Los tres caminos que podría tomar la juez frente a la libertad de Uribe

Luego de casi un mes de tropiezos al fin arrancará la audiencia en la que los abogados del expresidente Álvaro Uribe Vélez expondrán los motivos que sustentan la petición de libertad. El jefe del Centro Democrático está en detención domiciliaria desde el pasado 5 de agosto señalado de los presuntos delitos de soborno y fraude procesal en calidad de determinador. La Sala de Instrucción, al resolver situación jurídica le enunció esos cargos y le impuso la medida de aseguramiento. Ante eso, Uribe renunció al Senado y así logró el trasteo de su caso a instancia de los jueces ordinarios y la Fiscalía. En este estadio es que ahora se revisará si la medida debe ser reformulada de alguna forma.

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Y frente a ese horizonte hay tres opciones: anulación, revocatoria o sustitución. El primero es el más radical y el que más anhelan los abogados del expresidente. Implica que tras el cambio de jurisdicción y de marco normativo hay que hacer un borrón y cuenta nueva. Es decir, que dado que el caso pasó de ser conducido por los magistrados de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema en el marco de la Ley 600 de 2000, a ser instruido por la Fiscalía bajo el régimen del sistema penal acusatorio (Ley 906 de 2004), habría que decretar la anulación de lo actuado y empezar de cero. Esa determinación solo la podrá tomar la jueza de garantías. De darse, no solo se caería la detención de Uribe sino también las piezas que obran en el expediente remitido por la Corte: testimonios, documentos, evidencias técnicas, declaraciones, labores investigativas y demás elementos.

Aunque se puede anticipar que los abogados de Uribe –cuya estrategia jurídica se mantienen en total hermetismo– solicitarán a la jueza la anulación de lo actuado, no es muy fácil que la togada acceda a ello. Esto porque la figura de la anulación se aplica cuando hay alguna ilegalidad y en el caso de Uribe lo que hubo fue un cambio de jurisdicción pero las decisiones y avances de la Corte se presumen legales y apegadas al procedimiento que rige en esa instancia.

El segundo camino es el de la revocatoria de la medida de aseguramiento. Este argumento reposa en una deducción lógica: el sistema penal acusatorio es un modelo garantista –el rol de Fiscalía y jueces es independiente– en que se exige formular imputación antes de imponer a alguien una medida de aseguramiento, y en este caso Uribe está en casa por cárcel sin que se haya agotado ese paso.

Al respecto, de seguro, la contraparte del expresidente, el senador Iván Cepeda, alegará que la “adecuación” que exige pasar de la Ley 600 a la 906 implica que la resolución de situación jurídica expedida por la Corte se asimile a la imputación y con esa lógica solicitará que esta se mantenga.

Sin embargo, los abogados de Uribe, frente a ello argumentarán con razón que la diferencia entre aquel modelo y este es precisamente las garantías y que en Ley 600 la Sala de Instrucción investiga y toma decisiones sobre la libertad en tanto que en el sistema es la Fiscalía la que investiga pero solo un juez de garantías puede imponer una medida de aseguramiento, cosa que no ha ocurrido en el caso de Uribe. La eventual revocatoria tendría implicación solo respecto a la medida y no afectaría las evidencias que hay en el expediente. Lo que ocurra con estas sería objeto de debate en otras audiencias.

Finalmente está la opción de la solicitud de la sustitución de la medida de aseguramiento. Esta tiene que ver con que el sistema penal acusatorio exige imponer la medida más adecuada y menos lesiva (la más garantista). Antes de llegar a la necesidad de una detención domiciliaria hay que revisar si otras medidas menos fuertes cumplen con el propósito de asegurar la investigación (como prohibición de salir del país, prohibición de entrar en contacto con ciertas personas o testigos, limitar las comunicaciones o la obligación de portar un brazalete electrónico). En el caso del expresidente Uribe esa discusión tampoco se agotó.

En general para los abogados la sustitución de la medida es la última opción. Lo más probable es que la defensa de Uribe formule los tres escenarios (anulación, revocatoria y sustitución) en ese orden y en lógica subsidiaria. Eso quiere decir que la petición principal sería la anulación de lo actuado, y que si la jueza no se convence de ello pase a considerar la revocatoria de la medida, y que en el peor de los casos se incline por la sustitución de la medida.

Son tres escenarios, todos, con características particulares que conducen a lo mismo: que el expresidente Uribe recupere su libertad. Por supuesto, dentro de las opciones de la jueza también está la de confirmar la medida y dejar por ahora las cosas como están. Por todo eso es que la audiencia de este jueves es crucial.