Ley Lleras 2.0: vuelve a ganar Robledo

Si hay una ley que haya batido todos los récords de trámite acelerado en el Congreso, bien podría ser la que estableció los compromisos para la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos. En marzo del año pasado, Senado y Cámara la aprobaron en tan solo tres semanas, con un solo propósito: que el presidente Juan Manuel Santos “se la entregara” al presidente Barack Obama durante la vista de tres días y dos noches en Cartagena en abril del año pasado, durante la VI Cumbre de las Américas.

Jorge Enrique Robledo y sus colegas del Polo Democrático se opusieron a dicha ley. Entre otras, porque incorporaba un capítulo que reglamentaba los derechos a la propiedad intelectual de las obras y productos difundidos en internet. La ley, bautizada en Colombia ‘Ley Lleras 2.0’ o ‘Ley Lleras recargada’ (en honor a su primer impulsor, el entonces ministro del Interior, Germán Vargas Lleras), fue calificada por Robledo como “una protección desproporcionada de la propiedad intelectual en contra del derecho fundamental de la información”.

Robledo y sus colegas del Polo fueron derrotados en el Congreso por la abrumadora mayoría de la Unidad Nacional, que le entregó la ley en el tiempo preciso para que fuera sancionada en Cartagena, minutos antes de la llegada del presidente Obama al país.

Sin embargo, Robledo no renunció a la batalla. Demandó la ley ante la Corte Constitucional por razones de forma y de fondo, y casi un año después de sancionada dicha norma, el alto tribunal decidió tumbarla. La razón, explica Robledo, es que fue tramitada en las comisiones segundas de Senado y Cámara (que se ocupan de asuntos internacionales y de seguridad), cuando los temas de propiedad intelectual deben ser tramitados por las comisiones primeras (que se ocupan de aspectos constitucionales). En pocas palabras, el Alto Tribunal rechazó la ley por considerar que el trámite de la ley en el Congreso no fue ajustado a la Constitución.

La demanda de Robledo también reclamaba razones de fondo. El senador del Polo insistió en que el derecho a la propiedad intelectual tenía una protección desproporcionada en contra del derecho de la información, al conocimiento, a la educación y a la creatividad. “Esa desproporción fue concebida para defender los monopolios”, dice.

Porque la ley no sólo elevó de 30 a 70 años los derechos de autor en poder de las empresas (un compromiso pactado en el TLC). También prohibía en todos los casos la retransmisión de imágenes de televisión por internet. “Era tan abusiva la ley, que prohibía, por ejemplo, que los alumnos pudieran utilizar material subido a internet”, dice Robledo. “Si un estudiante necesitara un video o una foto para uno de sus trabajos, tendría que pedir permiso y hasta pagar regalías. Y de no hacerlo, podría ir a la cárcel”.

Robledo dice que esta discusión hace parte del debate mundial sobre el “uso justo” del material en internet, desatado cuando en el 2011 se empezó a discutir en Estados Unidos los alcances de la llamada Ley S.O.P.A. (Stop Online Piracy Act, por su sigla en inglés), que pretende atacar la piratería, según el senador del Polo, “para defender los intereses de monopolios y multinacionales”.
La Corte Constitucional, al tumbar la Ley Lleras 2.0, no se pronunció sobre estos aspectos de la demanda, sencillamente porque primero se ocupó de analizar el trámite legislativo, y al encontrar vicios de forma, concluyó la discusión.

Baldíos, la otra victoria

No es la primera vez que Robledo acude a la Corte Constitucional para prolongar sus batallas legislativas. El año pasado, en compañía del representante a la Cámara Wilson Arias (también del Polo), demandó tres artículos del Plan Nacional de Desarrollo que abrían la posibilidad para que más de 15 millones de hectáreas de terrenos baldíos de la Nación pudieran quedar en manos de inversionistas privados.

El Plan de Desarrollo, recuerda Robledo, pretendía tumbar una ley y un precepto constitucional de que la tierra sólo se puede conceder a campesinos sin tierra. La Corte Constitucional le dio la razón al congresista en agosto del 2012.

Pero la primera gran oposición que le hizo Robledo al gobierno Santos vino por cuenta del decreto de estado de emergencia por la ola invernal. Robledo fue el único senador que se opuso a los más de 20 decretos firmados por el Gobierno y aunque no lo demandó, la Corte Constitucional los tumbó por su cuenta.

Robledo admite que el camino de las altas cortes para oponerse a las políticas que considera “peligrosas” del actual Gobierno “parece ser más efectivo”. Por eso le anticipó a Semana.com que en los próximos días irá al Consejo de Estado a demandar una norma. “Existe una ley que fijó una cláusula para que a las mineras del Estado, caso de Ecopetrol, se les pueda deducir el impuesto de renta. Pero la DIAN, en una interpretación abusiva de esa cláusula, lo amplió a las mineras privadas. La Nación perdería dos billones de pesos al año y se favorecerían las multinacionales”.