En el Huila, llaman a declarar en versión voluntaria a generales por falsos positivos

Luego de que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) realizó las primeras imputaciones a miembros del Ejército, entre los que están un general y un coronel, por los casos de “falsos positivos”, llamó a brindar versión voluntaria a altos oficiales en retiro para esclarecer las ejecuciones extrajudiciales.

Entre los uniformados citados a hablar está el excomandante de la institución castrense, Jaime Alfonso Lasprilla Villamizar, quien ejerció entre 2014 y 2015, y ya había sido cuestionado por casos de civiles asesinados y que fueron presentados ilegítimamente como delincuentes a los que se les dio de baja en combate.

Junto con Lasprilla, entregarán su versión otros dos generales, Miguel Ernesto Pérez Guarnizo y William Fernando Pérez Laiseca, sumado a otros seis coroneles y un mayor, que hablarán sobre el Caso 03 de la JEP, que trata de “falsos positivos”.

Estas citaciones y declaraciones, se llevarán a cabo en la sede de la jurisdicción entre el 12 de octubre y el 17 de noviembre de 2021.

La decisión se tomó después de que la Sala de Reconocimiento de Verdad hiciera el contraste de las versiones entregadas por 81 integrantes de la IX Brigada del Ejército a la JEP con los datos recogidos en las diferentes inspecciones, los documentos militares y los informes entregados por víctimas y sus organizaciones.

Otros miembros de la fuerza pública citados son los coroneles Pedro Iván Molina Hidalgo, Oswaldo Peña Bermeo, Luis Armando Gómez Ruge, Hernando Chávez Muñoz, Rubiel Enrique Pérez Rodríguez, Ariel Gustavo Vargas Solano y el mayor Alexánder Céspedes Ortiz.

Ellos formaron parte de las operaciones de inteligencia de la IX Brigada, con sede en Neiva, entre 2005 y 2009.

Piden a la JEP abrir cuatro nuevos macrocasos

Hace unos días, la Procuraduría General de la Nación, luego de realizar un estudio profundo, solicitó a la Sala de Reconocimiento de Verdad, Responsabilidad, de Determinación de Hechos y Conductas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) “abrir cuatro nuevos macrocasos con relación a desaparición forzada, violencias basadas en género, desplazamiento forzado y medios y métodos de guerra ilícitos”.

En la petición, según explica el Ministerio Público, se incluyó un análisis exhaustivo de cada uno de los hechos victimizantes que se recopilaron de diferentes fuentes de información, incluidas instituciones del Estado y las organizaciones de víctimas que pidieron a la Procuraduría intervenir ante la JEP para que se materialice la selección de estos nuevos macrocasos y se cumpla con la obligación de juzgar los graves crímenes internacionales ampliamente documentados por la entidad.

Teniendo en cuenta la magnitud de la victimización de casos y, a su vez, la identificación de las prácticas macrocriminales perpetradas por actores armados a lo largo del conflicto, la Procuraduría confirmó que “pidió a la JEP que para estos macrocasos se desarrollen estrategias de investigación que respondan a las demandas y afectaciones de las víctimas, dado que resulta imperioso superar las condiciones que llevaron a la ocurrencia de estos hechos y garantizar su no repetición”.

Con respecto a la solicitud de apertura del macrocaso de violencia sexual y violencia basada en género, la Procuraduría aclara que “identificó un universo de más de 2.000 víctimas en el que se enfatiza la instrumentalización del cuerpo de la mujer como una forma de ejercer autoridad y control por parte de los grupos armados, así como el impacto desproporcionado que estos hechos generan en niños, niñas y adolescentes y la población étnica y LGTBI”.

El ente de control advirtió que los hechos de desaparición forzada ocurridos en el marco del conflicto armado afectaron a más de 80.000 víctimas, constituyéndose en una práctica sostenida y deliberada por parte de los diferentes actores que son competencia de la JEP y que, a la fecha, registran altos índices de impunidad.

En una comunicación reciente, la Procuraduría concluyó que “analizó el fenómeno del desplazamiento forzado a luz del daño generado a las víctimas, integrando un enfoque territorial y diferencial. Para la Procuraduría este nuevo macrocaso constituye un imperativo constitucional con alcance a las más de siete millones de personas que vieron obligadas a abandonar su lugar de origen, fraccionando sus formas de vida y exponiéndose a vivir en especiales condiciones de vulnerabilidad”.

Finalmente, frente a la reiteración de la apertura del caso sobre métodos y medios de guerra ilícitos, el Ministerio Público también “alertó sobre una serie de acciones indiscriminadas en contra de la población civil que se cometieron a manos de actores armados, entre ellas actos de terrorismo, el uso de minas antipersonal y sensibles daños medioambientales, ocasionando enorme sufrimiento a las víctimas del conflicto armado”.