Cinco miradas: ¿cómo parar el desangre de líderes sociales?

"Un solo homicidio basta para encender las alarmas"

Alberto Brunori, representante de la alta consejería para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. 

Para frenar la ola de asesinatos contra líderes sociales que vive el país, la ONU recomienda implementar una política que reconozca y propicie la labor de los defensores de derechos humanos en los territorios. El paquete normativo que se construya, a su juicio, debe contar con la participación de quienes han sobrevivido a los ataques o están en riesgo por la labor que desempeñan. 

Garantizar la presencia del Estado, como lo ha propuesto la actual administración, es uno de los caminos. Sin embargo, la estrategia que se delinee debe ir más allá del enfoque militar y ser integral. Es decir, debe resolver los problemas que históricamente han permitido que la violencia prolifere. Como uno de los puntos, por ejemplo, a tener en cuenta, está la necesidad de sancionar y prevenir discursos o pronunciamientos que estigmaticen a los líderes. Solo este gesto, que muestra respeto público por su labor, contribuye a protegerlos. 

"El Estado tiene la obligación de prevenir, proteger y respetar la vida de los y las defensoras. El Estado no puede escatimar esfuerzos para protegerlos a través de políticas, medidas y acciones que les garanticen respeto a su vida digna y a su labor. Nosotros confiamos en que haya una clara voluntad política de hacer frente a esa violencia extrema", dijo Brunori en entrevista con SEMANA. 

Como parte de las medidas también está la necesidad de ahondar en la lucha contra la impunidad frente a los homicidios y amenazas. Esa puede ser una vía para evitar que más asesinatos ocurran. Para esto, sin embargo, se requiere más sincronización que permita descentralizar el proceso y aterrizarlo en el país rural. Se deben activar las mesas y/o comisiones de garantías para tomar acciones eficaces en territorios como Cauca donde la situación es dramática y donde 2019 comenzó mal. 

 "El modelo de protección basado solo en la UNP es insuficiente e inviable"

Fernando Carrillo, procurador general de la nación.

En materia disciplinaria el procurador Fernando Carrillo se paró en la misma orilla de Brunori e insiste en que es urgente diseñar una política de protección adaptada a los niveles de riesgo específicos de cada región. "Los hechos han demostrado que el actual modelo de protección caducó. La estrategia debe estar dirigida a factores locales de riesgo pues muchos asesinatos tienen, por ejemplo, que ver con la defensa del territorio", aseguró Carrillo después de insistir en la necesidad de desmantelar las estructuras que llevan a cabo los crímenes. 

Se van a cumplir dos años desde que la entidad lanzó la Directiva 002 con el fin de ejecutar medidas preventivas que mejoraran la articulación del Ministerio Público central con el territorial. Como resultado se han emitido múltiples acciones de advertencia a funcionarios públicos por estigmatización. Más de 50 autoridades del orden nacional y territorial han sido requeridas para que respeten, garanticen y no pongan en riesgo la vida y los derechos de los líderes y lideresas. Para Carrillo el modelo de prevención y protección basado solo en lo que pueda hacer la UNP es totalmente insuficiente e inviable. "Puede sonar muy fuerte, pero ha colapsado el modelo de funcionamiento de la UNP, entidad que debe acelerar su proceso de reestructuración y su capacidad de respuesta frente a esta tragedia humanitaria", añadió. 

El 23 de agosto en Apartadó el nuevo gobierno formalizó el Pacto por la Vida con el que, entre otras cosas, se acordó la expedición de una circular que conmina a alcaldes y gobernadores a comprometerse con la protección de líderes sociales y defensores de derechos humanos. Sin embargo, hasta la primera semana de febrero, cuando se lleve a cabo la Federación Nacional de Departamentos, la circular se difundirá. Para el Ministerio Público el llamado es a "reactivar los espacios creados por la ley para que el Gobierno, los entes de control e investigación y las organizaciones de la sociedad civil analicen y promuevan la formulación de estrategias de prevención e investigación y judicialización eficaces para enfrentar el flagelo que nos ocupa". 

"Una alerta desatendida es una muerte no evitada"

Carlos Alfonso Negret Mosquera, defensor del Pueblo

Una de las mayores preocupaciones de la Defensoría del Pueblo es que a pesar de advertir, identificar y alertar con anticipación el escenario de riesgo, "siguen provocándose muertes que se pueden evitar si las alertas tempranas que se emiten desde la entidad fueran atendidas de manera inmediata sin centrarse en controvertir sus contenidos". 

Ante esta situación, la Defensoría del Pueblo anunció recientemente que convocará, para el próximo 21 de febrero en Bogotá, una Audiencia Defensorial en la que se actualizarán los escenarios de riesgo que enfrentan los activistas y se revisará la respuesta del Estado y el Gobierno en la protección de la vida de los líderes sociales que vienen denunciando desde hace ya tres años. 

