JUSTICIA
Fiscalía revive el caso Chiquita Brands y llama a juicio a 14 empleados
El fiscal general hizo el anuncio y manifestó que el proceso será priorizado. Aunque Estados Unidos los encontró responsables, pasaron décadas para que el caso volviera a estar en la mira de la justicia colombiana.
La investigación contra la multinacional Chiquita Brands por supuesta financiación a paramilitares, ha tenido varios tropiezos en Colombia. En Marzo de 2007 la multinacional se declaró culpable de "involucrarse en transacciones con terroristas globales" ante el juzgado del Distrito de Columbia, en Estados Unidos. Admitieron que les pagaron a los paramilitares entre 1997 y 2002 por lo que la justicia estadounidense condenó entonces a la firma a pagar una multa de 25 millones de dólares al Departamento de Justicia de Estados Unidos.
A pesar de que el caso ha tenido varios desarrollos en la justicia colombiana, hasta ahora ninguno de los ejecutivos había sido llamado a responder. Este viernes, el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, informó que el caso se convirtió en uno de los priorizados en contra de terceros civiles cuyos recursos dinamizaron la guerra financiando el conflicto armado. Anunció que se expidió resolución de acusación en contra de 13 personas -nacionales y extranjeras- que tuvieron presunta injerencia en los pagos ilegales de la multinacional a las autodefensas.
Esta investigación es el resultado del último impulso -tomado en el año 2012- cuando se decidió reabrir una investigación que estaba archivada en los despachos de la Fiscalía de Medellín. El argumento de la Fiscalía en ese entonces para engavetar el proceso era que los miles de millones de pesos que durante años aportaron las empresas bananeras a las llamadas Convivir en Urabá ocurrieron "dentro de un contexto de buena fe y confianza, generado por el respaldo estatal que tenían este tipo de organizaciones de seguridad en el país".
Para el funcionario judicial, no se logró demostrar que el dinero que aportaron las empresas a las Convivir fue utilizado para financiar las actividades ilegales de las autodefensas. Después, la decisión fue reversada por la misma entidad no solamente para establecer eventuales responsabilidades de los directivos de Chiquita Brands sino también para extender el alcance de las pesquisas a las demás empresas bananeras de la época.
Los empresarios llamados a juicio están ubicados en varios departamentos, especialmente, Antioquia. Al tratarse de hechos ocurridos hace varios años, los empresarios serán procesados bajo las reglas del antiguo sistema penal acusatorio, lo que implica que a esta decisión de enviarlos a juicio aún le restan recursos de apelación.
"Vamos a asumir con profunda responsabildad estas investigaciones. Tenemos priorizados un número importante de casos para que se haga justicia contra quienes dinamizaron la guerra financiando el conflicto armado", manifestó Martínez. Aunque la Jurisdicción Especial para la Paz tiene ahora la competencia para revisar los casos ocurridos en el marco del conflicto armado, la comparecencia de terceros civiles es voluntaria a esta jurisdicción. Y mientras ellos no manifiesten una intención de ir al tribunal de paz, el caso continuará bajo la sombrilla de la justicia ordinaria.
Los aucusados deberán responder por el delito de concierto para delinquir agravado, el cual no está sujeto a términos de prescripción. Los llamados a juicio son Reinaldo Elías Escobar de La Hoz, Luis Germán Cuartas Carrasco, Víctor Julio Buitrago Sandoval, Álvaro Acevedo González, Víctor Manuel Henríquez Velásquez, Javier Ochoa Velásquez, Juan Diego Trujillo Botero, Jorge Alberto Cadavid Marín, Dorn Robert Wenninger (Estados Unidos), John Paul Olivo (Estados Unidos), Charles Dennis Keiser (Estados Unidos), José Luis Valverde Ramírez (Costa Rica) y Fuad Alberto Giacoman Hasbún (Honduras).
Por intermedio de sus filiales Banadex y Banacol, los implicados le habrían canalizado dineros al frente Arlex Hurtado de las AUC. Esta es la estructura armada que operaba en sectores del Urabá y en Santa Marta bajo el mando del paramilitar Raúl Emilio Hasbún Mendoza, alias Pedro Bonito. Según la Fiscalía, para hacer llegar los recursos a los ‘paras‘ se habría dispuesto una cuenta bancaria en donde se hacían las consignaciones; también se habría entregado en efectivo a los jefes de las autodefensas.
