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¿Llegarán más venezolanos en los próximos meses? Migración Colombia responde

Juan Francisco Espinosa, director de Migración Colombia, explica cuál será la logística del Estatuto Temporal de Protección para migrantes venezolanos y las consecuencias de su entrada en vigencia.

14 de febrero de 2021
| Foto: Semana

SEMANA: En términos prácticos, ¿qué implica el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes venezolanos?

Juan Francisco Espinosa: Es una herramienta jurídica complementaria a la figura de refugio, tiene origen en las recomendaciones de Acnur y genera un mecanismo de tránsito de regularización hacia un régimen ordinario o de visa. Es decir, que adopta a la población migrante regular e irregular, y la lleva hacia un esquema de transición que eventualmente le permita adquirir una visa. Los hermanos venezolanos no podían adquirir una visa porque son mecanismos que tienen costos que no siempre podían pagar. Por eso el Estatuto, bajo un principio de gratuidad, genera un permiso por 10 años que permite inclusión social, económica, laboral y financiera real para estabilizar un fenómeno humanitario tan dramático como el que hemos visto con los venezolanos.

SEMANA: ¿Cómo será logística a lo largo del país para registrar y entregar el documento a esos casi dos millones de venezolanos?

J.F.E.: El Estatuto tiene dos fases de implementación. En la primera todos los migrantes van a incluir vía digital sus datos básicos y una caracterización socioeconómica. No podemos construir política pública para quien no conocemos. Tenemos que saber qué edad tienen, qué formación, padecimientos en salud, condiciones de vida, etc. La segunda fase requiere que se presenten ante la autoridad migratoria para hacer el procedimiento de identificación biométrica, es decir, que cada migrante nos deja sus huellas, su registro fotográfico y su iris, y se le entrega un documento que le brinda el estatus de protección temporal. Este paso es muy importante porque suplimos la ausencia de identificación de Venezuela para sus nacionales.

SEMANA: ¿Cuánto se va a tardar el registro y la expedición del documento para todos los migrantes?

J.F.E.: Este es un proceso que nos va a tomar un par de años, porque además estamos dejando una ventana de dos años para aquellos migrantes que ingresen al país formalmente y que quieran quedar cubiertos por el Estatuto. El proceso inicia con esta captura de información el primer semestre de este año. Después vendrá la toma de la información biométrica y esperamos que al cabo de este año ya tengamos buena parte de la población migrante con su identificación digital. Como hay personas que no tienen un celular inteligente para albergar esa identificación digital, venimos trabajando con la comunidad internacional para entregar unos plásticos como nuestras cédulas.

SEMANA: El Estatuto permitirá que los migrantes que lleguen al país por pasos fronterizos formales en los próximos dos años y tengan vocación de permanencia puedan acogerse a este permiso. ¿Podría generarse un efecto llamada con esta medida?

J.F.E.: Haber puesto como fecha de corte el 31 de enero de 2021, es decir, una fecha anterior a la expedición del decreto, fue precisamente para evitar el efecto llamada. Los que ya estaban en Colombia antes de esa fecha no tienen ningún problema. Y a futuro, la condición para ser parte del Estatuto es el ingreso por puntos de control migratorio. Es decir, quienes ingresen por trochas quedan automáticamente excluidos de la posibilidad de acceder al permiso. Hacerlo de esta manera nos permite un control y una dosificación del ingreso por los puntos fronterizos y por eso establecimos un periodo de dos años.

SEMANA: Hoy esos puntos migratorios están cerrados oficialmente, pero miles de venezolanos siguen entrando al país por las trochas. ¿Cuándo se van a abrir las fronteras y quiénes podrán ingresar cuando se abran?

J.F.E.: La decisión de cierre y apertura de frontera tiene que ver con diferentes actores. Estamos en medio de una pandemia y la principal causa de cierre es la situación hospitalaria en zonas de frontera, la disponibilidad de ventiladores, UCI y demás. Como es previsible que con la apertura tengamos una mayor demanda de servicios médicos, no es responsable abrir la frontera cuando no hay posibilidad de ofrecer esos servicios médicos a una población que lo necesita. Por ahora está cerrada hasta marzo y este mes evaluaremos si se extiende el cierre. También estamos revisando si se hace una apertura gradual que dosifique ese ingreso. Cuando se abran podrán entrar las personas titulares de tarjetas de movilidad fronteriza y los venezolanos que vengan hacia Colombia a iniciar esta fase una vez entre en funcionamiento el estatuto.

El director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa, brindó detalles del nuevo mecanismo migratorio para venezolanos en el país.
Juan Francisco Espinosa, director de Migración Colombia, ofreció detalles de la nueva medida que busca regularizar a más de 900 mil venezolanos además de otorgarles la oportunidad, en el largo plazo (10 años), de ser residentes. | Foto: Migración Colombia.

SEMANA: El país ya tuvo una experiencia de regularización masiva que se hizo en el 2018 con una lógica parecida. Se regularizan todos los que estaban hasta una fecha determinada en el país. Pero después siguieron llegando cientos de miles de personas que quedaron en condición irregular. ¿Qué va a pasar con quienes siguen entrando por las trochas porque los pasos fronterizos siguen cerrados?

