Lo último: a juicio tres empresarios involucrados en escándalo de Centros Poblados, ¿de quiénes se trata?

La Fiscalía General de la Nación radicó, de manera formal, el escrito de acusación contra tres de los supuestos involucrados en el entramado de corrupción detectado para quedarse con los recursos del contrato 1043 de 2020, suscrito entre el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) y la Unión Temporal Centros Poblados para llevar el servicio de internet a escuelas rurales del país.

En este caso, el documento indica que los empresarios Ottomar Lascarro Torres y Juan Carlos Cáceres, y el representante de Rave agencia de seguros, Juan José Laverde, “serían responsables de los delitos de peculado por apropiación, enriquecimiento ilícito, falsedad ideológica en documento privado y fraude procesal”.

Advierte la Fiscalía que, de acuerdo con el material de prueba, estas personas, al parecer, “participaron en la constitución ilegal de la unión temporal Centros Poblados y en la presentación de pólizas falsas para que les fuera entregado el millonario contrato; además, hicieron incurrir en error a los funcionarios de MinTIC y destinaron parte del anticipo para cubrir actividades que no correspondían al objeto contractual”.

El hallazgo es realmente escandaloso. De los 70.000 millones de pesos, algunos dineros habrían sido entregados a los representantes de las empresas que prestaron sus nombres y experiencia para constituir la unión temporal Centros Poblados, pagar honorarios de abogados y dádivas a intermediarios, y comprar obras de arte, vehículos de gama alta, apartamentos, pasajes aéreos, entre otros gastos personales.

Dicha advertencia la hizo una fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción.

Cabe recordar que, para recuperar el dinero y con el fin de adelantar los procesos legales correspondientes, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones rematará el primero de los bienes de ICM Ingenieros S.A.S., integrante de la Unión Temporal Centros Poblados.

Se trata de un bien inmueble que se encuentra ubicado en la zona industrial del municipio de Mosquera, vereda Balsillas, aproximadamente a 25 minutos desde el parque principal del municipio. El predio tiene un área de 52.932 metros cuadrados, cuenta con caseta de entrada, báscula de pesaje, oficinas, cocina, laboratorios, baños, hangares y bodegas. Además, se encuentra ubicado a lado y lado de canteras de extracción de material de construcción.

¿Cómo se elaboraron las pólizas falsas?

En mayo de este año, la jueza 18 de control de garantías legalizó la captura de Jorge Enrique López Benavides, otro de los principales implicados en la polémica licitación convocada por el Ministerio de las Tecnologías de la Comunicación y de la Información (MinTIC), para el contrato 1043 que se celebró en noviembre de 2020, el cual tenía como objetivo la construcción de 7.277 centros educativos virtuales en los departamentos de Amazonas, Arauca, Bogotá, Bolívar, Boyacá, Casanare, Cauca, Chocó, Cundinamarca, Magdalena, Nariño, Putumayo, Quindío, Risaralda, Valle del Cauca y Vichada.

En la licitación, la Unión Temporal Centros Poblados (conformada por las empresas ICM Ingenieros, Intec de la Costa y Omega Buildings Constructora) presentó, como soporte, pólizas de seguros emitidas por el Banco Itaú con el fin de darle soporte y respuesta a los riesgos del contrato avaluado en un billón de pesos.

Sin embargo, poco tiempo después, ante las demoras en la instalación de los centros virtuales, el Banco Itaú le informó al Ministerio de las TIC que “No había expedido ninguna de las pólizas”, situación que motivó a que se convocará una revocatoria del billonario contrato. Para ese entonces, la Unión Temporal ya había recibido 70 mil millones de pesos para la compra de equipos.

Detrás de la elaboración de estas pólizas falsas estaba López Benavides, quien fue contactado por los empresarios Emilio Tapia y Juan José Laverde, quienes sabían de la trayectoria y experiencia que tenía este hombre en la realización fraudulenta de este tipo de documentos.

En la imputación de cargos se señaló que los integrantes de esta Unión Temporal sabían que con esta póliza iban a resultar favorecidos con el billonario contrato y emplearon todas las estrategias para falsificarla. Esto debido a que tenían muy presente que no iban a recibir el aval de ningún banco por la falta de experiencia de los empresarios y el monto del contrato base.

“Sabían que ninguna aseguradora al analizar las capacidades de las empresas y el riesgo del proyecto les expediría esas pólizas. Luis Fernando Duque Torres como representante legal de la Unión Temporal se encargó junto con Juan José Laverde y Emilio José Tapia Aldana de obtener la garantía falsa, firmarla y entregada para que fuera cargada en el sistema con el fin de dar inicio al contrato”, explicó.