Legalizan captura de Emilio Tapia y otros involucrados en caso Centros Poblados

Ante un juez de control de garantías, la fiscal a cargo de la investigación por las presuntas irregularidades en el contrato que entregó el MinTIC a la unión temporal Centros Poblados, explicó las razones para considerar que las capturas realizadas en la madrugada del pasado lunes cumplieron los requisitos legales.

En la audiencia de legalización de captura, la Fiscalía explicó que se adelantaron varias diligencias de allanamiento para lograr la detención de las personas que ahora se encuentran frente al juez: el excontratista Emilio Tapia, el representante legal de Centros Poblados, Luis Fernando Duque y el vicepresidente de Rave, Juan José Laverde.

En la misma exposición, la fiscal dejó en claro que cuando adelantaron una diligencia de allanamiento para lograr la captura del empresario de la construcción Jorge López, no fue posible su ubicación, por lo tanto esta detención sigue pendiente.

Adicionalmente la Fiscalía enumeró las pruebas que tendría en contra de los ahora capturados y allí se incluyen declaraciones de quien se convirtió en testigo del ente acusador, un representante legal de la empresa que conformaba la unión temporal y que también tenía participación en la compañía que supuestamente iba a suministrar los equipos para el cumplimiento del contrato.

Luego de exponer los argumentos para soportar que se cumplió en cabal ilegalidad los procedimientos de allanamiento y captura, la Fiscalía le insistió al juez declarar resuelto ese punto, una petición que acompañó uno de los defensores al considerar que se respetaron los derechos fundamentales de su cliente.

Sin embargo otros dos defensores se ubicaron en una orilla diferente al explicar que se pudo afectar un derecho fundamental de los ahora capturados al incurrir en varias equivocaciones en los procesos de allanamiento y de captura.

“Dentro de la orden de allanamiento emitida por la señora fiscal, se omite que ese allanamiento era con fines de captura, sin embargo, cuando uno mira lo que no nos ha dicho nuestra honorable Corte, hay una interpretación que nos da a entender que cuando la Fiscalía quiera capturar a una persona y quiera hacer un allanamiento, lo que corresponde es solicitar de manera preliminar el allanamiento y posteriormente la orden de captura”, dijo el abogado Julián Quintana, ahora defensor del representante legal de Centros Poblados, Luis Fernando Duque.

Tras considerar que no se cumplen los requisitos legales para esa captura, el abogado Quintana le pidió al juez de control de garantías declarar ilegal la orden de detención que hizo efectiva la Fiscalía en la madrugada del pasado lunes.

“La Fiscalía era consciente de que iba a hacer ese allanamiento para la captura, por eso pido que decrete la ilegalidad de la captura”, dijo el abogado.

Para el representante del Ministerio Público, la Fiscalía cumplió con todo lo que se requiere para adelantar un proceso o una diligencia de allanamiento con fines de captura y que incluye el respeto por los derechos fundamentales de las personas que serán objeto de detención, así que acompañó la solicitud del ente acusador de declarar legales las órdenes y allanamientos.