'Ley Lleras', segundo asalto

La aprobación en tiempo récord de la Ley de Implementación del Tratado de Libre Comercio desató la ira de miles de usuarios de internet. Anonymous atacó sitios web de varios congresistas y del gobierno; otros hackers alteraron la biografía del ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, en la enciclopedia virtual Wikipedia, donde escribieron información insultante, y las redes sociales se llenaron de consignas contra la iniciativa, bautizada como Ley Lleras 2.0 en alusión a un proyecto parecido, formulado por el ministro y que ya había fracasado en el Congreso.

Este debate parlamentario convirtió a Colombia en el epicentro de la discusión global sobre cómo regular el acceso a los contenidos de la red de redes. El articulado, considerado por los opositores como un regalo para Barack Obama a su arribo a la Cumbre de las Américas, fue la manzana de la discordia.

La actualización del régimen de los derechos de autor era una necesidad, pues las leyes databan de 1982. Y uno de los compromisos asumidos por Colombia con la firma del TLC era igualar la legislación con la del gigante norteamericano. Pero para los defensores de los derechos de los usuarios a disfrutar de los contenidos, Colombia perdió la oportunidad de equilibrar la legislación, pues desde que se comenzó a negociar el tratado, en 2004, la expansión de internet y de las redes sociales ha cambiado el panorama. Y el debate a nivel mundial supone nuevos retos como la comprensión del desarrollo tecnológico, el auge de nuevas expresiones ciudadanas y nuevos hábitos de consumo. Lo aprobado por el Congreso de manera apresurada no los aborda y deja muchos cabos sueltos. ¿Cuáles son, entonces, los efectos de la ley sancionada por el presidente Santos?

El artículo 13 prohíbe "la retransmisión en internet de señales de televisión… sin la autorización del titular". El experto en derechos de autor Wilson Ríos, profesor de la Universidad de los Andes, considera que este artículo busca impedir que los sitios web que retransmiten, por ejemplo, partidos de fútbol se lucren sin pagar las debidas regalías a los titulares de los derechos. Pero la norma definió de manera muy amplia el concepto de lucro: "ganancia o provecho que se saca de algo". Y una interpretación en su sentido más amplio es que quien retransmite un programa, así sea con un fin pedagógico o crítico, podría ser procesado legalmente por sacarle 'provecho'.

El artículo 15 también se quedó corto al definir en qué casos se permite el uso libre de los contenidos. No aclaró que los "usos justos" o "incidentales" de una obra (cuando una persona la comparte con otra, o cuando alguien la usa para hacer una crítica o una parodia) están permitidos. Tampoco consideró que una universidad podía prestar copias de películas a sus alumnos sin que eso sea ilegal. Y es por eso que hay quienes creen que se avecina una cacería de brujas contra los que hacen esos usos de los contenidos protegidos por derecho de autor.

Uno de los efectos que podría tener la norma es que se creen grupos de abogados dedicados a perseguir a los usuarios potencialmente infractores. En Estados Unidos les dicen copyright trolls y se dedican a buscar a quién demandar por descargar o poner a disposición de los usuarios contenidos que no respeten los derechos de propiedad intelectual. La mayoría de estos pleitos termina en conciliación, pero los abogados sacan una gran tajada. Pero, para Ríos, "no es a los usuarios a quienes van a perseguir, sino a los piratas".

Termina así otro asalto legislativo entre quienes buscan favorecer a los grandes productores de contenido y quienes buscan mantener los intercambios abiertos de música, películas y libros como en los primeros años de internet. Mientras que el gobierno fracasó en su intento inicial de impulsar estas restricciones, la famosa Ley Lleras sí tuvo éxito en esta ocasión bajo la sombrilla del TLC. Este debate, que se está dando desde Estados Unidos hasta Argentina pasando por España y Francia, no termina ahí.