J.F.E.: La causa de la migración venezolana no es Colombia ni decisiones colombianas. Los venezolanos huyen por hambre, ausencia de recursos y posibilidades. El salario mínimo venezolano no alcanza ni siquiera para el 1% de la canasta familiar, que tampoco está disponible. Entonces ahora estamos dando un salto cuantitativo frente a las medidas temporales de corto plazo que tomamos antes. Los permisos que dimos antes eran de dos años porque muchos teníamos la esperanza de que Venezuela hiciera una transición a una democracia, pero eso no ha sucedido. Entonces este estatuto, que da un permiso por 10 años a los migrantes, permite estabilizar el fenómeno y generar medidas costo eficientes y de protección humanitaria. Todos los colombianos hemos visto las carreteras con familias enteras de venezolanos sufriendo, entonces esta es nuestra forma de tender la mano y construir una mejor nación. Porque al final del día la caracterización y la regularización de los migrantes puede ser provechoso para la economía y el desarrollo del país.

SEMANA: ¿El Gobierno se dio cuenta de que la crisis de Venezuela y el régimen de Nicolás Maduro no se iba a caer en horas, como lo dijo el presidente Duque?

J.F.E.: Este no es un esfuerzo que es solo de Colombia sino un esfuerzo internacional que lleva mucho tiempo. ¿Cuándo va a cesar la migración venezolana? Cuando se restablezca la democracia en Venezuela. La condición cada día es más dramática y nosotros con una frontera de más de 2.000 kilómetros no podemos cerrar los ojos y tomar decisiones de corto plazo. Este es un salto cuantitativo en el cual no podemos estar solos claramente porque Colombia no es responsable de la migración venezolana y por eso tiene que reforzarse el apoyo de la comunidad internacional.

SEMANA: Usted acaba de mencionar que en el 2018 se sacó un permiso por dos años porque se creía que la situación en Venezuela podía cambiar pronto. E incluso en el 2019 el presidente Duque dijo que a Maduro le quedaban pocas horas en el poder. Hoy estamos sacando un nuevo estatuto que dará permisos por 10 años. ¿El Gobierno se dio cuenta de que la estrategia para que cayera el régimen de Nicolás Maduro no estaba funcionando?

J.F.E.: No. Es un pensamiento lineal del presidente Duque, quien desde el principio ha dicho que debemos tener fortaleza, apoyo y acompañamiento al pueblo migrante venezolano. Tan es así que se tramitó la Ley de apatridia para darles la nacionalidad colombiana a niños de padres venezolanos y ya vamos en más de 50 mil; se ha dado cobertura en educación a más de 400 mil muchachos. El Permiso Especial de Permanencia no surgió en este Gobierno, pero fue una medida bien intencionada de apoyo a seres humanos. En este momento, ojalá dada la presión internacional y el cerco diplomático llegue la democracia a Venezuela, pero en el entretanto tenemos que dar saltos cuantitativos. Este es el tercer TPS en el mundo y, en términos del Alto Comisionado para los Refugiados, es el acto humanitario de mayor trascendencia en las Américas desde los 80.

SEMANA: Una dificultad que tenía Colombia es que el sistema judicial a veces encontraba dificultades para judicializar a algunos criminales venezolanos porque no tenía cómo identificarlos plenamente. ¿Esto se resuelve con la identificación biométrica que se va a implementar?

J.F.E.: La gran mayoría de venezolanos que son personas de bien van a ingresar al estatuto, pero es posible que los delincuentes o quienes tengan cuentas pendientes con la justicia le huyan a la identificación. Pero cuando se capture un extranjero se hace un proceso biométrico de validación de datos y estas personas, por las buenas o por las malas, terminarán en los registros. Lo cierto es que la criminalidad en Colombia no se explica por los venezolanos, pero vamos a perseguir duro a quien sí sea criminal. Nosotros tendemos la mano, pero el pueblo venezolano tiene que responder con legalidad y buen comportamiento. Para quien delinca, su mayor problema no va a ser la expulsión sino la judicialización y estar tras las rejas en una cárcel en Colombia.

SEMANA: ¿Ya tienen un cálculo de cuánto va a costar esta medida en términos logísticos y al sistema de protección social para atender a esta población?

J.F.E.: Hoy en día los migrantes nos valen un poco más de 1.500 millones de dólares al año. Este no es un proyecto para migrantes que lleguen a territorio nacional, sino para una realidad que ya tenemos y que nos cuesta. Decimos que es costo eficiente porque, por ejemplo, a los migrantes irregulares los atendemos en el sistema de salud solo por urgencias. Pero la tarifa de urgencia es la más alta; en cambio, con el Estatuto todos entran al sistema de seguridad social en salud y eso automáticamente baja la tarifa de atención y permite las actividades de prevención y promoción en salud que a largo plazo también ahorran recursos al sistema. Además, la idea es que como podrán trabajar formalmente puedan afiliarse al régimen contributivo y empezar a aportar a las finanzas estatales.