El laberinto de los líderes de restitución de tierras

Hay una pócima antirrestitución en el norte de Urabá y Chocó: poca articulación interinstitucional, criminalización de los reclamantes de tierras, ineficiencia en los procesos judiciales y la convivencia entre grandes ocupantes con actores armados, son los ingredientes que vienen entorpeciendo los retornos en la región.

Porfirio Jaramillo fue víctima de ese sueño. A punta de engaños lo sacaron de su casa en la vereda Buenos Aires (Turbo)  hombres armados en enero pasado. Trabajaba con los reclamantes de la vereda Guacamayas, que pertenece al Consejo Comunitario de la Larga y Tumaradó. Por más que tocó las puertas en busca de protección, los esfuerzos no alcanzaron para evitar que lo encontraran muerto horas después en Chigorodó.

Le recomendamos: Urabá, el nido de los nuevos paramilitares

Con este, ya son 73 los reclamantes de tierras asesinados desde 2008 en el país. Córdoba, Cesar y Antioquia, son los departamentos con las cifras más altas, de acuerdo con la Fundación Forjando Futuros. Lo más preocupante, sin embargo, es que pese a las denuncias y advertencias por los constantes hostigamientos, la violencia no da tregua.

En busca de salidas, durante dos días en un recinto en Apartadó, un grupo de 15 líderes reclamantes que representan a cerca de 4.000 familias pusieron el dedo en la llaga de la seguridad y la protección que actualmente se les está ofreciendo a las comunidades que le caminan a la restitución y los líderes que acompañan esos procesos en Urabá (Antioquia), Bajo Atrato y Darién Caribe (Chocó).

"Existen excesivas complejidades en torno a la presencia de actores armados, procesos organizativos de comunidades indígenas y afrodescendientes en ocasiones débiles. Unido eso, hay una institucionalidad regional pública prevenida frente al trabajo de las organizaciones de base", le dijo a Semana.com uno de los organizadores del encuentro. 

Puede ver: ¿Vuelven los ‘antirrestitución’ de tierras?

Asesorados por miembros el Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), líderes del Consejo comunitario de Larga y Tumaradó; las veredas Guacamayas, Paquemás y el Totumo; además de los resguardos de Urabá Jiguamiandó, Chidima y Pescadito se encontraron durante dos días para presentarles un plan a las entidades públicas encargadas del proceso de restitución y así menguar la "dinámica de revictimización que se viene configurando".

"Somos una asociación de campesinos reclamantes de tierras. Estamos pendientes de las comunidades, somos la voz de los que no hablan y de los que les da miedo en los 11 municipios de la región de Urabá. Muchas veces cuando las personas intentan preguntar cómo van sus procesos,  vienen más mal de cómo llegaron porque no les dan las respuestas exactas en las instituciones", relató uno de los participantes del encuentro.

Entre las problemáticas que sobresalieron, se delimitó que los grandes ocupantes entorpecen los procesos como es el caso de la Guacamaya, la ineficacia de las autoridades para desarticular las redes vinculadas al despojo limita la intención de recuperación, las campañas frontales desde algunos sectores políticos contra los reclamantes fomentan la estigmatización y la ausencia de espacios de socialización con las víctimas son algunos de los temas que más los aquejan.

Le puede interesar: Las pobres cifras de la restitución de tierras

"En algunos casos hay retornos masivos sin acompañamiento del Estado. Estas situaciones se han presentado sobre todo en las zona fronteriza de Chocó y Antioquia de las comunidades de la Larga y Tumaradó", expuso otro líder que participó de la mesa de diálogo multiactor sobre seguridad y protección para comunidades étnicas reclamantes.

Si hubo un tema que concentró la atención de los asistentes y que recogió una sola preocupación, fue las denuncias que se escucharon por la amenaza que representa para casi todas las comunidades la presencia de actores armados ilegales. Su presencia impera por la posición geoestratégica que conecta con el bajo Atrato, Panamá, el Pacífico, el Caribe, el Urabá Antioqueño y el Nudo del Paramillo. "Las Autodefensas Gaitanistas tienen ‘puntos‘ o ‘campaneros‘ regados por las comunidades", se escuchó entre los líderes.  Nadia habla de ellos, pero todos saben que están ahí pasando información de lo que ocurre en los territorios.

A la fecha la Unidad de Restitución de Tierras ha recibido 7.100 solicitudes de restitución de Urabá y Chocó. De ellas, 3.200 son objeto de estudio, 900 están en manos de jueces y se han dictado 71 sentencias. A paso de tortuga avanza la recuperación de la tierra en esa zona, entre otras cosas, por la arquitectura institucional que, a juzgar por los reparos de los asistentes, se queda corta. De un lado los jueces que atienden las solicitudes se ven saturados y por el otro la Fiscalía trabaja con las uñas para sacar adelante la judicialización. Hay fragmentación y ausencia de puentes entre las comunidades y las entidades para facilitar la reparación.

También le recomendamos: El cartel contra la restitución de tierras, por León Valencia

"Se creará una secretaría técnica liderada por el Cinep para hacer seguimiento y monitoreo de los compromisos adquiridos", informó la organización. La lista es larga. Entre las instituciones que atendieron el llamado se pactó, además de mantener estos encuentros que fortalecen los tejidos comunitarios, crear espacios de socialización de los procesos con cada uno de los casos priorizados. Por ejemplo, en Jiguamiandó, aún no se han incluidos unas víctimas en la reclamación, cuando se recogieron declaraciones la diligencia no terminó como correspondía y en los otros territorios los pobladores piden que se les informe en qué etapa va el proceso.

De otro lado, la vocera de la Fiscalía se comprometió a buscar la forma de que las denuncias que hacen muchas veces los reclamantes no caigan en saco roto y de alguna manera se pueda llevar un informe no solo con cada uno de los casos sino con los avances de las investigaciones. Es importante para los líderes que se piensen pruebas piloto de rutas de reparación colectiva.

Garantizarles a las casi 8 millones de víctimas del conflicto que los vejámenes que sufrieron no se van a repetir no ha sido una tarea fácil. Más, desde cuando el Gobierno puso andar el proceso de restitución de tierras a sabiendas de que los enfrentamientos y hostigamientos se mantenían vivos en esa zona del país.