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Bogotá, 25 jul (SIG). I. Momento histórico

Honorables Magistrados:

Hace casi 2 años vine a reunirme personalmente con ustedes. Mi preocupación en ese entonces era la falta de un marco jurídico adecuado para cerrar de la mejor manera los procesos de justicia transicional en curso y, sobre todo, para poner en marcha una verdadera estrategia integral de justicia transicional en caso de que se iniciara un proceso de paz con las guerrillas.

Hoy vengo a esta audiencia pública en una situación y en un contexto muy distinto.

En primer lugar, luego de mucho estudio y un trabajo riguroso, impulsamos junto con el Congreso de la República el llamado Marco Jurídico para la Paz, que es lo que nos convoca el día de hoy.

Y en segundo lugar, como parte de esa misma política integral de paz, iniciamos conversaciones directas con la guerrilla de las FARC, primero de manera confidencial hasta lograr la firma de un acuerdo marco –el Acuerdo General– y ahora en una segunda fase de manera pública en La Habana.

Permítanme, señores Magistrados, comenzar con este segundo punto, porque es el principal mensaje que les traigo hoy: estamos ante una posibilidad real, a mi juicio la mejor de nuestra historia, de poner fin al conflicto armado interno.

Estamos entonces ante un momento de decisiones como sólo se nos presenta una vez en la vida y debemos actuar todos con el mayor sentido de responsabilidad para asegurar que este proceso llegue a feliz término. Y que lo haga dentro de un marco de respeto y garantía de los principios y derechos que establece nuestra Constitución y que guían todas nuestras actuaciones públicas.

Este proceso, señores Magistrados, es, como ya dije, parte de una política de paz integral en la que hemos trabajado, de manera discreta y metódica, desde el primer día de mi gobierno.

No pretendo decir con eso que partimos de cero. Todo lo contrario: hemos intentado aprovechar las lecciones del pasado y construir sobre lo construido, incluyendo la jurisprudencia de esta misma Corte.

Pero también hemos intentado, dentro de esta política integral de paz, aprender de las experiencias de otros países y, sobre todo, dar pasos a la vez firmes y ponderados.

El primer paso fue poner a las víctimas en el centro de las políticas del gobierno, con la Ley de Víctimas.

Para el Gobierno y para mí en particular era perfectamente claro que el punto de partida de cualquier solución al conflicto era el reconocimiento y resarcimiento de las víctimas.

De la mano del Congreso, y luego de consultar una gran variedad de organizaciones, discutimos y redactamos una ley que, como ninguna antes, expresa el compromiso del Estado colombiano con la satisfacción de los derechos de las víctimas.

Este es un buen ejemplo de cómo construimos sobre lo construido: esta ley sería impensable sin el antecedente de la sentencia T-025 de esta Corte, que tuteló los derechos de la población en situación de desplazamiento, y sus autos de seguimiento, que sirvieron de ejemplo y fundamento para su desarrollo, en especial para el capítulo de restitución de tierras.

El segundo paso fue el reconocimiento del conflicto armado interno.

Se trata de un acto de elemental de sentido común, sin el cual sin embargo no tendríamos ni el marco legal ni conceptual para poner fin al conflicto. Ni tampoco el fundamento para hacer el reconocimiento que les debemos a las víctimas.

Porque las víctimas son precisamente víctimas del conflicto armado interno. Y por eso fue en el marco de la discusión de la Ley de Víctimas que hicimos ese reconocimiento.

Con eso no estábamos haciendo nada distinto de lo que ya hace mucho tiempo había indicado esta Corte.

El tercer paso fue crear un entorno internacional favorable a la paz, dándole un vuelco a las relaciones con nuestros vecinos.

Yo mismo me di a la tarea de conversar con el presidente Chávez para llegar a acuerdos que, sin negar las grandes diferencias en nuestras concepciones del Estado y la sociedad, nos permitieran convivir como lo que somos: repúblicas hermanas que anteponen ante todo el bienestar de su población.

