Los secretos de Pinilla, el abogado a la sombra del exfiscal anticorrupción

Hace una semana, el abogado Leonardo Pinilla cumplió 32 años en medio de reclusos, abogados y guardias del Inpec, que custodian el pabellón de extraditables de la cárcel La Picota, de Bogotá. El mundo carcelario no le es ajeno -su padre es el médico de la cárcel de Montería- sin embargo, se enfrenta a lo desconocido ya que su nombre está entre los primeros en ser llamados a saldar sus deudas con la justicia de EE.UU. 

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Pinilla estudió en la Universidad Sergio Arboleda y en los últimos años se había especializado en la defensa de casos penales de renombre. El abogado pasó de codearse con un sector de la élite de la sociedad cordobesa a ser considerado por el gobierno de Estados Unidos como el enlace clave del soborno que recibió el exjefe de la Unidad Anticorrupción. Ahora espera su envío a ese país para responder ante la Corte del Distrito Sur de la Florida, por conspirar para lavar activos con fines de soborno. 

Pese a que las reuniones que viene sosteniendo con abogados y a que horas después de su captura se anunció la fecha de imputación de cargos en Colombia, en la tarde de este martes, Pinilla envió una carta a la Fiscalía General en la que pide aplazar la audiencia por falta de abogado. Esto lo expone a una compulsa de copias, dado que hasta ahora un representante en su nombre venía ejerciendo contactos con la Fiscalía.

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En el mundo del derecho en Bogotá, quienes lo conocen lo ven como un abogado ligero y ostentoso. A su nombre aparecen una camioneta Toyota 4Runner y un Audi A3 que le fueron incautados luego de su detención. También le encontraron 12 millones de pesos que guardaba en un apartaestudio en el sector del Polo en el norte de Bogotá.

Sin embargo, su carrera cogió un vuelo precipitado y a su corta edad alcanzó un amplio abanico de clientes, casi todos a la sombra del exjefe de la Unidad Anticorrupción Gustavo Moreno, con quien recibió en Miami USD 10.000 dólares de parte del exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons. 

Su profesión la ejercía desde una oficina que tenía arrendada hace casi un año en el parque de la 93, en las instalaciones de la firma AL Abogados, que es de propiedad de Luis Ignacio Lyons España (familiar del exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons). Fuentes consultadas por SEMANA también indican que Pinilla era muy cercano al abogado Óscar Julián Guerrero, quien ha sido defensor de los intereses del exgobernador Lyons.

El abogado Guerrero asegura, en cambio, que aunque conocía a Pinilla como a muchos abogados en el mundo del litigio, no tenían ningún tipo de sociedad y el único proceso que llevaron en conjunto fue el de Jazmin Rocío Orozco, ya que ella misma lo solicitó como defensor. "El año pasado fui en una sola ocasión a su oficina que era la de Lyons España. Estas oficinas son las que tuvo Alejandro Lyons, antes de llegar a la gobernación", explicó.

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Precisamente, tanto Colombia como Estados Unidos lo acusan de ser la persona que hizo el enlace directo con el exgobernador, procesado por 20 delitos cometidos en Córdoba, para exigir un soborno de 500 millones de pesos a cambio de frenar las investigaciones en su contra.

A diferencia de Moreno, que ya hizo pública una estrategia de defensa que incluye la aceptación de cargos y el acogimiento a un trámite de extradición exprés, en el caso de Pinilla aún es un enigma qué rumbo le vaya a dar a su caso. Este portal confirmó que Pinilla inició contacto con Humberto Domínguez, un reconocido abogado cubano norteaméricano, experto en negociaciones con la justicia estadounidense.

Domínguez fue el apoderado de Víctor Patiño Fómeque, a quien convenció de no ir a juicio y declararse culpable. También representó a William Rodríguez Abadía, hijo de Miguel Rodríguez Orejuela, y a Fabio Ochoa. Dicen que quien lo contrata, lo hace porque está seguro de que va a colaborar con la justicia.

