POLÍTICA

“Amigos difuntos muchos, soluciones ninguna”: líder social a MinInterior

El Gobierno puso en marcha el Plan de Acción Oportuna que busca crear una política integral para proteger a los líderes sociales. La ministra del Interior ha visitado las zonas de mayor riesgo para escuchar a la comunidad que ante todo pide soluciones.

5 de febrero de 2019
“Ser líder es un problema para el gobierno, para todo el mundo. Otra vez vinieron a escucharlos, pero yo le digo ministra amigos difuntos muchos, soluciones ninguna”, dijo vehementemente Jonger Rodríguez, líder de Campo Gires. | Foto: Alejandra Parra / SEMANA

En Tibú, rodeados de dos cordones de seguridad se encontraron la institucionalidad y algunos líderes comunales. En un pequeño salón adjunto a la Alcaldía se sentó la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, para hablar del Plan de Acción Oportuna que busca evitar que sigan muriendo los líderes sociales. Se trata de una estrategia basada en la identificación, prevención de las situaciones de riesgo, y la respuesta articulada de las distintas entidades estatales. De allí saldrá la política pública integral que prometió el presidente Iván Duque.

En vivo se fue develando el preocupante panorama. Cada entidad del Estado debía dar parte de la situación, de lo que se estaba haciendo y de lo que faltaba. Así la Gobernación de Norte de Santander reveló que en el departamento hay 400 casos de amenazas a líderes sociales y que los programas de protección colectiva andaban a paso lento porque hasta la fecha solo se ha aplicado un piloto en El Tarra. A esto hay que agregarle que en Catatumbo la mayor parte del liderazgo está en la ruralidad y las solicitudes de esquemas de protección se están demorando meses, un tiempo que puede resultar fatal.

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Entre palabras moderadas por la ley del silencio que reina en el Catatumbo, empezaron a hablar sus pobladores. Monseñor Omar Alberto Sánchez intervino con la autoridad que le da haber servido como mediador entre las partes del conflicto que hay en la zona. “Aquí hay una cultura de la muerte, una sombra muy perversa. Pero a este territorio lo han salvado sus líderes, a quienes admiro”, dijo el obispo de Tibú, quien ha sobrevivido en esta tierra siete años. Su principal pregunta es ¿quiénes son los enemigos de nuestros líderes? Aunque la respuesta pareciera obvia, para la gente de la zona no lo es tanto, explican que allí “todos tienen intereses”, políticos, económicos, criminales, y al fin de cuentas los fusiles salen de muchos lugares.

Foto: Alejandra Parra / Mininterior.

Tibú está a solo 15 minutos de la frontera con Venezuela, una que el pueblo barí no reconoce, ellos creen en la nación barí, un territorio binacional. César Aviguallé fue en representación de su comunidad. Contó que dos de sus compañeros cuentan con esquema de protección pero que ahora “están más en riesgo que antes”. Lo que quieren es fortalecer la justicia propia.

Los casos son particulares, mientras hay líderes que piden con urgencia un esquema de seguridad de la Unidad Nacional de Protección, hay otros que piden que el Estado haga presencia, no tanto a nivel militar sino social. “Somos objetivo militar de todas las partes. La paz viene acompañada de inversión social y de que nos escuchen”, explicó Gerson Villamizar, líder de Asojuntas Zona 3.

Pero en lo que todos los líderes coinciden es que están asumiendo una carga que no les corresponde porque no está cumpliéndola la institucionalidad. Esto conecta con otro problema, a ausencia del Estado y el fortalecimiento a lo largo de tantos años de la violencia como poder hace que los pobladores del Catatumbo no confíen en las instituciones. Mientras el Ejército les pedía que los llamaran directamente cuando se sintieran en peligro, había líderes comunales que pedían que dejaran que su territorio estuviera libre, tanto de grupos armados como de la fuerza pública. “Si yo anoto en mi celular el número del comandante del Ejército, el día que venga la guerrilla y me revise el celular me mata”, se oyó decir a uno de los líderes. Sin embargo, la ministra del Interior fue enfática en que no podían ordenar al Ejército que se fuera de la zona, este punto no tenía discusión.

Catatumbo está entre la espada y la pared, entre las economías ilegales y la ley del silencio. Se respira en sus calles. Sus líderes esperaban que con el proceso de paz con las Farc su situación mejorara, pero aseguran que no ha sido así. Es más, que las tensiones han aumentado en muchas ocasiones porque el Estado no ha cumplido con los programas de sustitución de cultivos. “Las personas nos creyeron a nosotros con la sustitución, así como nosotros les creímos a ustedes, y ellos dejaron de sembrar coca y ahora no tienen cómo sostenerse”, aseguró uno de los líderes que está cerca al Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de Caño Indio.

Los líderes no solo reclaman que se cumpla con la palabra empeñada del Estado, sino que les den por fin soluciones. “Ser líder es un problema para el gobierno, para todo el mundo. Otra vez vinieron a escucharlos, pero yo le digo ministra: amigos difuntos muchos, soluciones ninguna”, dijo vehementemente Jonger Rodríguez, líder de Campo Gires.

Foto: Alejandra Parra / Mininterior.

El PAO también ha tenido críticas. La más contundente de ellas es que es un esfuerzo del gobierno Duque que entró a reemplazar lo que había dejado el gobierno Santos. Es decir, que no están construyendo sobre lo construido. “El PAO es como una Comisión Nacional de Garantías de Seguridad limitada. Está duplicando las funciones de la comisión pero de manera mucho más cerrada y excluye de la comisión implementadora del PAO a los líderes sociales y a los representantes de sociedad civil, cosa que sí estaba en la Comisión -que obedece a un compromiso del Estado en el acuerdo de paz-“, aseguró a SEMANA Camilo Bonilla, miembro de la Comisión Colombiana de Juristas.

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Sin embargo, el Gobierno Duque ya se reunió con la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad el pasado 30 de enero. Allí concluyeron que la principal causa de los asesinatos es el aumento de los cultivos ilícitos, y que los principales perpetradores de los asesinatos son los Grupos Armados Organizados, GAO, el ELN y la disidencia de las Farc.

El gobierno del presidente Iván Duque tiene un reto titánico: frenar los asesinatos de líderes sociales en el país. Cada minuto que pierda los pone en riesgo. Por ahora el PAO sigue visitando los lugares en donde la violencia no da tregua, trata de dar respuesta rápida y de tomar nota, pero el verdadero reto está en hacer una política pública que llegue rápido y que además responda a la gran diversidad de necesidades que se presentan en cada región.