Las víctimas, la cenicienta del Plan Nacional de Desarrollo

A finales del año pasado, cuando el Departamento de Planeación Nacional (DNP) empezaba a diseñar la hoja de ruta para los cuatro años del gobierno de Iván Duque, Foros Semana realizó el foro ‘Los derechos de las víctimas en el Plan Nacional de Desarrollo’ (PND). El objetivo era discutir con las víctimas, el Gobierno, la sociedad civil, academia y la comunidad internacional sobre los aspectos clave del PND para atender y reparar a las víctimas del conflicto.

De este encuentro y otros espacios que la Unidad de Víctimas desarrolló con las comunidades y las Mesas de Víctimas surgió el documento presentado a Planeación con propuestas y consideraciones. Sin embargo, según las organizaciones de víctimas, el Plan que finalmente llegó al Congreso tiene poco de ese documento.

Como dice el coordinador de la Mesa Nacional de Víctimas, Odorico Guerra, las comunidades y especialmente la población víctima que participó de esas discusiones se han sentido burladas. “Con mucha ilusión participamos en la construcción de un documento, nos crearon grandes expectativas y ahora nos sentimos como la cenicienta del paseo porque casi nada de lo que propusimos se tuvo en cuenta”, aseveró Guerra.

Para la representante a la Cámara Juanita Goebertus hay tres elementos que ponen en entredicho el compromiso del Gobierno con las víctimas. Primero, que los recursos de la paz no son adicionales como exige la Constitución, sino que están distribuidos entre los distintos pactos. Segundo, que las metas de atención y reparación a las víctimas, al contrario de aumentar, disminuyeron con respecto al cuatrienio pasado. Y tercero, que la restitución de tierras tampoco aumentó sus metas.

Al respecto, la directora de Planeación Nacional, Gloria Alonso, explicó que el Plan Plurianual de Inversiones sí tiene un apartado para la paz y estima inversiones por el orden de 37,1 billones de pesos para la implementación del acuerdo de paz durante el cuatrienio. Además, precisó que los recursos proyectados para la población desplazada son, como mínimo, el 1,2 por ciento del PIB de cada año. Estos están proyectados de la siguiente manera: 2019, 4,32 billones; 2020, 4,59 billones; 2021, 4,90 billones y 2022, 5,24 billones de pesos.

Sobre esto, el director encargado de la Unidad para las Víctimas, Ramón Alberto Rodríguez, aseguró que los recursos destinados a la reparación de las víctimas no son suficientes y que incluso el DNP aceptó que le faltaron algunos elementos en el Plan. El director espera que los congresistas resuelvan esto en los debates, pues Planeación no lo ha corregido.

“El presidente nos lo ha dicho y es nuestro propósito llegar al menos a 500.000 víctimas indemnizadas en este cuatrienio, una cifra mayor que la meta que nos planteamos en el Plan de Desarrollo, que es de 420.000. Sin embargo, estamos negociando con Planeación porque los 2,4 billones que están destinados en este momento no alcanzan”, aseveró Rodríguez.

La directora de Planeación Nacional reconoció esa negociación y aseguró que la idea es lograr una meta más ambiciosa de indemnizaciones. Alonso además le dijo a Foros Semana que con el Sisbén IV contarán con información actualizada para identificar más efectivamente las necesidades de la población y garantizar que las intervenciones sociales les lleguen en forma adecuada.

“Buscamos focalizar prioritariamente en las víctimas pobres y vulnerables que se hayan identificado, direccionando todas las ofertas para suplir sus necesidades. Eso se hará en concordancia con el Marco Fiscal de Mediano Plazo y la sostenibilidad fiscal del país”, aseveró Alonso.

Pero además de las metas y los recursos destinados para la reparación a las víctimas, hay dos aspectos fundamentales para esta población escasamente mencionados en el Plan. El primero es la Ley de Víctimas, que cumple su vigencia en 2021, a la que el Plan solo retoma en dos líneas para decir de manera tangencial que debe ser prorrogada. Y el segundo, que no menciona las circunscripciones especiales de paz, que buscan garantizar la representación política de las víctimas en la Cámara de Representantes.

Marco Romero, director de Codhes (Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento), dijo que el Gobierno tiene el reto de garantizar los derechos de las víctimas sin la excusa de la sostenibilidad fiscal. “La población desplazada sigue en 87 por ciento de pobreza. Si el Gobierno continúa diciendo que no hay recursos, cuando sí podría haberlos, nunca se va a lograr que estas personas salgan de su situación de vulnerabilidad”, aseveró Romero.

Para superar ese estado de vulnerabilidad, Codhes coincide con el Gobierno en no caer en un asistencialismo, sino más bien lograr que las personas construyan proyectos de vida insertados al mercado laboral. Por eso denuncian que el Plan no contempla metas puntuales en cuanto a educación y vivienda para las víctimas. Falta ver si el articulado que lleve el DNP al Congreso la próxima semana corrige estos aspectos o si le corresponde al Legislativo velar por los derechos de las víctimas.