tienen una economía campesina en la que se producen toneladas de cebolla, tomate, hay producción de panela, ganadería, palma de aceite, “por la falta de reconocimiento del campesinado y el aislamiento que hemos tenido históricamente, la coca se convierte en una posibilidad de sobrevivir para muchas comunidades”, dice el vocero de la Asociación Campesina.

La fumigación terrestre se tiene prevista para Hacarí, Convención, San Calixto, Teorama y El Tarra, mas no se inició hasta el momento, aunque está la tensión. El líder de Ascamcat comenta que la erradicación manual sí se presenta en Tibú y El Tarra, algo con lo que las comunidades no están conformes, pues esperan propuestas que les permitan proyectos que los beneficie, “es una situación que tiende a complicarse porque ya está claro que el gobierno no va a meterle más a la sustitución voluntaria de cultivos y que al paralelo de la erradicación manual, están tratando de que la aspersión con glifosato, vía aérea, sean reactivada”, advierte Quintero.

En el Chocó

Pero la tensión por la erradicación manual de cultivos ilícitos también se mueve en otras regiones del país. Hace dos semanas se presentó un enfrentamiento entre ejército y comunidad cuando se adelantaba este proceso en Riosucio, Chocó.

Semana habló con un miembro de la comunidad de la vereda Salaquí que vivió los momentos de tensión y compartió que el Ejército disparó contra ellos “porque nosotros estábamos haciendo ruido para que los compañeros no se durmieran y aguantaran en el campamento”. La fuerza pública, por su parte, explicó que los soldados que prestan guardia a los erradicadores fueron atacados.

En el choque resultaron cinco personas heridas comparte la personera de Riosucio, Yania Yurgaky Pineda, pero detalla que esta situación más allá, pues hubo incumplimiento por parte de la alcaldía de un acuerdo al que llegaron el 9 de febrero pasado en el que entre varios puntos la comunidad pedía una reunión con el director del Programa Nacional Integral de Cultivos de Uso ilícito (PNIS) con quien querían buscar alternativas siendo incluidos en algún programa de sustitución de cultivos.

Frente a este hecho la Procuraduría General de la Nación hizo un llamado para que desde la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito se concertaran alternativas que beneficien a las comunidades campesinas que siembran coca en la cuenca del río Salaquí en Riosucio. Hizo, además, un llamado para que se planifiquen y desarrollen estrategias de erradicación y sustitución de cultivos ilícitos.

No está en manos de Mindefensa

Aunque estas preocupaciones ya hacen parte del día a día de las comunidades por cuenta de los anuncios del Gobierno, lo cierto es que comenzar nuevamente el Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante Aspersión Aérea con Glifosato (PECIG), no será tarea fácil y tampoco está en las manos del ministro Molano.

Isabel Pereira, coordinadora de Política de Drogas del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad, De Justicia, argumenta que implementar nuevamente esta técnica es ir en contra de los tratados internacionales que el país ha firmado en materia de derechos humanos.

Asegura que esta no es una decisión que esté en el escritorio del Ministerio de Defensa, pues el Gobierno debe cumplir con todos los requisitos impuestos por la Corte Constitucional, además de que hay varias tutelas que no se han resuelto. “Echar adelante esta determinación sin cumplir con lo exigido por la Corte sería abiertamente ilegal”.

De igual forma, si bien el Ministerio de Justicia tiene listo el decreto borrador con el que busca regular la erradicación de cultivos ilícitos, como parte de lo exigido por el Alto Tribunal, este aún no se ha expedido; como tampoco se conoce el análisis científico del Ministerio de Salud que certifique la ausencia de daño del glifosato en el medio ambiente y la salud de las poblaciones aledañas que están representadas no solo en las comunidades campesinas, sino también en los pueblos indígenas y afrodescendientes, que en el pasado se han visto impactadas por esta práctica. De acuerdo con un informe de la Secretaría Técnica Indígena de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas más de 1.133.000 hectáreas del programa de fumigaciones aéreas con glifosato se traslapan con resguardos en los que habitan 40 pueblos indígenas, en 54 municipios del país, un dato que genera preocupación pues se trata de poblaciones altamente vulnerables a las afectaciones que puede generar la aspersión aérea.

Por estas razones son muchos los ojos que están encima de la decisión del Gobierno. Hace apenas una semana, siete relatores de Naciones Unidas le pidieron al presidente Iván Duque que se abstenga de retomar esta técnica y pidieron información en torno a los avances registrados frente al cumplimiento de los requisitos que le permitirían reanudan la aspersión aérea con glifosato.

En una carta enviada al Primer Mandatario, los representantes del organismo multilateral hicieron un fuerte llamado que incluye diversos mandatos del Sistema de Derechos Humanos de la ONU: Sustancias Tóxicas, Pueblos Indígenas, Afrodescendientes, Medio Ambiente, Alimentación, Salud y Personas Defensoras.

Los relatores expresan que la reanudación es inconveniente para el contexto actual del país que se refleja en: agudización de la violencia, baja implementación del Acuerdo de Paz, pandemia y un grave déficit de participación ciudadana en temas ambientales.

Ante este panorama, el camino no está del todo despejado para que el Gobierno ponga en marcha nuevamente esta técnica de erradicación de cultivos ilícitos.