El colmo: demandan a Rodolfo Hernández por financiar la campaña política de su propio bolsillo

A cinco días de las elecciones presidenciales, el candidato Rodolfo Hernández sigue sumando adversarios que están haciendo hasta lo imposible con tal de frenar su carrera por la Casa de Nariño.

Este miércoles, los abogados vallecaucanos Indemaro Luján Lozada y Óscar Fuentes Fernández decidieron demandar al ingeniero santandereano porque financió su campaña presidencial con dinero de su propio bolsillo.

En otras palabras, los dos juristas argumentaron que como Hernández actualmente está imputado en un proceso por supuesta corrupción porque, al parecer, favoreció una licitación de las basuras cuando fue alcalde de Bucaramanga, la ley le prohíbe utilizar sus recursos propios para financiar campañas políticas.

“Al él estar imputado y acusado dentro de ese proceso penal, se ve inmerso en este tipo penal. Debido a esta circunstancia hacemos la claridad, se hizo la respectiva denuncia ante la Fiscalía y ya quedó debidamente radicada. También se remitió dicha denuncia al Consejo Nacional Electoral y la Procuraduría”, manifestó Indemaro Luján.

Los abogados tienen como prueba principal contra Hernández que él, en repetidas oportunidades, le ha confesado a la prensa que financió su campaña a la Presidencia con sus propios recursos económicos y que no necesitó de inversionistas o préstamos de partidos políticos.

La recolección de firmas, con las que Hernández validó su inscripción como candidato independiente ante la Registraduría, también fue financiada con su propio dinero.

SEMANA conoció que los abogados están argumentando su demanda en la Ley estatutaria 1475 del 14 de julio de 2022, específicamente en su artículo 27, que prohíbe la financiación de campañas “a las personas naturales contra las cuales se hubiere formulado acusación o imputación en un proceso penal por delitos relacionados con la financiación, pertenencia o promoción de grupos armados ilegales, narcotráfico, delitos contra la administración pública, contra los mecanismos de participación democrática y de lesa humanidad”.

También se remitieron al Código Penal en su artículo 396A, numeral 14, que habla de la financiación de las campañas con fuentes prohibidas que dice que el gerente de la campaña electoral que permita en ella la consecución de bienes provenientes de fuentes prohibidas por la ley para financiar campañas electorales, incurrirá en prisión de 4 a 8 años y una multa de 400 a 1.200 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

“Como quiera que la comunicación del escrito de acusación es una diligencia personal en la que participó el referido candidato y su apoderado, podemos concluir que tiene el conocimiento de la calidad de imputado y la etapa procesal en la que se encuentra su investigación”, se lee en la demanda.

Aunque el oficio ya fue radicado, su estudio seguramente se extenderá durante meses y la justicia deberá determinar después del 19 de julio si existió responsabilidad del hoy candidato presidencial en el escándalo de Vitalogic.

Cabe recordar que aunque la investigación saltó a los ojos de la prensa, el contrato entre la Alcaldía de Bucaramanga y Vitalogic al final no se dio tras las denuncias y el ruido que surgió en medio de la licitación pública.