“Lo estudiaremos para tomar decisiones legales y políticas”: Fajardo se pronunció sobre fallo de la Contraloría

Sergio Fajardo, precandidato presidencial, reaccionó después de que la Contraloría General de la República confirmara, en segunda instancia, su responsabilidad fiscal en irregularidades en el proyecto hidroeléctrico Hidroituango. De acuerdo con el documento, el exgobernador de Antioquia, junto a su equipo legal, estudiará las 2.106 páginas del fallo para tomar “las decisiones legales y políticas correspondientes”.

En el mismo mensaje, que difundió por sus redes sociales, agradeció a quienes lo apoyan y aseguró no tener claras cuáles son las consecuencias de la ratificación de la responsabilidad fiscal. “Una vez tengamos claridad sobre las implicaciones de esta decisión, convocaremos una rueda de prensa para informar sobre los pasos que tomaremos”, agregó.

Finalizó con un mensaje, en torno a los valores con los que el precandidato se autodefine: “La verdad y la decencia siempre salen adelante aunque a veces se demoren. Colombia va a cambiar”, concluyó, firmando al pie.

En la mañana de este viernes, se conoció que, en segunda instancia, la Contraloría dejó en firme el fallo con responsabilidad fiscal por $4,3 billones en el caso Hidroituango. En este, se ratificó la responsabilidad de 26 personas entre naturales y jurídicas. Entre ellas, el exgobernador de Antioquia, Sergio Fajardo.

La Contraloría General ratifica el fallo a título de “culpa grave”. Es decir, confirma la decisión que había tomado en septiembre de este año, cuando vinculó a dichos actores de la obra hidroeléctrica.

Según el auto emitido por la Contraloría General, hay una confirmación del efecto del daño causado, por lo cual, establece las cifras que tendrán que pagarse por: “destrucción del valor de la inversión por mayores valores injustificados: $ 3,1 billones. Lucro cesante: $ 1,1 billones”. Es decir, la cifra total queda en $ 4,3 billones.

Lo que dijo el abogado de Sergio Fajardo

Mauricio Pava, apoderado del exgobernador de Antioquia, habló con SEMANA sobre el tema y dijo que ahora sí “están complacidos de que jueces reales revisen la legalidad de lo que hizo la Contraloría”, refiriéndose a que el fallo emitido por el ente fiscalizador aún no tiene efectos jurídicos hasta que el Consejo de Estado revise la legalidad del fallo y la actuación. Calcula que este nuevo tramite se tomará su tiempo, pudiendo tardarse aproximadamente siete meses.

De la misma manera, manifestó que la defensa de Fajardo siente tranquilidad, también señala que era una decisión que esperaban, debido a que según él la Contraloría lo había anticipado desde antes de iniciar las investigaciones.

“Lo que me parece un poco desconcertante es que las realidades son importantes pero las apariencias también, ¿cómo confiar en la actuación de la Contraloría y su respeto a la ley? Si desde septiembre apenas emitió el fallo que suspendía la actuación, la que reinició el 23 de noviembre y en dos días revisó supuestamente 26 apelaciones y 5.300 páginas. Si no fuera algo tan serio para el país y para las personas involucradas, sería como un chiste”, manifestó.

Finalmente, advirtió que cuando el poder opera así, las democracias mueren, y agregó que “por fortuna en Colombia las instituciones judiciales que van a entrar a revisar la legalidad han permitido que conservemos la democracia”.

Indicó que hasta el momento no ha tenido contactó con el exgobernador, pues está revisando las 2.000 páginas del fallo y de manera sarcástica dijo que no cuenta con la misma agilidad de la Contraloría para hacerlo. Manifestó que hay varias acciones en curso, entre ellas, unas presentadas ante la ONU, otras frente a la oficina de independencia judicial y demás que se adelantan.

Cabe recordar que según Pava, la Contraloría no tuvo en cuenta las pruebas aportadas por la defensa de Fajardo. Asegurando que han solicitado en diferentes oportunidades que tengan en cuenta la versión de la junta de asesores frente al acompañamiento sobre la decisión del tercer túnel. “Dicen que la junta no acompañó, pero eso es contraevidente con los documentos mismos”, explica para argumentar que lo más sensato sea que la junta de asesores hable, pero denuncia que “en la Contraloría no han querido oírlos”.