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Pinilla se abría camino en la justicia presumiendo sus buenas relaciones. Se le conoce una hija de 11 años y su padre, Tulio Pinilla Kerguelen, lleva más de 20 años trabajando como médico de la cárcel de Las Mercedes. Ha recibido varios reconocimientos del Inpec por buena conducta. 

En el caso de Porcino hay algo claro y es que si decide colaborar con la justicia podría llevarse por delante a muchos, incluyendo quienes le abrieron camino en el litigio. Moreno y Pinilla aparentaban no tener una relación desde hace varios meses, y de hecho algunos de sus allegados cuentan que estos se habían distanciado por cuenta de que Pinilla hablaba de más sobre Gustavo Moreno en Córdoba. Sin embargo, la coincidencia de casos en donde aparecen estos dos nombres como protagonistas tiene a la Fiscalía desempolvando expediente por expediente. 

Investigan filtraciones de capturas

Una de esas casualidades se dio alrededor del cartel de la hemofilia que desangró al departamento de Córdoba en 40.000 millones de pesos. Moreno coordinaba la investigación en Bogotá, de la cual se desprendió la captura del señalado cerebro del cartel: Guillermo Pérez Ardila, representante legal de la IPS Unidos por su Bienestar.

El señalado reponsable de desfalcar al sistema con falsos pacientes resultó entregándose ante las autoridades antes que lo pudieran capturar. Su abogado representante fue Leonardo Pinilla, quien usó como argumento ante los jueces de control de garantías la voluntad de colaborar de su cliente, de aclarar lo ocurrido y de firmar un preacuerdo. 

Pérez Ardila logró ser cobijado el pasado mes de abril con el beneficio de casa por cárcel, en una decisión que despertó la ira del fiscal general, Néstor Humberto Martínez. El jefe del ente investigador cuestionó a través de su cuenta de Twitter la orden de detención domiciliaria y apeló la decisión de inmediato; semanas más tarde fue revocada y Pérez fue enviado a prisión. 

Para cuando ocurrió este episodio, la Fiscalía colombiana y la DEA tenían andando el operativo que terminó con la captura de Moreno y Pinilla el pasado mes de junio. Sin embargo, la forma en que ocurrieron los hechos viene a coincidir con información entregada por un testigo que colabora con la justicia y que señala que Moreno montó toda una estrategia para la filtración de las órdenes de captura.

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La Fiscalía intenta establecer si a cambio de esta información de carácter confidencial, los implicados pagaban con el fin de poder hacer estrategias que se vieran reflejadas en un mejor  tratamiento de los jueces. En otros casos no se descarta que las investigaciones impulsadas por su despacho no contaran con el sustento suficiente y tuvieran como único propósito presionar a los implicados. 

A pesar de su corta edad, Porcino tenía un buen número de clientes conocidos. Fue el abogado que representó al fiscal de Montería Orlando Márquez Benítez, el mismo hombre a quien Néstor Humberto Martínez en cuanto se posesionó como fiscal general le revocó un nombramiento como director seccional de la Fiscalía de Córdoba. Márquez está siendo procesado por tres delitos en el marco de presuntas irregularidades en la incautación de 176 kilos de cocaína en las playas de Coveñas. Aunque la Fiscalía pidió medida de aseguramiento, un juzgado de Medellín consideró que no representa un peligro para la sociedad por lo que ordenó domiciliaria. Se espera el resultado de la apelación de la Fiscalía. 

¿No me va a dar la mano? 

Antes de que Moreno llegara a la dirección de la Fiscalía Anticorrupción, dos absoluciones en el juzgado 14 penal de circuito de Bogotá marcaron la carrera judicial de estos dos abogados. La primera es la relacionada con el conocido caso de Carolina Rico, quien terminó siendo la esposa de Moreno, y fue capturada en flagrancia en el aeropuerto El Dorado de Bogotá con 1.959 gramos de coca.

Pinilla ejerció como abogado suplente de Moreno en algunas audiencias, en las que la estrategia de la defensa fue demostrar el poder adquisitivo de Carolina Rico y desmontar las acusaciones con la versión de que la maleta que llevaba ese día era un encargo de su abuela para su prima Virma Acosta que vivía en Francia. Tres días después de la captura la abuela murió.

