“Lo que hay contra Drummond es un cartel de falsos testigos”: dura respuesta de la multinacional a testimonio de exparamilitar ante la JEP

La reconocida compañía Drummond salió en defensa propia y respondió a la declaración que el exparamiltar Jairo de Jesús Charris, conocido con el alias de Viejo Miguel, le dio a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), según la cual los hechos que rodearon el asesinato de tres sindicalistas de la multinacional Drummond, hace ya más de 20 años tuvo como protagonista y ordenador a la multinacional.

De manera reiterada, alias Viejo Miguel, señaló que estos asesinatos fueron ordenados directamente por Gary Drummond, dueño de la multinacional; así como por el presidente de la empresa en Colombia, Augusto Jiménez Mejía, y el expresidente mundial de la misma, Mike Tracy. Estos crímenes fueron ejecutados por el Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) con los que la Drummond tenía una relación desde hace varios años.

En un comunicado de tres páginas, la compañía desmintió los señalamientos advirtiendo: “Lo que hay contra Drummond Ltd. es un cartel de falsos testigos, promovido por abogados estadounidenses y colombianos, que pretendían enriquecerse demandando a la compañía en Estados Unidos, pero no lo lograron. Lo que sí han logrado es que esos paramilitares repitan sus mentiras ante la Fiscalía, y ahora ante la JEP”.

Y señala que Jairo de Jesús Charris miente “al señalar a Drummond Ltd. y a sus directivos de tener relación con homicidios perpetrados por las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Miente para beneficiarse a sí mismo. Primero, recibió pagos sustanciales de abogados que intentaban ganar dinero en una demanda en los Estados Unidos”.

La compañía advierte que el juez de EE.UU. que revisó la evidencia de esos pagos encontró que podían calificarse como “soborno de testigos y perjurio por soborno”. Ahora, señalan, “Charris está contándole sus mentiras a la JEP para que le conceda la libertad. Charris trató de extorsionar a Drummond, y, a raíz de la denuncia que se interpuso por esos hechos y la colaboración que se le brindó a la Fiscalía, las autoridades pudieron encontrar a Charris en el lugar en que se ocultaba, y, de esa forma, fue capturado. Es evidente entonces la esperable animadversión y deseo de revancha de este sujeto contra Drummond Ltd. y sus directivos”.

“Los abogados que realizaron los pagos a Charris pretendían ganar las demandas que interpusieron en Estados Unidos contra Drummond Ltd. Sin embargo, el resultado no fue el esperado, ya que los jurados y jueces estadounidenses no han creído sus falsas afirmaciones y las han desestimado en todos los juicios.  Las pruebas incluyen correos electrónicos, comprobantes de transferencias bancarias realizadas periódicamente durante más de tres años y medio a Charris y su familia, por valores que oscilan entre un millón y medio y tres millones de pesos. Charris y su familia recibieron más de 60 millones de pesos”, explican.

Las órdenes, según el testimonio del jefe paramilitar alias Viejo Miguel, se dieron porque las directivas consideraban que los integrantes del sindicato eran guerrilleros de las Farc y estaban ayudando a este grupo subversivo en acciones contra los trenes que transportaban el carbón hacía Santa Marta. El exparamiltar aseguró que las órdenes eran claras y directas para acabar con la vida de los sindicalistas y que él mismo estuvo en los encuentros en los que se coordinó todo.

Para su ejecución fue clave la labor de Jaime Blanco Maya, un contratista de la multinacional y quien era el “enlace” de la Drummond con el Bloque Norte. Tras las preguntas de los magistrados, alias Viejo Miguel -quien se comprometió a contar toda la verdad en su sometimiento como tercero civil- entregó detalles sobre las reuniones y encuentros en los que se acordó a acabar la vida de los sindicalistas Valmore Locarro y Víctor Orcasita, presidente y vicepresidente, respectivamente, de Sintraminergética.

En el comunicado, la compañía deja claro que no tiene ni ha tenido vínculo alguno con organizaciones al margen de la ley, independientemente de su origen.

“Desde el inicio de sus operaciones en Colombia, a finales de la década de los 80, la compañía se ha ceñido a las leyes que rigen el país, y ha adoptado los Principios Voluntarios en Seguridad y Derechos Humanos, así como los Principios Rectores de las Naciones Unidas en Empresa y Derechos Humanos. La compañía continuará colaborando con las autoridades en el desarrollo de las investigaciones que se adelantan, demostrando su inocencia como compañía y la de sus ejecutivos ante las acusaciones anteriormente referidas”, concluyen.

Más del testimonio del exparamilitar

Frente al caso de Gustavo Soler, quien era presidente del sindicato, alias Viejo Miguel aseguró que participaron Alfredo Araújo, exgobernador del Cesar y quien trabajaba como jefe de relaciones públicas de la Drummond; así como James Atkis, jefe de seguridad de la multinacional para el año 2001.

Como parte de su compromiso a contar la verdad, el exparamiltar explicó cómo fue la financiación de la Drummond al Bloque Norte de las AUC y el compromiso que tenían las dos partes. En este punto apareció nuevamente el nombre de Jaime Blanco Maya de mover los dineros para que llegaran a las arcas de las AUC.

Con esta información, la JEP valorará el ingreso de Jairo Jesús Charris Castro, quien actualmente cumple una condena por su participación directa en el crimen de los sindicalistas.

Charris Castro fue capturado en julio de 2008 en medio de un operativo conjunto adelantado por el CTI de la Fiscalía y la Dijín de la Policía, en Bogotá. Un año después fue llamado a juicio por los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir.

En el escrito de acusación emitido por la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General se advierte que el crimen de Lacarno y Orcasita fue ordenado por los jefes paramilitares Rodrigo Tovar, alias Jorge 40, y Óscar José Ospino Pacheco, alias Tolemaida.