Judicial
Las vueltas de la demanda que busca ponerle punto final a los millonarios viajes de Verónica Alcocer en representación del Estado colombiano
Después de un extenso debate, la Sala conformada por tres magistrados no llegó a ningún veredicto por lo que se realizó un nuevo reparto para su estudio.
SEMANA conoció que en manos de los magistrados del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, César Giovanni Chaparro Rincón y Oscar Armando Dimaté Cárdenas quedó el futuro de la demanda que pide ponerle punto final a los viajes de la Primera Dama, Verónica Alcocer en calidad de “embajadora en misión especial” que le ha otorgado en varias oportunidades la Cancillería.
Entre los viajes más polémicos se encuentra la visita en enero de 2023 a la ciudad de Roma, Italia, “con el fin de asistir a la audiencia que ha sido otorgada por su Santidad el papa Francisco”. Para esto le entregaron viáticos por 60 millones de pesos. Igualmente, la Primera Dama ha recibido el aval para representar a Colombia en eventos como el funeral de la Reina Isabel II, la Asamblea de las Naciones Unidas y el sepelio del ex primer ministro japonés Shinzo Abe.
El debate ha tenido varias complejidades. El pasado 5 de abril, la Sala conformada por tres magistrados no pudo llegar a una decisión final frente a la ponencia presentada por el magistrado Luis Manuel Lasso Lozano hecho por el cual el expediente tuvo que ser enviado a otra Sala para que tome una decisión.
“Los integrantes de la sala, luego de votar el proyecto no arribaron a ninguna decisión. Concluyeron que, debido a los criterios divergentes expresados por cada uno de ellos, era necesario llamar a otros dos ‘Magistrados de la respectiva corporación’ para integrar sala de decisión”, precisa la decisión emitida el pasado 5 de abril conocida en su integridad por SEMANA.
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El pasado lunes 8 de abril, según se pudo establecer, todo el expediente fue remitido para su estudio. En este caso, la Procuraduría General se mostró de acuerdo en los argumentos de la demanda, indicando que no existía razón para que se le hubiera otorgado la figura de “embajadora” a Alcocer, quien no tiene funciones públicas y mucho menos hace parte de la Cancillería.
“La señora Verónica del Socorro Alcocer García no es servidora pública, ni se le asignó tal calidad, por lo tanto, no podría ser destinataria ni de comisiones, ni de viáticos regulados para los servidores públicos, a quienes se dirige la normatividad invocada en el decreto cuestionado”, señaló la Procuraduría en su concepto de 19 páginas.
En este sentido se advirtió que se debe declarar la nulidad de los decretos que se emitieron para favorecer a Alcocer al estar inmersos en grandes irregularidades. “El señor presidente de la República infringió dicha disposición, pues al ser un servidor público y actuar en ejercicio de sus funciones expidió el decreto en el que se designa o nombra como embajadora en misión especial a su esposa, Verónica del Socorro Alcocer García, persona con la cual está ligado por matrimonio o unión permanente”.
Para la Procuraduría, se debe enviar un mensaje al país que “no todo vale” cuando se está en el poder, por lo que este decreto, que no tiene justificación clara debe ser anulado y no se puede presentar otra vez una situación así. Por su parte, la Presidencia de la República sostuvo que esta figura se viene utilizando desde hace mucho tiempo.
“La designación de un particular como embajador en misión especial no es una figura nueva en el ordenamiento jurídico y ha sido empleada en numerosas oportunidades”, indicó el representante de la Presidencia.