“Lo que está sucediendo es un asunto que demanda el mayor nivel de atención y articulación del Estado. Mi máxima preocupación es que los riesgos advertidos por la Defensoría se han materializado ante los ojos de todas las autoridades; y esto viene sucediendo desde el mes de marzo de 2017. Una alerta desatendida, es una muerte no evitada; una muerte no evitada, una violación directa al deber de proteger los DD. HH.: eso es lo que ha sucedido”, dijo el defensor del pueblo, Carlos Alfonso Negret Mosquera. 

Actualmente, el monitoreo del Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la entidad, encontró que los crímenes ocurridos en 27 departamentos durante el 2018 se cometieron especialmente en Cauca (35); Antioquia (24); Norte de Santander (18); Valle del Cauca (14); Caquetá (11); Putumayo (11); Meta (10); Nariño (7); Chocó (6); Arauca (5) y Córdoba (5).

"Necesitamos que los jueces batallen contra la impunidad"

 
Nancy Patricia Gutiérrez, ministra del Interior

San Vicente del Caguán fue este miércoles la segunda escala de la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, tratando de socializar el Plan de Acción Oportuna que creó el Gobierno el año pasado para centralizar las acciones que pongan fin a los ataques contra los líderes y defensores de derechos humanos. El PAO busca articular para poner en marcha las medidas de las entidades bajo tres ejes: 1) Articulación y reingenieria institucional. 2) Actuación estratégica en el territorio y 3) Estrategias de comunicaciones y capacitaciones. 

“Necesitamos que los jueces batallen contra la impunidad y se avance en el esclarecimiento de las amenazas. El próximo 31 de enero estaremos con el Consejo Superior de la Judicatura y la Fiscalía General de la Nación, para revisar cómo armar estos equipos de jueces que acompañarán los procesos de investigación”, dijo la jefe de la cartera durante su visita. 

La primer visita en terreno se llevó a cabo la semana pasada en Montería donde la ministra lideró un Consejo de Seguridad con el fin de presentar una estrategia conjunta entre Antioquia y Córdoba para prevenir ataques y proteger a los líderes sociales. Durante el encuentro, el general Juan Carlos Ramírez, comandante de la VII División del Ejército, informó a su vez sobre el despliegue de más de 4.000 hombres como componente militar de la Fuerza de Tarea Conjunta Aquiles, cuya “única misión” es perseguir a las organizaciones criminales.

La herencia de Juan Manuel Santos

Aunque en el Gobierno del expresidente Santos se emitió todo un paquete normativo para prevenir y contener los asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos, su aplicación en terreno, en muchos casos, quedó en veremos por falta de financiamiento. Si bien voceros del nuevo gobierno le dijeron a SEMANA que todas las medidas existentes serán tenidas en cuenta, no hay claridad sobre la ruta que se seguirá para incluirlas. El tema es clave no solo por la expectativa que se generó en las regiones donde algunos proyectos quedaron a medio hacer sino también porque no hay certeza para descartar o no su eficiencia, si nunca se pudieron ejecutar. 

• Decreto 2252 de 2017

Dejó constancia de que las Alcaldías y Gobernaciones deberán actuar como las "primeras respondientes" en la detención temprana de las amenazas contra líderes y defensores de derechos humanos. Por entre las tareas que se le asignaron a los entes territoriales aparece ajustar o crear mecanismos para evitar la consumación de situaciones de riesgo que afecten a líderes. Adicionalmente, estableció que se debía designar a un funcionario en cada una de las administraciones locales para que mantenga canales permanentes de interlocución con los Inspectores de Policía y el Gobierno Nacional. 

• Decreto 660 de 2017

Creó las medidas de protección colectivas para las comunidades en riesgo. Aunque los proyectos pilotos ejecutados se construyeron con ayuda de los pobladores en Guapi, Alto Mira y Frontera, Parra y San José de Uré todos se quedaron en su fase de implementación, falta ver de qué forma el nuevo gobierno consigue integrarlo al Plan de Acción Oportuna. El decreto creó y reglamenta el Programa Integral de Seguridad y Protección para Comunidades y Organizaciones en los Territorios con el propósito de definir y adoptar medidas de protección integral bajo cuatro pilares: 1) Medidas integrales de prevención, seguridad y protección. 2) Promotores/as comunitarios/as de paz y convivencia. 3) Protocolo de protección para territorios rurales. 4) Apoyo a la actividad de denuncia.

• Decreto 2078 de 2017

Perfila la ruta de protección colectiva de los derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad personal de grupos y comunidades. Convierte a los departamentos y municipios en los primeros intervinientes. Adicionalmente, pone en cabeza de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y la Unidad Nacional de Protección la construcción de las medidas de protección. 

• Decreto 898 de 2017

Para cumplir con uno de los compromisos del acuerdo de paz, se creó la Unidad Especial de Investigación para el desmantelamiento de las organizaciones y conductas criminales responsables de homicidios y masacres, que atentan contra defensores de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos o que amenacen o atenten contra las personas que participen en la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo. Aunque en teoría, Martha Mancera fue seleccionada para desempeñar esa función en la práctica parece ser que se trabajo se redujo a los crímenes cometidos contra excombatientes y sus familiares.