El portazo del Gobierno a 251 colados en las listas de las Farc

La lista de guerrilleros presentada por las Farc para acogerse a la amnistía no pasó limpia. Un portazo recibieron alrededor de 251 personas que se estaban haciendo pasar por miembros del grupo insurgente. La decisión la confirmó este lunes el alto comisionado de paz, Rodrigo Rivera, que terminó cerrándoles el camino.

"Más de dos centenas de nombres fueron excluidos de las listas, después de activar el mecanismo conjunto de solución de diferencias (...) y de determinar caso por caso que no hicieron parte de esa organización", dijo el alto funcionario. 

En su mayoría, como lo reveló SEMANA, se trata de miembros de bandas como la Constru, de Putumayo, que aunque es considerada una organización criminal común, tenía alianzas y negocios con las Farc. Lo mismo ocurrió con el Parche de Sulay, la banda a la que se le atribuyó el atentado contra el exministro Fernando Londoño bajo la égida de la guerrilla. Para los exguerrilleros, estos deben quedar cobijados por el acuerdo. Sin embargo, otra cosa decidió el Gobierno.

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"En la lista se encontraban 19 narcotraficantes solicitados en extradición respecto de los cuales la oficina había presentado observaciones acerca de su pertenencia a la organización, y quienes además, nunca fueron acreditados por el comisionado de paz", aseguró Rivera.

Pero esa no es la única diferencia que distancia a las partes. Aunque en diversos espacios los exjefes guerrilleros han manifestado que los registros todavía no están cerrados y que sigue entrando gente, este lunes el alto funcionario informó que el proceso de acreditación y tránsito a la legalidad se cerró el pasado 15 de agosto. Es decir, a partir de esa fecha no se recibieron más nombres. 

Mientras que el censo que realizó la Universidad Nacional hace unos meses reportó alrededor de 10.015 guerrilleros y milicianos que se encontraban en las 26 zonas de reincorporación, el Gobierno informó que los números se crecieron a 14.178 nombres de los cuales 11.345 han sido acreditados. Del grupo de aprobados, 8.322 fueron registrados como guerrilleros y milicianos, 52 son extranjeros y 2.971 están presos.

Los nombres de Tito Aldemar Ruano Yandun y Francisco Pineda Paredes, por ejemplo, aparecieron en una lista de quienes tendrían rebajas de penas gracias a la Jurisdicción Especial de Paz, que pretende reincorporar a la vida civil a los guerrilleros que estaban al margen de la ley.

La piedra en el zapato en la que se convirtió el tema de los colados, comenzó con la historia de Segundo Alberto Villota. Acusado de narcotráfico, el hombre tenía un pie en Estados Unidos, donde era requerido por las cortes del Distrito Sur de Florida y del Distrito Este de Texas, al ser considerado el último gran capo del Cartel de Cali. Su extradición había sido avalada por el presidente, Juan Manuel Santos, la Corte Suprema y la Fiscalía, pero una denuncia en su contra frenó el proceso.

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Esto, por cuenta de una investigación que abrió el ente investigador por el delito de rebelión, luego de que un recluso de la cárcel de Villahermosa, en Cali, envió una carta a la Policía diciendo que Villota -quien se encuentra detenido en la cárcel La Picota- era un miembro de las Farc que “había traicionado la causa”.

También fueron excluidos 32 gestores de paz a quienes se les retiró esa facultad al tiempo que "se le comunicó a la autoridad judicial correspondiente para la reactivación de sus órdenes de captura". Por experiencias del pasado se sabe que en las cárceles se presenta toda clase de tráfico de cupos cuando se avizora algún tipo de beneficio jurídico. Este proceso no ha sido la excepción.

Por eso, desde el principio de este año la Oficina del Alto Comisionado para la Paz impulsó la creación de un comité interinstitucional con las agencias de inteligencia y la Fiscalía, para revisar los listados presentados por las Farc, construidos en las propias prisiones y con información de los frentes. El comité verifica que las personas que hacen parte del listado no aparezcan como integrantes de otra organización, sea del narcotráfico o de otro tipo.

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Otro caso que ya estaba cantado es el de Mesías Salgado Aragón o Rodrigo Cadete. Después de haber desarmado a sus escoltas y haber huido en Cartagena del Chairá (Caquetá), las autoridades se habían demorado en salir a confirmar que perdió todos los beneficios del acuerdo de paz. Por eso Rivera sentenció: "Perdió todos los beneficios y una vez las autoridades competentes reactiven su orden de captura, deberá ser juzgado por la justicia ordinaria".