Esa misma política es la que esta semana he reafirmado con el presidente Nicolás Maduro, quien desde sus tiempos de Canciller ha sido uno de los grandes aliados de la paz de Colombia.

También con el Presidente Correa del Ecuador pusimos de lado nuestras diferencias y él es hoy uno de los mayores defensores de este proceso de paz.

Y así sucesivamente con los demás países de la región:

Brasil, que siempre ha tenido la mejor disposición a ayudarnos en lo que le hemos pedido;

Uruguay, que se ha convertido en uno de los grandes defensores de este proceso;

La Argentina, cuya Presidenta nos visitó la semana pasada justamente para reafirmar su compromiso con la paz;

Chile, que como ustedes saben es uno de los dos países acompañantes del proceso;

Perú y Bolivia, cada cual a su manera, nos ha expresado su permanente apoyo;

Todos los países de Centroamérica, que hace 20 años vivieron sus propios procesos y saben lo que significa la paz;

México, por supuesto, que siempre ha promovido la paz del continente;

Y por último Cuba, que ha sido el escenario de este proceso desde sus comienzos; y ha sido un escenario ideal.

Y el respaldo no es solo de la región sino a nivel global.

Valga resaltar el apoyo que nos han expresado el papa Francisco, grandes líderes del mundo, Canadá, Estados Unidos y la Unión Europea. Estas manifestaciones nos llenan de entusiasmo y nos motivan para continuar.

Me detengo en estos países y personajes no sólo para hacerles el reconocimiento que se merecen, sino para recordarnos a todos que la paz de Colombia es también la paz del continente, y por ello el mundo entero tiene los ojos puestos sobre nosotros.

Lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer resonará mucho más allá de nuestras fronteras.

II. El desarrollo del Marco Jurídico

El cuarto paso fue iniciar el proceso de construcción de un marco jurídico adecuado para la paz.

Por adecuado entiendo un marco que nos permita terminar el conflicto y a la vez garantizar la máxima satisfacción posible de los derechos de las víctimas. Y en este paso quisiera detenerme con más detalle, porque es el tema que nos convoca hoy.

La construcción de este marco comenzó con una reflexión en la Presidencia de la República sobre nuestras obligaciones nacionales e internacionales. No es lo mismo hacer la paz en 1990 que en 2013.

Desde entonces nos dimos cuenta de que cualquier proceso serio, transparente y eficaz de justicia transicional que enmarque la desmovilización y reincorporación de las guerrillas, y garantice a la vez la satisfacción de los derechos de las víctimas, tendría obstáculos jurídicos insalvables, si no nos dábamos a la tarea de crear un espacio constitucional adecuado.

Simultáneamente, el Congreso de la República avanzaba en su propia reflexión. La Comisión de Paz del Senado, impulsada con gran vigor por el senador Roy Barreras, elaboró un diagnóstico sobre la situación de los instrumentos jurídicos de paz, sobre la base del análisis de las propuestas que presentaron las principales organizaciones de paz y de derechos humanos de la sociedad civil en cuatro mesas de trabajo.

Si algo ha distinguido la construcción de este marco, es que ha sido un proceso participativo.

Todos estos esfuerzos confluyeron en el proyecto de Acto Legislativo, que también fue ampliamente discutido por la sociedad en tres audiencias públicas, y que hoy nuevamente es objeto de discusión.

No exagero al señalar que este es el proceso de constitucionalidad más importante de la década. Estamos construyendo de manera abierta, transparente y deliberativa nuestro modelo de justicia transicional.

Decidir cómo vamos a hacer frente a los efectos de 50 años de conflicto nos convoca a todos y demanda la colaboración armónica entre los poderes públicos.

Y por eso celebro que la Corte Constitucional haya decidido convocar esta audiencia pública.

Como ya dije, la construcción de un marco jurídico adecuado es un pilar fundamental de una política de paz integral.

