Llaman a indagatoria a la congresista María Cristina Soto

La Corte Suprema de Justicia adelanta una investigación por presunta corrupción al sufragante relacionada con posible compra de votos que involucra en la etapa indagatoria a la congresista María Cristina Soto, representante a la Cámara, quien habría pagado en Maicao, La Guajira, entre $20.000 y $50.000 a los pobladores que votaran por ella en 2018.

Entre los delitos que habría cometido están concierto para delinquir, falsedad en documento y fraude procesal. Los hechos se habrían dado días antes de la jornada electoral e incluso, al parecer, también con posterioridad a la votación, pues según la información recopilada, varios de los líderes que se habrían contratado para tal fin, verificaban que las personas sí hubiesen votado por la entonces candidata.

Las personas que trabajaron en dicha campaña con la congresista, según las primeras investigaciones, transportaban a las personas hasta los puntos de votación.

Según la información que reposa en la página oficial de la Cámara de Representantes, Soto, quien tiene 61 años y cursó seis semestres de administración de empresas en Bucaramanga, ingresó a la vida política en su municipio natal, Barrancas, La Guajira, donde fue secretaria general del concejo y, posteriormente, secretaria privada del municipio de Barrancas.

Tiene gran trayectoria en el sector privado en el departamento de Magdalena donde fundó empresas de transporte de carbón. Incluso fue candidata a la Alcaldía de su municipio en dos oportunidades. En 2007 y 2011, aunque tuvo votaciones importantes, no alcanzó su objetivo, pero en 2018 los votos sí le alcanzaron para ser congresista de la República, la cuestionable elección que hoy la tiene en la mira de la Corte Suprema de Justicia.

Desde el año 2018 la Fiscalía tiene conocimiento de las denuncias. De hecho, investigadores del ente acusador remitieron todo el expediente a la sala que adelanta el proceso en la Corte. En medio del proceso adelantado se ha conocido que el caso requirió interceptaciones telefónicas, donde se evidenciaría que efectivamente los votos no se consiguieron legalmente. Habla incluso de los nombres de los líderes que ayudaron a la repartición del dinero.

Según las investigaciones, se conocieron tres nombres importantes de personas que era identificadas como “líderes”, quienes a su vez coordinaban a otros, que hacían la labor de reclutamiento de “colaboradores” que ayudaban a conseguir votos. Estarían tan bien organizados que dichos colaboradores coordinaban los pagos correspondientes. En las grabaciones que están en poder de las autoridades quedan en evidencia algunas de las transacciones.

Ahora la congresista tendrá que cumplir el proceso que acarrea la investigación por este delito. De ser hallada culpable podría ser el fin de su carrera política.

Cabe recordar un estudio del Barómetro Global de Corrupción, que mostró un dato preocupante: el 40 % de los colombianos consultados manifestaron que les han ofrecido dinero por su voto. En Colombia se sabía de la compra de votos, pero nunca a ese nivel. El estudio mide otras variables de corrupción no menos preocupantes: el 47 % de los encuestados considera que los jueces y magistrados son sobornables, y el 78 % sostiene que denunciar la corrupción no solo no sirve, sino que expone al denunciante a represalias.