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En entrevista con SEMANA, Carolina Rico explicó que "la maleta se la dio mi abuela a mi papá y le pidió el favor de que se la llevara a una sobrina para que la recogiera allá en París. Mi abuelita en ese momento tenía unos 89 años. No le vi lío y le hice el favor... era la maleta en la que le llevaban al hospital la ropa a mi abuelita. Creo que un sobrino de ella le pidió que se la llevara a la hija que vivía en Londres". 

Respecto al haber responsabilizado a su abuela del caso, Rico agregó que cuando su papá fue a la clínica a verla y le contó lo que había pasado con ella "mi abuela muere esa tarde, impactada por la noticia de mi detención. Murió de un paro respiratorio. Fue terrible para todos, pero en especial para él. Mi papá recibe un doble golpe en el mismo momento: su mamá y su hija".

Esta versión fue entregada por el papá de Carolina ante la justicia. El fiscal del caso, Jesús Miguel Porras Garcés, manifestó que esta evidencia era una prueba sobreviniente en la que se vislumbraba una duda razonable. El juez 14 Penal de Circuito de Bogotá decidió absolverla. La mujer asegura que ella no siguió la estrategia de defensa y que no asistió a las audiencias en las que el juez finalmente tomó la decisión a su favor. 

Este triunfo judicial de Moreno y Pinilla se sumó a otro que se dio en el mismo despacho 14 judicial de Paloquemao. Se trata del caso de Jazmín Rocío Orozco Rodríguez, implicada en el escándalo de falsos recobros al Fosyga a través de Previsanar IPS en Medicina Alternativa Ltda. En este caso, la defensa estuvo conformada por Moreno, Óscar Julián Guerrero (también abogado de Lyons) y Leonardo Pinilla, quien ejerció como titular. 

Pese a que celebraron la absolución de su defendida, este caso no pasó del todo inadvertido para la justicia. Inmediatamente después de su captura, en el despacho del juez 38 penal de circuito, Francisco Barbón, se resolvió un recurso que levantó la medida de aseguramiento a favor de Orozco con lo que recuperó su libertad.

A raiz de esa decisión, contra el juez Borbón se abrió un proceso en el que el testigo principal fue un funcionario del centro de servicios judiciales de Paloquemao. Este confesó que por el reparto del expediente recibió 500.000 pesos. Se trata de Elver Leonardo Mahecha Silva que declaró ante el Tribunal Superior de Bogotá que fue abordado por su compañero de trabajo Jaime Camargo Lucero, quien le manifestó que el caso de Orozco Rodríguez debía quedar en el juzgado 38 Penal Municipal con Función de Control de Garantías.

“Dijo que entre el abogado interesado en la audiencia y el juez 38 ya estaba todo hablado, que estaba todo listo para la libertad y lo único que faltaba era que la carpeta llegara allá a ese juzgado”, indicó.

Mahecha Silva aceptó haber realizado irregularmente el reparto y dio todos los detalles en su declaración: "Camargo Flórez se acercó y preguntó que si todo estaba listo, que si la vuelta estaba lista, Mahecha contesta que sí, entonces le dijo: ...bueno mijo, ¿no me va a dar la mano? ¿No se va a despedir?, cuando se estrecharon la mano, Camargo le entregó la suma de 500.000 pesos representados en billetes de 50.000", detalla el proceso.

Describe además que el 20 de diciembre de 2012, la secretaria del juzgado 38, Jeannette Ospina Sánchez, bajó de su oficina con destino al cuarto frío a dejar unas carpetas cuando Mahecha Silva le indagó por la audiencia. Ella respondió que el juez había concedido la libertad y que a ella no le parecía justo, que no estaba conforme con esa decisión. Francisco Borbón fue condenado por el delito de concierto para delinquir a cuatro años y medio.

