Nación
Lo que faltaba, ahora los préstamos gota a gota son virtuales. Fiscalía desarticuló a una banda con más de 1.300 víctimas
Paralelo al proceso penal, fueron ocupados con fines de extinción de dominio bienes avaluados en más de 2.100 millones de pesos.
Los prestamos gota a gota son el terror de las economías informales. Plata con altísimos intereses, que debe ser pagada incluso con anticipación y, en caso de que el deudo se cuelgue o tenga problemas para cumplir con las cuotas diarias, los mecanismos de cobro son la violencia, la intimidación y las amenazas. Ahora, por si fuera poco, estos préstamos se están haciendo de manera virtual. La Fiscalía acaba de desarticular una banda dedicada a estos delitos.
“El trabajo investigativo articulado del CTI y la Policía Nacional permitió establecer que la organización delictiva, al parecer, desarrollaba aplicaciones para realizar préstamos exprés y posteriormente cobraba el dinero de manera sistemática en medio de amenazas de muerte y extorsiones”, informaron desde la Fiscalía.
El asunto requería un desarrollo tecnológico, pues al acceder a los créditos y condiciones y darle aceptar en la aplicación, la persona quedaba a merced de los criminales, su información personal, fotos, chats y hasta teléfonos de sus familiares quedaban en manos de los despiadados prestamistas.
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De este modo, las amenazas cambiaban, de los golpes e intimidaciones en las calles, hacían uso de fotos comprometedoras, diálogos privados complejos y hasta llamadas a los familiares para cobrar el dinero.
“Los elementos de prueba indican que tan pronto un ciudadano descargaba el aplicativo en el celular y solicitaba un primer desembolso, permitía que el grupo ilegal accediera a sus datos personales y contactos”, explicaron desde la Fiscalía el modo de operar de la banda.
El negocio era redondo y las víctimas no encontraban la forma de salir de estos préstamos que terminaban convirtiéndose en extorsiones sin fin. Su forma de operar, según la Fiscalía, era que el dinero era prestado por un término inicial de tres meses. Sin embargo, las víctimas eran llamadas al séptimo día del plazo previsto y notificadas de que se le prorrogaría el tiempo siete días más si no pagaban inmediatamente la totalidad deuda. Esto obligaba a los afectados a solicitar la suma exigida en otra aplicación que también sería controlada por la misma organización criminal.
Y ahí empezaba la tragedia: “los deudores nunca se ponían al día. A sus teléfonos, correos y redes sociales llegaban intimidaciones para obligarlos a pagar, muchas de estas iban acompañadas de fotografías y videos de personas desmembradas, groserías y señalamientos injuriosos”, explican desde la Fiscalía.
En operación realizada de manera simultánea en Bogotá, Mosquera (Cundinamarca) y Medellín (Antioquia) se realizaron 8 diligencias de allanamiento y registro; además, fueron capturados nueve presuntos integrantes de esta estructura delincuencial, entre ellos la ciudadana china Jia Guo, quien sería la cabecilla principal.
Las personas detenidas estarían involucradas en múltiples eventos ocurridos desde 2021, que a la fecha dejan 1.300 víctimas. Un fiscal de la Dirección Especializada contra los Delitos Informáticos les imputó, de acuerdo con su posible responsabilidad en los hechos, los delitos de concierto para delinquir agravado, lavado de activos, violación de datos personales, acceso abusivo a un sistema informático y extorsión agravada.
Por disposición de un juez de control de garantías, Jia Guo, Pauth Euridice Rincón, Jhon Edwar Díaz Martínez y Jhan Andrés Rada Pérez deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario. De otra parte, Luisa María Calderón Aguilera y Johana Rocío Romero Gutiérrez permanecerán privadas de la libertad en su lugar de residencia. Tres personas más seguirán vinculadas a la investigación.
La Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio impuso medidas cautelares de embargo y secuestro sobre 12 establecimientos de comercio y 2 vehículos, que habrían sido adquiridos con dineros producto del denominado ‘gota a gota virtual’. Los bienes, avaluados en 2.111 millones de pesos quedaron a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para su administración.
