Lo que faltaba: descubren narco-zombis

José Berley Guarín Loaiza, alias el Ilustre, estuvo en el radar de las autoridades desde 2010 como el jefe de una poderosa organización que durante una década movió droga para el cartel de Sinaloa; hasta que consiguió esfumarse.

Su dossier se volvió público en 2014 cuando un fiscal federal para el Distrito Sur de Florida lo acusó por transportar cocaína en lanchas rápidas desde las costas colombianas y de Venezuela hacia Centroamérica. Un año después apareció en la Lista Clinton, junto a tres de sus empresas en Panamá y cuatro de sus socios en Colombia. Uno de estos fue extraditado y condenado en 2017 después de negociar con Estados Unidos.

Las autoridades seguían de cerca el rastro de Guarín Loaiza hasta el 13 de diciembre del 2019, cuando quedó registrado su deceso en una registraduría de Barranquilla. Según ese reporte oficial el narco falleció por un paro cardiorrespiratorio, cáncer de páncreas, metástasis pulmonar y cerebral, además de diabetes tipo 2.

Dos capos en el radar de Estados Unidos consiguieron desaparecer del sistema registral por medio de falsos certificados de defunción. Uno de ellos fue capturado: Miguel Antonio Meneses dirigía una banda aliada al ELN.  

De ese modo, este supuesto muerto anduvo por las calles desaparecido del radar de las autoridades, hasta que su nombre saltó en una sensible investigación para determinar cómo poderosos mafiosos consiguieron desaparecer, por deceso, de la base de datos oficial en Colombia.

La Registraduría, alertada por este y otro caso similar en la costa, comenzó a contrastar los registros de fallecidos con la base de datos de sindicados que tiene la Fiscalía. Se trata de 15.109.000 cédulas de personas que presuntamente cometieron delitos en el país. Ahora, una segunda fase entrará a determinar si algunos de estos peligrosos criminales encontraron cómo hacerse los muertos o realmente lo están.

¿Cómo consiguieron enterrar su verdadera identidad? La búsqueda comenzó cuando la Dijín, apoyada en una investigación con la DEA, capturó a Miguel Antonio Meneses, alias el Ingeniero, un antiguo capo que produjo cocaína para el cartel de Medellín. Descubrieron con sorpresa que este narco fue detenido el 4 de mayo en una finca en Alcalá, en el Valle del Cauca, a pesar de que un certificado de defunción acredita su fallecimiento el 11 de abril de 2019 por muerte natural.

Según documentos en poder de SEMANA, un supuesto médico de nombre Guillermo Enrique Reyes Pérez, graduado de la Universidad Cooperativa de Santa Marta, habría dado el parte de que el buscado capo murió en su casa en el barrio Siape de Barranquilla. Un hombre llamado Alfonso Javier Monterrosa Cabarcas radicó el certificado en la sede de la registraduría de Villa Country, en la capital del Atlántico.

Ya muerto según el certificado, continuó con su actividad criminal muy viva. Estaba en el negocio de envío de cocaína hacia Centroamérica con el frente Manuel Vásquez Castaño, del ELN. Encabezaba una organización llamada La H, que azota a los indígenas en las montañas del Cauca. Cuando las autoridades lo detuvieron confirmaron que era el mismo capo al que una corte de Dallas, Texas, había acusado por narcotráfico y financiación del terrorismo.

Este caso no pasó inadvertido para la Embajada de Estados Unidos, que de inmediato inició consultas con la Registraduría y la Fiscalía, y ahora colabora en la investigación para establecer si detrás de estos casos hay una mafia que desaparece misteriosamente a peligrosos criminales.

El embajador de Estados Unidos en Colombia, Philip Goldberg, manifestó, por medio de sus delegados, su preocupación por las falsas defunciones. 

“Creemos que detrás de estos casos puede haber un ‘modus operandi’ de narcotraficantes para burlar la Justicia con la supuesta muerte y así también esquivar los requerimientos de las autoridades norteamericanas, antes de que se formalicen sus pedidos de extradición en Colombia”, explica el registrador nacional, Alexánder Vega, quien entregó estos hallazgos a la Fiscalía.

En los dos casos detectados hasta ahora hay varias coincidencias que llaman la atención. La primera, que el mismo hombre denunció ambas defunciones: Alfonso Javier Monterrosa Cabarcas. Quien reporta una muerte en una Registraduría no tiene obligación de demostrar ningún vínculo familiar o personal con el difunto, pero Monterrosa Cabarcas despierta interés de los investigadores. El hombre tiene antecedentes de varios procesos por falsedad y lo detuvieron en 2014 cuando había intentado sacar 250 millones de pesos de una cuenta bancaria con una cédula falsa.

Además, el hombre radicó ambas defunciones ante la funcionaria María Elena Miranda Roncancio, de la Registraduría de Villa Country, en Barranquilla. Esta sede cerró sus puertas por orden de la Registraduría Nacional mientras investiga si existe complicidad de algún funcionario con los capos.

El fiscal general, Francisco Barbosa, entregó el listado de 15.169.197 personas sindicadas en Colombia. La Registraduría verificará si existe un modus operandi de los criminales para evadir la Justicia.

Para registrar un certificado de defunción el documento debe venir firmado del médico tratante, con copia de su cédula y tarjeta profesional. En el caso del certificado de Guarín Loaiza, venía firmado por el médico Francisco Rafael Daza Pérez. Consultado por SEMANA, aseguró que su especialidad es la cirugía plástica y que no firma un certificado de defunción desde 2012, cuando ejercía como médico general. Afirmó que el documento es falso, entre otras, porque la información consignada en el registro no corresponde a la realidad, ya que nunca ha vivido en Barranquilla y su número celular no es el que allí se indica. El galeno interpuso una denuncia penal por lo que considera un caso de suplantación de identidad.

Esta revista intentó comunicarse con Guillermo Enrique Reyes, el supuesto médico que aparece como firmante del certificado de defunción de Miguel Antonio Meneses, pero no fue posible ubicarlo. La Registraduría adelantará una reforma encaminada a cubrir varios frentes relacionados al registro civil, uno de ellos tiene que ver con los certificados de defunción. Se buscará que la red hospitalaria reporte directamente la defunción a las registradurías del país. Todo para que ciertos ‘muertos’ no sigan de parranda.