Lo que se sabe en Colombia de las tierras para la reforma agraria de Petro

Si hay algo que a los gobiernos en Colombia parece haberles quedado grande es la tarea de ordenar la casa en materia de tierras, pese a que muchos estudios afirman que es el origen de gran parte de los problemas de esta nación.

Del ‘croquis’ actualizado de las tierras depende la producción agrícola, la legalidad, el ordenamiento, las finanzas territoriales, la seguridad alimentaria y hasta la paz y la justicia. No en vano, varios historiadores aseguran que el caldo de cultivo para la formación de la guerrilla, el narcotráfico, la compraventa ilegal de tierras y, en general, la violencia, ha sido la alta concentración de la propiedad, con la cual se desencadena una serie de ineficiencias que van desde el poco recaudo tributario en las regiones hasta el desaprovechamiento del suelo.

Desde la campaña del electo presidente Gustavo Petro se habló de reforma agraria, por lo que el tema de la tierra ha cobrado protagonismo en los empalmes entre el Gobierno saliente y el entrante, y esta semana motivó algunas fricciones, en parte, tras declaraciones del actual director del Dane, Juan Daniel Oviedo, acerca de presuntas medidas que pueden poner en riesgo la meta de hacer el catastro multipropósito, herramienta clave para entrar en el alma del asunto.

Medidas anunciadas

Poner impuestos a los latifundios, redistribuir la tierra, incentivar la siembra en suelos que no se están utilizando para su vocación agrícola, formalizar predios, recuperar y adjudicar baldíos, así como avanzar en reemplazar la dependencia de sectores como la minería y el petróleo, son algunas de las ideas que se le han escuchado a la administración que tomará las riendas este 7 de agosto. Y no se trata de propuestas nuevas.

El catastro existe desde los años treinta, cuando su fin era recaudar el impuesto predial. En 1935 se creó el Igac (Instituto Geográfico Agustín Codazzi) y, entre otras funciones, se encargó de identificar y medir predios, lo que ha sido usado en la gestión fiscal y la definición de los derechos de propiedad. También, desde ese año, cuatro regiones colombianas (Antioquia, Medellín, Cali y Bogotá) tienen un catastro descentralizado y son las de mayores rendimientos en ingresos.

En el resto de ciudades la evolución de la actualización catastral no se ha dado con la misma celeridad. Tanto así que, en 2019, el 66 por ciento del territorio tenía información catastral desactualizada; el 28 por ciento ni siquiera estaba formado catastralmente y solo el 6 por ciento estaba al día. Para ese momento, el mayor caos se veía en las zonas rurales, algo que no se ha superado aún. Justamente es en el campo donde hay tierras que ahora son balnearios o fincas de recreo, pero que tienen impuestos ínfimos, con avalúos desactualizados desde hace diez y hasta 26 años.

Actualizar es caro. El Igac lo hacía, pero con pocos recursos. Así, el país acumuló un mundo de problemas derivados de la falta de información. Apareció entonces en escena el catastro multipropósito.

En 2016, cuando ya estaba firmado el proceso de paz, que tenía como primer punto del acuerdo el acceso y uso de la tierra, se hundió el acelerador. El entonces director del Igac, Juan Antonio Nieto, fue uno de los gestores del catastro multipropósito y del primer Conpes que introdujo esa herramienta como política pública y con metas cuantificables.

En un segundo Conpes, expedido ya en el Gobierno de Iván Duque, se habló de llegar al 60 por ciento en 2022 y de ciento por ciento en 2025. Hasta ese momento ya se conocían ciertas verdades, como la que dice que hay 26 millones de hectáreas con posibilidad productiva, tanto en lo agrícola como en lo pecuario y forestal, y solo se produce en 6,3 millones de hectáreas.

De los suelos agrícolas, que son 11,3 millones de hectáreas, se aprovecha el 35 por ciento. Ocho millones de hectáreas tienen vocación ganadera, pero a ello se dedican 38 millones de hectáreas. Las consecuencias han sido de todo tipo.

Efectos que a veces no se les ve el origen

Por ejemplo, este es un país que, en mayo, importó casi 1.000 millones de dólares en productos agropecuarios, alimentos y bebidas, porque no tiene suficiente producción local, lo que, en parte, explica los altos precios de los productos de la canasta familiar, y amenaza su soberanía alimentaria.De los datos que se conocen, hay 67 millones de hectáreas que son bosques; 2 millones son cuerpos de agua y 332.000 constituyen la zona urbana.

El territorio perteneciente a las comunidades indígenas y afro equivale al 46,7 por ciento del total de la tierra, según anotó el excongresista César Lorduy en una reciente columna de opinión, en la que agregó que “por cierto, esas tierras están exoneradas de cualquier obligación tributaria”.

Los recientes reportes de avance del catastro multipropósito dan cuenta de que va en el 40 por ciento, pero algunos mapeos muestran un fuerte rezago, principalmente en áreas rurales.

No obstante, Jhon Fredy González, subdirector de gestión catastral del Igac, dice que el avance se ha dado y que uno de los resultados encontrados es que en los municipios intervenidos hay un incremento del 20,3 por ciento –en promedio– de predios en la zona urbana.

José Leibovich, investigador y conocedor de temas agropecuarios, expresa que ve avances en el análisis de la vocación de la tierra y en que ya se sabe en qué se está usando. “Hay mucha tierra con vocación agrícola que se usa en ganadería extensiva.

El catastro multipropósito es fundamental para valorar correctamente la tierra y se requiere que los títulos de propiedad sean claros. Si esa tarea se hace bien, se puede dinamizar el mercado de tierras y los municipios pueden cobrar el impuesto predial para financiar su desarrollo”.

El tema es tan crucial que en el empalme han surgido polémicas. El director del Dane criticó la intención del nuevo Gobierno de echar atrás parte del camino recorrido, concentrando la tarea en el Igac, después de que el país ya avanzó en habilitar a más de 40 gestores catastrales para hacer más rápido el catastro multipropósito.

En la mitad también está la financiación, pues desde el primer Conpes emitido para este tema se mencionó la cifra de 2,6 billones de pesos que serían necesarios, entre 2016 y 2023, para tener completa la información real. Durante el empalme, Oviedo advirtió que se cuestionó la creación de un patrimonio autónomo para cofinanciar el costo de la herramienta con participación de los municipios e, incluso, con el sector privado.

Para Diego Carrero, vocero del equipo de Petro, en ningún momento plantearon acabar con los gestores catastrales y sobre el patrimonio autónomo la expresión utilizada fue “necesitamos revisar el tema”. Agregó que, de lo hallado hasta el momento, les preocupa la alta rotación de personal en el Igac, producto quizás de condiciones laborales que no son competitivas frente a entidades similares.

Lo cierto es que, en materia de tierras, Colombia tiene una mina sin explotar para la agricultura. Pasan los años y se está dejando que esa mina se convierta en un socavón, como lo confirman las cifras de 2021, cuando el PIB fue de 1.064 billones de pesos y el sector agropecuario aportó solo 87 billones, equivalentes al 8,2 por ciento, mientras que en los años sesenta esa rama ponía el 23 por ciento. Entonces, ¿es o no prioritario conocer la tierra?.