Llaman a juicio disciplinario a la exrepresentante Argenis Velásquez por el escándalo del ‘Cartel de la Toga’

A tan solo unos días de haber sido condenada a cinco años de cárcel por el escándalo de los sobornos entregados en el denominado ‘cartel de la toga’, la excongresista Argenis Velásquez enfrentará ahora un juicio disciplinario.

La Procuraduría General de la Nación profirió pliego de cargos en contra de la exrepresentante a la Cámara, entre el 2014 y el 2018, por presuntamente entregar 130 millones de pesos a un magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia, para ser favorecida en un proceso penal adelantado en su contra.

El Ministerio Público señaló que la aparente acción de la entonces congresista “fue un comportamiento que se alejó de la función pública y de la confianza que depositaron en ella los ciudadanos que la eligieron para que los representara en el órgano legislativo”.

Para la Procuraduría, la excongresista habría vulnerado el principio de la moralidad administrativa, pues al parecer utilizó “su cargo y función para quebrantar la ley que ella misma juró cumplir, utilizando maniobras fraudulentas como resulta ser el ofrecimiento o pago de sumas de dinero a magistrados para que no fuese sujeto de la ley penal”.

El proceso

El nombre de la exrepresentante a la Cámara Argenis Velásquez fue uno de los que sonó hace seis años cuando estalló el escándalo de los sobornos pagados a magistrados de la Corte Suprema de Justicia por parte de congresistas investigados por el alto tribunal, conocido como el Cartel de la Toga. SEMANA conoció que la Corte Suprema ordenó la captura de la excongresista.

La excongresista fue hallada responsable del delito de cohecho por dar u ofrecer con circunstancias de mayor punibilidad y se libró orden de captura en su contra para que cumpla la pena en establecimiento carcelario.

La Fiscalía demostró que en 2015 la ahora sentenciada, a través del abogado Gustavo Moreno, acordó pagarle 200 millones de pesos al entonces magistrado auxiliar ante la Corte Suprema de Justicia, Camilo Andrés Ruíz, quien solo recibió 130 millones. La coima buscaba dilatar un proceso penal que por posibles hechos de corrupción en los que habría incurrido Velásquez Ramírez cuando se desempeñaba como alcaldesa municipal de Orito, Putumayo.

La exrepresentante a la Cámara por el Partido Liberal se convirtió en un eslabón dentro del Cartel de la Toga. La líder política del Putumayo fue mencionada por el exfiscal anticorrupción Gustavo Moreno, quien fue condenado por este caso y entregó un mapa de la corrupción que se gestó desde su “oficina” en la que pactaba los millonarios sobornos.

Según contó Moreno en su momento, los compromisos con Argenis Velásquez no fueron como los de Álvaro Ashton o Musa Besaile, que desde el comienzo se identificaban como graves por la complejidad de las evidencias. El de Velásquez habría comenzado con un pacto de honorarios por 380 millones de pesos, sin embargo, las pruebas lo habrían hecho cada vez más complejo, razón por la cual el entonces magistrado Francisco Ricaurte, también condenado por este caso, pidió una reestructuración.

El proceso penal adelantado contra la excongresista Argenis Velásquez, que se intentaba torcer con este soborno, estaba relacionado con el cobro indebido de una comisión a una EPS cuando se desempeñaba como alcaldesa de Orito, Putumayo.

Según Moreno, Velásquez habría recibido parte de los dineros y lo que dice Moreno es que el caso era complejo ya que para ese momento quienes participaron de esa contratación irregular estaban todos presos, menos ella. Incluso, en los procesos aparece gente con principio de oportunidad que señaló a Velásquez como responsable por el delito de peculado.

“En este caso estaba lista la captura, había prueba para ello. Francisco me dice que si no reestructuramos, la capturan. Entonces hicimos lo mismo, demorar, dilatar, practicar unas pruebas para buscar que le resolvieran sin detención”, le dijo Moreno a la Corte.

Moreno dijo que para lograr frenar la captura y reestructurar el proceso penal, hablaron con el exmagistrado auxiliar Camilo Ruiz, con el fin de que este les ayudara a no proyectar una detención cuando le resolviera su situación jurídica. “Yo sabía que Camilo y Francisco habían trabajado juntos, pero no tenían relación íntima, de hecho, cuando quería que tuviera acercamientos me lo decía. Solo fue en esos dos casos (Argenis Velásquez y Nilton Córdoba)”.

Moreno también habría intentado mediar con el argumento de que ella era una congresista nueva. Sin embargo, dice Moreno, ella se retira porque no puede pagar los honorarios. “Francisco pretendía cobrarle honorarios de 1.000 o de 800 millones”.

Moreno aseguró entonces que desconocía qué porcentaje de los 380 millones alcanzó a ser pagado por Velásquez, sin embargo, asegura que una parte habría ido a parar a los bolsillos del exmagistrado auxiliar. Este y el caso de Nilton Manyoma habrían despertado el malestar de Ricaurte, quien creía ―dice Moreno― que Camilo Ruiz tenía que trabajar para ellos sin cobros adicionales, ya que quienes lo sostenían en su cargo eran precisamente él y el exmagistrado Gustavo Malo. Esta habría sido la razón de su retiro de la corte en marzo del 2017.

“Argenis Velásquez conocía que estaba entregando dinero a un funcionario público con la finalidad de que se retardara la actuación que en su contra se adelantaba y quiso hacerlo”, dijo la Fiscalía en su escrito de acusación contra Velásquez en el 2020.

Con estas evidencias, Velásquez se enfrenta a una pena hasta de seis años de prisión por el delito de cohecho por dar u ofrecer.