No pocos países con conflictos internos han fracasado en sus intentos de paz por no haber trabajado de antemano y con rigor en las condiciones jurídicas de la paz. Con mucha más razón lo debemos hacer nosotros, que hemos vivido un conflicto tan prolongado: No podemos pretender poner fin a una guerra de 50 años sin antes pensar en cómo vamos a hacer frente al legado de graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al DIH.

Por esa razón, mucho antes de sentarnos a hablar con las FARC iniciamos la discusión y con el Congreso impulsamos el proyecto de Acto Legislativo.

Porque estábamos convencidos de que lo más sano para la democracia y la justicia era discutir los términos del modelo de justicia transicional sin la presión de una inminente desmovilización de los grupos guerrilleros.

III. ¿En qué consiste el llamado “Marco Jurídico para la Paz”?

¿En qué consiste el llamado “Marco Jurídico para la Paz”?

La idea central es muy sencilla: se trata de establecer un marco constitucional que nos permita poner en marcha una estrategia integral de justicia transicional que garantice la satisfacción de los derechos de las víctimas y el logro de la transición hacia la paz.

La palabra clave aquí es “integral”. A través de este Acto Legislativo, el constituyente llevó a nuestra Carta un marco general que traza los límites y obligaciones fundamentales de cualquier estrategia de justicia transicional, incorporando un catálogo de medidas de carácter judicial y extrajudicial.

Los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación, que consignamos en la Ley de Víctimas, y luego con el Marco elevamos a rango constitucional, no se satisfacen adecuadamente si se tratan de manera independiente.

Esa es una de las grandes lecciones que tenemos que aprender de nuestra propia experiencia.

Y tampoco se satisfacen adecuadamente, a pesar de los grandes esfuerzos que estamos haciendo, si el conflicto continúa.

Esa es la gran oportunidad, la oportunidad histórica que tenemos ante nosotros: poner fin al conflicto y de esa manera crear las condiciones para poder dar la mayor satisfacción posible a los derechos de las víctimas.

IV. El Marco Jurídico y la lucha contra la impunidad

Por eso les digo: este modelo es todo lo contrario de lo que alegan nuestros opositores. No sólo NO abre espacios a la impunidad, sino que satisface de la manera más amplia posible los derechos de las víctimas de un conflicto tan prolongado.

Esta es la primera vez que Colombia se toma en serio la obligación de lucha contra la impunidad por los hechos cometidos en el conflicto armado.

No para pretender investigar todos los hechos cometidos en medio siglo de violencia y procesar a todos los responsables y luego no cumplir, sino para construir una estrategia realista y transparente que, en cambio, permita satisfacer de la mejor manera los derechos de todas las víctimas.

Nuestro compromiso con las expectativas y derechos de las víctimas es serio.

No se trata entonces de sacrificar la justicia para lograr la paz, sino de cómo lograr la paz con un máximo de justicia.

De justicia entendida en todas sus dimensiones: cómo establecer responsabilidades por los crímenes más graves, cómo conocer la verdad sobre lo sucedido, cómo reparar a todas las víctimas del conflicto y, sobre todo, cómo asegurar que no vuelva a haber víctimas, que es lo que son las garantías de no repetición.

V. El reconocimiento de responsabilidad

Cuando hablo de las víctimas me refiero a las víctimas de todos, incluyendo por supuesto las víctimas de agentes del Estado.

Por eso, como Presidente, me di a la tarea de promover su inclusión en la Ley de Víctimas, para asegurar su reparación.

Por eso, también, desde cuando impulsamos el Marco Jurídico para la Paz, dejamos claro que los agentes del Estado que hayan violado la ley en cumplimiento de sus funciones deben participar en los mecanismos de justicia transicional.

Quiero aprovechar esta oportunidad para hacer un reconocimiento. No es ésta la primera vez que lo hago, ni tampoco será la última.

Ayer recibí el informe final del grupo de memoria histórica, que se creó hace 6 años. El informe no es y no podría ser la última palabra sobre el conflicto armado en Colombia.