El abogado Óscar Guerrero aclara que le recibió este caso a Gustavo Moreno en el 2014 para representar a Jazmín Orozco en la etapa de juicio, por lo que no conoció detalles de cómo se desarrolló el proceso en sus comienzos. Indica que conoció a Orozco cuando trabajó con ella hace 12 años en la Procuraduría y decidió representarla porque consideraba que había inferencias claras para demostrar su inocencia. 

"Grafólogos certificaron que las firmas de ella fueron falsificadas, el estudio económico demostró que no tenía incrementos de patrimonio injustificados y su esposo, Sebastián de Jesús Ramírez, se allanó a cargos desde el comienzo del proceso", explicó Guerrero. Agregó que no vio nada complicado de asumir el caso y que ante estas evidencias, la misma Fiscalía pidió la absolución.

Entre los clientes de Pinilla también aparecen Unidad Médica Medisur IPS SAS y el exalcalde de Puerto Salgar Humberto Agamez Ortíz. Sin embargo, sin lugar a dudas el caso que catapultó la imagen de Pinilla fue haber sido el abogado suplente en el caso del exgobernador de Antioquia Luis Alfredo Ramos, quien está a la espera de un fallo definitivo en la Corte Suprema de Justicia por parapolítica. Hasta la etapa de alegatos de conclusión, donde la titularidad la asumió Dagoberto Charry, el defensor titular fue Gustavo Moreno.

Mensajes cifrados

La dupla Pinilla-Moreno comenzó a ser investigada, según explicó el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, a partir del 12 de mayo. De las interceptaciones que comenzó desde esa fecha la Fiscalía en Colombia se desprenden indagaciones alrededor de contactos que tenía Pinilla con la Unidad de Testigos Falsos de la Fiscalía. Sin embargo, desde la fecha en que se activaron las escuchas no hay una sola comunicación entre ellos o con el exgobernador Alejandro Lyons. Tampoco ha sido posible acceder a los chats u otros materiales digitales que contengan los teléfonos pues hoy legalmente es imposible rastrear judicialmente los chats de WhatsApp o los teléfonos de Apple si estas dos empresas no dan su autorización. El tema ha sido polémico en el mundo entero.  

Es más, en una de las conversaciones que Pinilla sostiene con un desconocido asegura:"No tengo relación alguna con Gustavo". Estos indicios llevan a los investigadores a intuir que daban la imagen pública de estar distanciados, sin embargo, la entrega del soborno por USD 10.000 en Miami demuestra que las comunicaciones entre ellos nunca cesaron, aunque sí se pudieron dar a través de otras vías. En varios celulares de baja gama que le fueron incautados a Pinilla podrían estar las respuestas que el ente investigador está buscando.  

Por ahora, la Fiscalía tiene lista la imputación de cargos contra Pinilla por el delito de concusión en calidad de interviniente. El escrito se basa en la declaración que rindió Alejandro Lyons en la que explica cómo Moreno y Pinilla se le acercaron en Colombia para exigirle el pago de millonarios sobornos.

Según el ente investigador, en noviembre de 2016, tanto Moreno como Pinilla lo buscaron y le exigieron 400 millones de pesos a cambio de obstruir las investigaciones. Entre febrero y marzo, este contacto se volvió a realizar en Bogotá, solo que en esta ocasión fue para pedirle 100 millones de pesos más a cambio de entregarle las declaraciones juradas que estaban rindiendo varios testigos en contra de  Lyons.

Ambos encuentros fueron presenciales, y se materializaron tres meses después con el recibo del anticipo en Miami. Entre Estados Unidos y Colombia se indaga si Porcino tenía inversiones fuera de Colombia. 

Ahora Pinilla y Moreno están en el mismo pabellón de La Picota. Aunque se da por sentado que sus estrategias de defensa van por separado, la Fiscalía está preparada para sorpresas, como la que dio este martes Pinilla diciendo que no tiene defensor, cuando varios candidatos han desfilado estas semanas por el recibidor de La Picota. Los grandes interrogantes siguen siendo, quién se jugará primero sus cartas en Estados Unidos y a quién están dispuestos a delatar.