Libres dos principales testigos en proceso contra exgobernador Richard Aguilar por actos de corrupción

Por vencimiento de términos, la jueza 13 de control de garantías de Bucaramanga dejó en libertad a los dos principales testigos en el proceso que existe en contra del exgobernador de Santander, Richard Aguilar, por actos de corrupción. En la decisión, se aceptó la petición hecha por la defensa de los dos procesados al considerar que se superaron los términos que exige la ley para el inicio del juicio.

La medida cobijó a la exsecretaria de Infraestructura de la Gobernación de Santander, Claudia Toledo y su esposo, el contratista, Lenin Pardo, quienes participaron activamente en la “empresa criminal” que montó el entonces mandatario departamental para la entrega de contratos a familiares, amigos y empresarios, todo esto tras el pacto de la entrega de una millonaria comisión.

“Para este despacho ya se cumplieron los 24 días que contempla la ley para que los procesados fueran llamados a juicio por parte de la Fiscalía. Por tal razón concedo la libertad de los ciudadanos Claudia Toledo y Lenin Pardo” por vencimiento de términos”, concluyó la jueza al evaluar los argumentos presentados por el abogado de la pareja, que señaló que hasta la fecha ya han pasado 310 días desde la radicación del escrito de acusación y no ha iniciado el juicio formal.

La pareja de esposos ya ha reconocido que exigieron y entregaron contratos de infraestructura en el departamento por orden de Richard Aguilar, quien, al ser el gobernador, era el que se quedaba con el mayor porcentaje de la transacción delincuencial. En esta empresa criminal montada desde la Gobernación se realizó la entrega del millonario contrato para el reforzamiento del estadio Alfonso López y la adecuación de piscinas y del Coliseo Vicente Díaz Romero suscrito en febrero de 2014, y cuyo valor superó los 15.278 millones de pesos. Además, el contrato de interventoría y una adición reconocida por más de 6.700 millones de pesos.

Con relación al contrato inicial, el exgobernador Aguilar Villa habría recibido dádivas por 2.300 millones de pesos. De igual manera, hay indicios de que permitió a terceros apropiarse de 7.683 millones de pesos.

Principio de oportunidad

La declaración de Toledo y Lenin fue clave en la presentación del escrito de acusación ante la Corte Suprema de Justicia contra el exgobernador Richard Aguilar por los delitos de concierto para delinquir, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación. En el escrito, revelado el pasado 10 de febrero, la Fiscalía General reseñó la forma en cómo delinquía la organización que creó el entonces mandatario.

Entre las pruebas allegadas se precisó que entre 2012 y 2015, Aguilar Villa creó un comité asesor para, supuestamente, orientar a su manera los procesos contractuales en el departamento. Adicionalmente, nombró a dos personas de su confianza como secretaria de Infraestructura y director de Gestión de Infraestructura con el propósito de garantizar que la contratación se ajustara y quedara en manos de las personas que él encomendaba.

En este punto es en el que aparecen Toledo y Lenin, puesto que la primera fungía como secretaria de Infraestructura y tenía como función revisar todo el tema de los contratos. Su esposo, por su parte, movía influencia y buscaba personas que quisieran recibir los convenios, esto sí, todo a cambio de la entrega de un porcentaje total de los contratos.

Por su colaboración en este caso, la Fiscalía les avaló un principio de oportunidad en el que se ordenó cesar la persecución penal por un año de los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y concierto para delinquir. Su declaración también será tenida en cuenta en el proceso contra el excongresista Edwin Ballesteros.