Es más bien un primer paso hacia un verdadero ejercicio de esclarecimiento del pasado que tendrá que ser ampliado y profundizado si llegamos al fin del conflicto.

Pero es un paso muy valioso, porque nos da muchas pistas para entender lo ocurrido, así las pistas sean necesariamente parciales, precisamente porque el conflicto no ha terminado y las guerrillas aún no han dejado las armas.

El informe también contiene recomendaciones. Una de ellas es que el Presidente de la República, en nombre del Estado colombiano, reconozca la responsabilidad por las violaciones a los derechos humanos relacionadas con el conflicto armado.

Ese es el reconocimiento que quiero hacer hoy.

El Estado colombiano ha sido responsable, en algunos casos por omisión, en otros casos por acción directa de algunos agentes del Estado, de graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al DIH ocurridas a lo largo de estos 50 años de conflicto armado interno.

Nuestro compromiso como Gobierno, y mi compromiso como Presidente de la República, es que este reconocimiento sea también un primer paso para que hacia adelante los agentes del Estado que hayan cometido graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al DIH reconozcan su responsabilidad y puedan participar en los mecanismos de justicia transicional.

Nuestra función como agentes del Estado es garantizar y proteger los derechos de todos los ciudadanos. Por esa razón, tanto mayor es nuestra responsabilidad.

Y si vamos verdaderamente hacia el fin del conflicto, los miembros de las FARC y del ELN, y los desmovilizados de las autodefensas, responsables de violaciones a los derechos humanos e infracciones al DIH deberán también asumir su propia responsabilidad. Esto es fundamental.

VI. El derecho a la paz y la Constitución

Quiero terminar esta intervención volviendo a los orígenes de la Constitución del 91.

Como todos sabemos, y como esta misma Corte lo ha dicho en repetidas ocasiones, los constituyentes en 1991 entendieron la Constitución, ante todo, como un pacto de paz.

Esa es nuestra tragedia: que a pesar de haber construido una de las constituciones más avanzadas en el mundo, no pudimos cumplir con su propósito fundamental que es el de la paz, porque el conflicto continuó.

Y esa imposibilidad de materializar la paz ha limitado nuestra capacidad de garantizar plenamente otros derechos, sobre todo en las regiones más apartadas del país.

Hoy estamos ante la posibilidad de hacer –¡por fin!– realidad ese anhelo de paz y de esa manera poder finalmente proteger como corresponde los derechos de todos los colombianos y de las víctimas en particular.

Ese es el tamaño de nuestra responsabilidad y del asunto que hoy nos convoca.

Como Jefe de Estado asumo hoy ante ustedes la responsabilidad que me corresponde para el buen desarrollo de este Marco Jurídico para la Paz.

Para que como consecuencia de este proceso de paz y de la aplicación de una estrategia integral de justicia transicional tengamos un Estado de derecho más fuerte; para que nuestra democracia sea más vigorosa y, sobre todo, para que logremos una verdadera reconciliación entre los colombianos; una reconciliación que se basa en primer lugar en el respeto y la satisfacción de sus derechos.

No tenemos ningunas garantías de éxito. Y si fracasamos, tengan la seguridad de que hare uso de todos los instrumentos del Estado de derecho para satisfacer esas necesidades y para proteger los derechos de los colombianos. Vamos para adelante, con o sin las FARC, con o sin el ELN.

Pero cuánto mejor sería poner fin al conflicto mediante un acuerdo. Un acuerdo que tenemos que entender ante todo como una oportunidad.

Una oportunidad que depende también de que establezcamos un marco jurídico adecuado, que es lo que es el Marco Jurídico para la Paz.

Una oportunidad para hacer unas transformaciones que integren finalmente a este país tan fragmentado por su geografía, por su historia, y por el dolor que ha causado el conflicto.

Y una oportunidad para que los gobiernos en adelante se puedan dedicar con mucha más eficacia a cumplir con su mandato principal: hacer realidad los derechos consagrados en la Constitución.

Muchas gracias.